Se asevera que Europa, y especialmente, la Eurozona, no está preparada para una nueva crisis económica. Investigadores sociales, opinadores mediáticos, y propagadores varios de bulos y fake news hablan de su inevitabilidad. Todos ellos apuntan a validar aquella máxima de que las profecías se autocumplen. Es decir, que las insistentes predicciones llegan a hacerse realidad merced a la relación causal de la creencia y la forma de comportarse que implica su realización. Se actúa como si la crisis fuese inevitable y al final se provoca su ocurrencia.
En los últimos meses, analistas de diversas sensibilidades de economía política discuten vivamente sobre cuáles medidas deberían aplicarse, no sólo para neutralizar los efectos perniciosos de la recesión anunciada, sino para mejorar la economía en el Viejo Continente evitando sus conocidos efectos negativos en forma de desigualdad, exclusión o ausencia de cohesión social.
Los resultados de las próximas elecciones europeas a celebrar en los países de la UE entre los días 23 y 26 de mayo condicionarán, a buen seguro, las lecturas que inversores y grandes capitales harán de la salud política del Viejo Continente. ¿Seguirá siendo Europa un lugar atractivo donde invertir y asegurarse las mejores rentabilidades posibles? Así ha sido hasta ahora, especialmente desde que el euro se convirtió en moneda alternativa --o cuando menos complementaria-- al monopolio del dólar en las transacciones financieras y comerciales internacionales. Pero su futuro no se librará de los ataques del capitalismo financiero anglo-norteamericano, quizá renovados tras el Brexit si este llega a consumarse (ojalá no fuese así).
A lo largo del proceso de Europeización se han manifestado dos grandes visiones políticas de la economía a menudo contrapuestas. Aquellas que abogan por un control prioritario de la inflación y el crecimiento de los precios, y las que auspician medidas de estímulo e incremento de la demanda. Ambas pretenden mejorar rendimientos, competitividad y prosperidad. Ambas son recelosas de una nueva recesión para la cual, alegan, la Eurozona debe reaccionar anticipadamente. El entramado macroeconómico se muestra bloqueado. Políticamente el mayor obstáculo para aunar ambos enfoques y perspectivas atañe a la incertidumbre política y, muy especialmente, al impacto que pueda provocar un aumento electoral de los populismos nacionalistas en los Estado miembros de la Unión Europea.
Se temen las ideas autoritarias, integristas, xenófobas o supremacistas, las cuales se creían caducas tras la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo reformar y relanzar la economía europea fin de sortear los vaticinios de una nueva recensión? Para Yanis Varoufakis, ex ministro griego en el gobierno griego de Syriza de 2015 y cofundador del grupo paneuropeo DiEM25 (Movimiento Democracia en Europa 2025), con la propuesta de un Green New Deal se facilitarían €500.000 millones anuales mediante el recurso a la deuda, y sin incrementar el nivel fiscal con nuevos impuestos. Se trataría de un Plan para evitar los efectos perniciosos del cambio climático y cuya gran funcionalidad sería la de adelantarse a la crisis financiera. El DiEM25 se inspira en el New Deal de Franklin D. Roosevelt, gracias al cual la economía estadounidense superó la grave crisis de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión. Ahora, tras la Gran Recesión desencadenada en 2007-08, la inyección de dinero público mediante el recurso a la ‘máquina de imprimir dinero’ provocaría, según Varoufakis, un círculo virtuoso de inversión, ocupación y rentabilidad, todo ello respetando la sostenibilidad ambiental.
El Nuevo Pacto Verde funcionaría del modo siguiente: el Banco Europeo de Inversiones (EIB) emitiría bonos con el respaldo del Banco Central Europeo y tanto como fuese necesario en los mercados secundarios. Los bonos EIB se venderían, según Varoufakis, como ‘churros’ en unos mercados desesperados por acceder a activos seguros. En consecuencia, el exceso de liquidez permitiría la financiación del Green New Deal asegurando los objetivos básicos deDiEM25 para que todos los europeos fuesen ciudadanos con derecho de acceso en sus países de residencia a bienes básicos como, por ejemplo, la alimentación, las infraestructuras, el transporte o la energía. En paralelo se preservaría el derecho al trabajo asalariado, y se contribuiría a mantener la provisión digna de viviendas, educación, y sanidad de calidad en un entorno sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Alternativamente, el pasado mes de febrero un grupo de académicos liderados por Piketty, reputado economista de la parisina Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales y autor del celebrado libro, ‘El capital en el siglo XXI’, complementó sus propuestas de democratización continental formuladas en octubre del año pasado. Sucintamente proponían que una Europa con capacidad fiscal era preferible a una flexibilización monetaria como programa de estímulo económico. Sus propuestas no incidían en la redistribución de recursos y dineros entre los países europeos. Aunque sus autores apoyaban tal aspiración, consideraban que no era viable políticamente en los tiempos actuales, dada la persistencia de las visiones nacionalistas estatalistas reflejadas en las iniciativas de Merkel o Macron, las cuales apenas disimulan las preferencias particularistas de ambos países centrales de la Eurozona.
Para obtener nuevos fondos y recursos financieros, el grupo de expertos de Piketty sugería la implementación de impuestos netamente progresivos para las empresas y el uno por ciento de ciudadanos ‘superricos’, así como la introducción de nuevos impuestos medioambientales para complementar las reformas institucionales a llevar a cabo en la UE. En su ‘Manifiesto para la democratización de Europa’, Piketty y compañía piensan que es mejor realizarlo a través de una mayor y mejor capacitación fiscal y no simplemente mediante la facilitación de recursos monetarios sin realizar ajustes estructurales.
A tal fin, un ciudadano rico alemán debería contribuir en mayor medida a la prevención de la crisis que un ciudadano pobre griego.
Respecto al asunto de la financiación, ellos defienden el enfoque fiscal en vez del recurso a la deuda porque sus objetos de gasto son ‘bienes públicos’ a los cuales la colectividad en su conjunto debería contribuir. Excepto durante breves períodos de tiempo, no parece sensato proponer la reducción de impuestos y cotizaciones laborales, lo que conllevaría bajar gastos y prestaciones sociales. Por ello, y cuando se habla de preservar el Estado del Bienestar, debería argumentarse en favor de impuestos altos que aseguren el mantenimiento de los derechos de ciudadanía social y su ulterior desarrollo. De otra manera, los votantes sólo visualizan un sistema de protección social siempre en déficit.
Ambos enfoques coinciden en asumir que la mayoría de los países europeos operan por debajo de sus potencialidades económicas.
El resultado indeseado es que las divergencias entre ellos aumentan. Para evitarlo se requiere integración y solidaridad. Porque el mantenimiento de las pasadas inversiones , así como de otros gastos corrientes esenciales en el Modelo Social Europeo --de nuevo, educación, sanidad o dependencia, pongamos por caso--, no deberían financiarse sistemáticamente mediante la deuda pública. Tan erróneo es auspiciar políticas de ‘austericidio’ para ajustar a las ‘bravas’ los planes de consolidación fiscal como pensar que podemos vivir sólo de inversiones.
En realidad, más allá del tamaño de la deuda pública, lo verdaderamente preocupante para algunas economías europeas, es el pago de las primas por el servicio de esas deudas soberanas.
Solamente abonando los intereses de estas, algunos Estados miembros de la UE (Ej. Chipre, Grecia, Italia o Portugal) ven fuertemente cortapisadas sus capacidades para sostener sus obligaciones estatutarias de procura pública y de sostenimiento de sus sistemas de bienestar. En última instancia, lo que está en juego son los fundamentos de nuestro modelo civilizatorio europeo. Como bien nos recordaba recientemente el estudioso de la desigualdad mundial, Branko Milanovic, el gran ‘éxito’ del neoliberalismo en estos últimos decenios ha sido el de hacer prevalecer en las gentes las preferencias egoístas por las ganancias privadas en detrimento de la ‘cosa pública’. De resultas, confrontamos una crisis de confianza en la política y su capacidad de preservar el interés general de nuestras sociedades democráticas.
