Los impactos negativos del cambio climático en el acceso al agua serán más acentuados en determinadas regiones del globo. En América Latina se prevé que una parte considerable de la población será afectada por la escasez de agua [i]. En particular, ciertas áreas especialmente vulnerables (como zonas desérticas o costeras) y grandes ciudades se encuentran en riesgo de carecer de recursos hídricos en el futuro. En una región marcada por la desigualdad garantizar el acceso igualitario a los recursos hídricos se convierte en una prioridad de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). En particular, el ODS 6 hace un llamado de atención en cuanto al acceso universal al agua.
Si bien los recursos hídricos en la región americana son abundantes (se estima que posee el 35% del agua dulce de todo el planeta), un porcentaje considerable de la población no posee acceso a agua potable y saneamiento. Se estima que solo el 20 % de la población tiene acceso a sistemas de saneamiento adecuados y que solo 10 países cuentan con cierto grado de servicios gestionados de forma segura [ii]. Una de las razones fundamentales de esta situación es la falta de una adecuada gestión de los recursos hídricos. Por ello, un número considerable de países latinoamericanos enfrenta los mismos problemas que presentan países con escasez crónica de agua. Casi el 13,9% de la población de América Latina (71,5 millones de personas) no tienen acceso al suministro de agua potable, el 63% de estos habitantes (45 millones de personas) vive en zonas rurales. [iii] Asimismo, muchas comunidades rurales dependen de limitados recursos de agua dulce (superficial o subterránea) y muchas otras del agua de lluvia, utilizando métodos de recogida muy vulnerables a la sequía.[iv] Este desigual acceso al agua se relaciona, además, con la cuestión más general de la equidad en la región.
Cabe recordar que en el ámbito de Naciones Unidas se ha reconocido el acceso al agua como derecho humano. En 2002, el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su Observación General N º 15 sobre el derecho al agua, definió los parámetros que deben cumplirse en el acceso al agua.[v] En ese sentido, el derecho humano al agua otorga a cada persona el derecho a disponer de agua para uso personal y doméstico de modo suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible.
El derecho humano al agua, implica igualdad de acceso en términos económicos y físicos, no discriminación y accesibilidad de información.
A su vez, el derecho genera la obligación de respetar, proteger y cumplir estos requisitos mínimos de goce por parte del Estado en cuestión. Este reconocimiento del derecho al agua es tan sólo un punto de partida, quedando aún por definir lo que se refiere a la extensión del concepto, al alcance y naturaleza de tal derecho en cada caso concreto. Varias constituciones latinoamericanas incluyen un reconocimiento directo o indirecto del derecho como por ejemplo, las de Ecuador, Guatemala, Uruguay, Bolivia y Venezuela.
Por lo demás, en América Latina han surgido recientemente numerosos casos controvertidos que involucran el derecho al agua, como la construcción de una presa hidroeléctrica en la Patagonia chilena; la privatización del agua y el aumento en el precio del agua en Cochabamba (Bolivia), la crisis económica y el aumento de las tarifas de agua (Argentina) o el proyecto de la presa Baba en Ecuador. Por otra parte, diversos organismos de Naciones Unidas han insistido en la necesidad de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento en el contexto del cambio climático. En ese sentido, cabe mencionar el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos (2009) y el Informe sobre Desarrollo Humano 2007/08 del PNUD, Lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. Asimismo, en el informe Cambio Climático y los Derechos Humanos de Agua y Saneamiento (2010) se indicaron la necesidad de promover un enfoque de derechos humanos basado en la gestión integrada de los recursos hídricos, con énfasis en la participación, la no discriminación, y la rendición de cuentas. En el futuro escenario de cambio climático, se calcula que en América Latina el número de personas que experimentarán un mayor estrés hídrico oscilará entre 12 y 81 millones en la década de 2020, y 79 a 178 millones de dólares en la década de 2050.[vi] Las vulnerabilidades actuales observadas en muchas regiones de diversos países de América Latina se incrementarán debido al efecto negativo conjunto derivado de la creciente demanda de suministro de agua para uso doméstico y de riego debido a un aumento de la población, y de las condiciones de sequía que se pronostican en varias cuencas hidrológicas.[vii]
Los problemas relacionados con el acceso del agua en América Latina antes comentados se acentuarán, por tanto, con el cambio climático, se afectarála disponibilidad y abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la infraestructura y los ingresos agrícolas. En cuanto a la accesibilidad física (falta de acceso al agua potable) se prevé que el cambio climático tendrá un impacto en la infraestructura de agua y saneamiento, incrementándose los casos de contaminación.[viii] Con respecto a la accesibilidad económica (precio del agua), el cambio climático incidirá en el aumento del costo de los servicios.
Ante tales desafíos, las principales cuestiones se generan en torno a la extensión del acceso al agua a la mayor parte de la población y a los medios para garantizar dicho acceso en el futuro.
Una de las principales dificultades consiste en la definición clara de una estrategia de implementación del derecho al agua a corto y mediano plazo, teniendo en cuenta las previsiones acerca de los impactos negativos del cambio climático. Para ello, es necesario que los países latinoamericanos se planteen la adopción de medidas preventivas adecuadas para prepararse para los futuros escenarios de escasez, incluyendo estos aspectos en los respectivos planes nacionales de adaptación.
