Carmen P. Flores. Periodista
En tiempo de crisis, cualquier situación es aprovechada por el gobierno de turno para acometer "reformas" en las diversas administraciones. Pero tan importante cometido debería ser consensuado con la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso y con las propias administraciones afectadas.
Pero cuando se dispone de una mayoría absoluta, los dirigentes piensan que tienen carta blanca de los ciudadanos para que, durante cuatro años puedan hacer y deshacer a su antojo sin dar explicaciones. Este hecho convierte al gobierno en autoritario y prepotente con pocos tintes democráticos ¿Se pueden hacer cambios tan importantes sin tocar la Constitución y los distintos estatutos de autonomía? Yo diría que no, pero los gobernantes, cogen los decretos ley como el que va a tomarse una cerveza. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿El gobierno de Rajoy quiere reformar las administraciones locales o recentralizarlas?, ¿Quiere acabar con el sistema de autonomías y quitarles competencias a los ayuntamientos? Este gobierno es muy dado a legislar por decreto y a buscar en las comunidades autónomas las causas de todos los males económicos de este país, asimétrico territorialmente hablando, pero no económicamente. El gobierno de Rajoy se otorga el poder de los decretos leyes, que día a día van en aumento, lo mismo que las denuncias de los gobiernos autonómicos por "invasión de sus competencias".
La Constitución exige una puesta al día
Este año ha afirmado el presidente de la CEOE que, en el 2011 se aprobaron 2.896 normas estatales y 10.261 autonómicas. En el 2012, las páginas publicadas en el BOE ascendieron a 151.133, y los distintos diarios y boletines oficiales de las CCAA sumaron otras 715.009. Y no debemos olvidarnos de las que dicta Bruselas. En este sentido la Carta Magna válida en su día requiere ahora mismo tras esta avalancha legislativa de una puesta al día en algunos aspectos, entre ellos, la definición del modelo territorial de este país. Lo que no se entiende es por qué existe tanto miedo en nuestro país a llevar a cabo esta reforma, cuando existen países en la Unión Europea, que han modificado su constitución para adecuarla a los nuevos tiempos y sus necesidades y no ha sucedido nada ¿Se está quizás abandonando la línea constitucional para la reforma y mientras se emplea el "ordeno y mando" en todo y que puede traer consecuencias impensables? ¿Choque de trenes? Ahora todo es posible, cuando la mayoría de los afectados están en contra. Hay demasiada desafección política y gubernamental. La reforma de las Administraciones Públicas ha recibido múltiples críticas de las comunidades autónomas porque suprimen empresas y organismos públicos como por ejemplo el defensor del pueblo o el Síndico de Cuentas, entre otros muchos. Para el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas esto ejemplifica una "fijación ideológica" del Gobierno basada en "la idea de recentralizar el Estado a costa de adelgazar a las autonomías". El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, por su parte, tildó el proyecto de "desatino" y de una "limitación de la democracia". Valderas dijo que no lo aplicarían porque muchas de las instituciones que pretende eliminar están protegidas por el Estatuto andaluz. El Gobierno vasco descartó la posibilidad de eliminar las figuras del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, ya que disponen de "plena vigencia" y proporcionan una reconocida función social.
