Fernando Rey Martínez.
Catedrático de Derecho Constitucional,Universidad de Valladolid. Vocal del Consejo Consultivo de Castilla y León, director del Comité Técnico del II Plan Nacional de Derechos Humanos.
Ciertos hechos, recientes y no tanto, están poniendo críticamente en cuestión la forma territorial española, el Estado autonómico, hasta el punto de discutir su propia pervivencia. En el barómetro del CIS de noviembre de 2012 las contestaciones a la pregunta sobre las fórmulas preferidas sobre la organización territorial del Estado son indicativas del estado de la cuestión: el 32.5% optaría por un Estado con Comunidades Autónomas como las actuales; el 24.9%, por suprimirlas; el 12.4% por un modelo en el que las Comunidades dispusieran de mayor autonomía que en la actualidad y el 9.9%, por un Estado en el que se reconociera a las Comunidades la posibilidad de convertirse en Estados independientes.
Sorprende de estos datos la enorme dispersión de planteamientos: la opción de mantener el modelo como está es la opción claramente favorita de la mayoría (casi uno de cada tres encuestados), pero no muy lejos se halla la tesis de la supresión de las Comunidades Autónomas (casi uno de cada cuatro encuestados) y, si sumamos las opiniones a favor de la ampliación del autogobierno y de la independencia se alcanza una cifra menor, pero significativa, y tampoco demasiado lejana respecto de las anteriores (22.3%). Esto es, tres modelos territoriales radicalmente diferentes concitan apoyos en proporciones comparables. Después de treinta y cuatro años de existencia de Estado Autonómico no puede sostenerse que la fórmula se halle plenamente consolidada ante la opinión pública.
Pero es todavía más sorprendente, en mi opinión, que, a esta fecha, casi uno de cada cuatro encuestados opte por el regreso a un Estado unitario como mejor solución. El avance social y político del independentismo en Cataluña a partir de los sucesos de septiembre deja en la penumbra la tesis contraria (un Estado unitario sin autonomías políticas), que, sin embargo, va cobrando una inusitada potencia, impensable tan sólo hace unas fechas.
La crisis está alimentando el Independentismo y el unionismo
El factor clave que está alimentando tanto la posición de nostalgia unionista como la de utopía independentista es la crisis económico-financiera que lleva triturando el país desde hace cinco años y que no tiene visos de pronta ni fácil solución. En efecto, es la crisis (junto con una baza electoral mal jugada desde una incorrecta lectura política de la masiva manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 2012) la que explica el giro independentista del gobierno catalán de CiU, a partir de su demanda de equiparación de este territorio con el sistema fiscal vasco/navarro de concierto o convenio y su petición de asistencia estatal por vía del Fondo de Liquidez Autonómico. No es casual que el gobierno catalán hubiera solicitado al central un crédito de 5.023 millones de euros el 28 de agosto, es decir, tan sólo catorce días antes de la histórica manifestación de Barcelona. Más tarde, el 11 de octubre, ha pedido 410 millones más. Obviamente, las condiciones de devolución del préstamo limitan aún más la ya de por sí reducida capacidad de gasto actual del gobierno autonómico. La idea del "expolio fiscal" al que supuestamente somete Madrid a Cataluña ha sido el detonante de la explosión independentista.
Desde el punto de vista diametralmente opuesto, la tesis de un Estado con un único gobierno central sin autonomías también ha ganado posiciones a consecuencia de la crisis económica. En amplios sectores de la opinión pública y también publicada, se ha convertido a las Comunidades Autónomas en las principales culpables de dicha crisis por el despilfarro, la corrupción, el gasto sin control, etc. Ciertamente, los sonados casos de corrupción en varias Comunidades, la difusión del desproporcionado coste de muchas obras y servicios, los abusos en la contratación pública y la responsabilidad de las autoridades políticas en el descontrol de las Cajas de Ahorro respecto de la gestión de la burbuja inmobiliaria, revelan la necesidad de introducir cambios importantes, sobre todo en el control del manejo del dinero público. Pero la cuestión es si, como opina un grupo muy importante de ciudadanos, no será mejor, para dominar el desbocado gasto público y eliminar los privilegios de la clase política regional, suprimir directamente las Comunidades Autónomas.
