El 21 de junio del pasado año la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevaron al Consejo de Ministros el informe emitido por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que el propio Consejo de Ministros había acordado crear el 26 de octubre de 2012.
La CORA propuso en su informe un total de 218 medidas de reforma administrativa, de las que 140 afectan al Estado y a las Comunidades Autónomas, y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado. La mayoría de las medidas propuestas tiene por objeto la eliminación de duplicidades, la racionalización de la Administración Institucional y del sector público empresarial y fundacional, la mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas, la reducción de cargas administrativas, la simplificación de procedimientos y el impulso de la Administración electrónica.
Desde la publicación del Informe CORA (e incluso con anterioridad) se han ido dictando diversas normas y acuerdos para la ejecución de las propuestas contenidas en el mismo, en lo que el Gobierno considera una de las "reformas estructurales" más significativas de su ambicioso plan de reformas. La iniciativa legislativa que constituye el exponente más reciente de esta reforma es el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 7 de febrero de este año. Como se verá, no es sin embargo, sustantivamente, la más relevante ni enjundiosa entre las diversas iniciativas legislativas que el Gobierno ha venido impulsando en relación con la reforma de las Administraciones Públicas. En este marco, preceden al citado proyecto de ley iniciativas tan controvertidas como discutibles (algunas más que otras) como la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el sector público.
Con todo, el núcleo de la reforma CORA, iniciada por el Real Decreto 701/2013 de racionalización del sector públicoy continuada ahora por el proyecto de Ley del mismo nombre, se ha focalizado en la reordenación del sector público institucional, la racionalización de estructuras públicas, la eliminación de duplicidades y la simplificación de procedimientos. Y todo ello impulsado y enfocado, sin ambages, desde una sola perspectiva, a saber, la del objetivo de consolidación fiscal en que prácticamente se agota la respuesta del actual Gobierno a la crisis económica que atraviesa el país. Así lo reconoce expresamente la exposición de motivos del mencionado proyecto de Ley que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados. En efecto, se justifica allí la reforma señalando que "como consecuencia de la crisis económica (?) en los últimos años se ha producido un fuerte incremento del gasto público y una gran reducción en la recaudación, lo que se ha traducido en un largo periodo de déficits públicos que no son sostenibles en el medio y largo plazo, por lo que resulta necesario avanzar en el proceso de consolidación fiscal". Con otras palabras, la reforma sólo persigue, en lo esencial, el "adelgazamiento" de las estructuras administrativas, no necesariamente una Administración más eficiente que cumpla mejor su cometido constitucional: servir con objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE). Y ya se sabe que no es una dieta equilibrada aquella que sólo persigue la pérdida de peso? a cualquier precio.
