Manuel Fuentes. Responsable federal de Política Municipal de IU
Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, más conocida como 'Ley Anti Ayuntamientos', se abre un sinfín de interrogantes en torno a los servicios que podrán seguir prestándose a la ciudadanía desde la administración más próxima. Surgen muchas dudas con la interpretación y con la aplicación de una reforma que debilita la autonomía local. El Gobierno del PP pretende con los cambios introducidos transformar el gobierno local en una mera 'administración y gestión' de servicios públicos locales, pero tutelada por otros gobiernos.
La pretendida intención con la que la que el partido de mariano Rajoy 'vendió' esta 'contrarreforma' fue reforzar la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Pero al final, en la práctica, el PP no va a tener ningún reparo en discriminar a los municipios económicamente débiles y al conjunto de la ciudadanía.
Las consecuencias de su aplicación en el tiempo será la de crear a nivel práctico municipios de distintas categorías: unos de 'primera' y otros municipios de 'segunda y sin cartera de servicios'. Se cuestionan los servicios municipales y hasta la existencia del propio municipio por razones coyunturales de carácter financiero.
La obligación de las formaciones políticas que nos hemos opuesto frontalmente desde su inicio a esta ley es afinar y poner en común los criterios a la hora de actuar y analizar su aplicación. Para nosotros supone un reto importante. Nuestro compromiso con la sociedad y la clara experiencia con la que cuenta Izquierda Unida desde su creación hace ya casi 30 años en los gobiernos locales hace necesario responder a cada artículo reformado con un perfil político claro y con una estrategia e imaginación no menos nítida hasta donde permita la legalidad.
Además, se debe preservar la autonomía de cada Grupo Municipal, entendiendo las distintas singularidades institucionales y territoriales. No es lo mismo un municipio de 500 habitantes que otro de 100.000. No es lo mismo un municipio de Canarias que otro en la Península.
Todo el mundo debe ser consciente de que estamos ante una ley cuyo desarrollo se afronta sin una financiación clara. Buena parte de las comunidades autónomas están en 'ruina técnica' y los ayuntamientos se encuentran al límite de su capacidad económica para gestionar los servicios que le son propios y que necesita la ciudadanía.
Por nuestra parte, estamos decididos a que se gestionen aquellos servicios que, aunque no sean de estricta competencia municipal, sí significan un claro compromiso con la sociedad por su ineludible necesidad y porque los gobiernos locales son quienes mejor y con más garantías pueden gestionarlos. El caso de los servicios sociales es un claro ejemplo y ahí debe hacerse un gran esfuerzo.
