Gabriel Elorriaga Pisarik. Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas Congreso de los Diputados
El esfuerzo modernizador de nuestras administraciones ha llegado tarde entre nosotros. Por eso, porque su retraso se había convertido en una rémora insoportable para nuestra sociedad, es ahora tan importante y urgente.
La calidad de la organización y la gestión del sector público son, en gran medida, determinantes del buen funcionamiento de todo el sistema económico y social. La calidad y la eficiencia de las administraciones públicas se han convertido en un poderoso factor de competitividad, un elemento vertebral de cualquier estrategia de crecimiento económico.
El impulso de unas administraciones austeras, centradas en la prestación de servicios a la calidad a los ciudadanos, con los más exigentes estándares de funcionamiento, está ocupando un lugar central en el programa nacional de reformas, un proyecto que nos va a permitir salir de la crisis con fundamentos más sólidos. La transformación de las administraciones ha de constituir un compromiso duradero orientado a instalar en su seno hábitos permanentes de transparencia, austeridad y responsabilidad. Esa transformación está siendo rápida y rigurosa. Se trata de afrontar tres objetivos claros: conseguir una provisión más eficiente de los servicios públicos, mejorar la transparencia en la asignación y uso de los recursos disponibles, y poner a todas las administraciones a trabajar porla mejora general del funcionamiento de la economía española.
No basta con contener el gasto público superfluo. Es necesario, además, añadir ganancias de competitividad, garantizar la equidad intergeneracional y legitimar en mayor medida el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Asignar correctamente los recursos es una exigencia aún más importante en tiempos de crisis presupuestaria. Por eso, la mejora de los mecanismos de presupuestación, ejecución y control del gasto es estrictamente necesaria, tanto cómo la introducción de mecanismos mucho más eficaces de medición y comparación de los resultados obtenidos. La respuesta a los fracasos en la gestión no puede ser siempre un incremento del dinero asignado al los mismos objetivos sin variación alguna de los instrumentos utilizados para alcanzarlos.
Ha llegado también la hora de adoptarun cambio de perspectiva que permita situar al ciudadano como el eje sobre el que articular el conjunto de los procedimientos y servicios que le puedan afectar. Avanzar en la administración electrónica sigue siendo un camino natural para ofrecer mejoras en la prestación de los servicios. La fragmentación interna de los recursos informáticos ha multiplicado los costes, tanto los de funcionamiento de las propias administraciones, como las cargas soportadas por los ciudadanos.
Todas las reformas necesarias deben ser aplicadas al conjunto de las administraciones públicas españolas. Porque la descentralización es un poderoso instrumento de acercamiento de los centros de decisión política a los ciudadanos, pero sólo correctamente articulada puede ser eficiente. Aprovechar las ventajas de la descentralización exige ser muy rigurosos a la hora de abordar con sentido común muchos problemas que hasta ahora habían sido ignorados.
Por eso se está trabajando con intensidad en la mejor delimitación de competencias. Para evitar duplicidades y derroches de todo tipo; para atender mejor la prestación de los servicios públicos básicos. Reconducir la prestación de servicios impropios hacia aquellas administraciones verdaderamente titulares de la competencia, asignar la financiación pública adecuada a las administraciones responsables, articular mecanismos mucho más eficaces de intercambio de información que hagan posible el contraste público de la eficacia de las administraciones en la prestación de los servicios, son algunos de los desafíos que se están afrontando con rapidez y eficacia en los dos últimos años.
