miércoles, 20 de noviembre de 2019
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< ver número completo: Cambio climático e infraestructuras en América Latina
Rodolfo Astroza

​La situación actual del saneamiento en América Latina ante el Cambio Climático

Periodista

Los países latinoamericanos disponen de un alto volumen de recursos hídricos renovables per cápita y entorno al 94% de la población latinoamericana tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas, frente a un 88% en el sureste asiático, un 61% en África subsahariana y el 54% en Oceanía. Pero son datos de cobertura incompletos en relación a la calidad de los “servicios de agua”.


Cambio climático



Con frecuencia, las conexiones a la red de agua potable no garantizan un servicio de calidad y la población sufre cortes recurrentes, baja presión, o baja calidad. A su vez, las aguas residuales no suelen ser tratadas y acaban generando problemas de salubridad y de contaminación de fuentes de agua.


Las ciudades latinoamericanas han vivido un proceso vertiginoso de urbanización en los últimos 50 años, y por ello, uno de los retos estriba en la gestión del agua y el saneamiento en América Latina condicionados por una rápida urbanización y la sobreexplotación del recurso. Según cifras del Banco Mundial, en torno a un 79% de la población latinoamericana vive en zonas urbanas sin que exista la debida planificación ni la inversiones adecuadas en las redes y sistemas de canalización de agua y saneamiento. Esta subinversión ha devenido en una menor calidad en los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, residuos sólidos y drenaje urbano. En las zonas marginales, el servicio de agua potable es inexistente o intermitente.


En Latinoamérica todavía existen zonas que padecen el llamado estrés hídrico que consiste en tener acceso al agua debajo de 1.700 metros cúbicos anuales según la Organización Mundial de la Salud. 


Esto se une al intenso aumento de población en la zona metropolitana, la sobreexplotación por usos domésticos y agrícolas que provoca problemas de abastecimiento en los acuíferos que proveen de agua las ciudades y sus alrededores. A su vez, la brecha entre zonas urbanas y rurales en la región supone un desafío, en tanto que el 20% de la población rural todavía no tiene acceso al agua potable.


Latinoamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático. A comienzos de 2012 una grave sequía afectó a más de 525 municipios en el noroeste de Brasil. La producción agrícola se dio por perdida y ocurrieron las llamadas “guerras del agua”. En ese mismo periodo, las intensas lluvias en la cuenca amazónica provocaron inundaciones, causando el desplazamiento de miles de familias y la contaminación de las fuentes de agua. A pesar del inmenso volumen de agua disponible en la zona, el agua potable tuvo que ser racionada.


Se estima que 17 de los 50 países más vulnerables a los efectos del cambio climático se encuentran en Latinoamérica.


Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el área sufrirá un aumento de las temperaturas que provocará sequías y pérdidas significativas de biodiversidad, principalmente en las zonas tropicales.


Argentina, Chile y Bolivia experimentarán el derretimiento de sus glaciares, reduciendo el agua disponible para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico. Debido a los cambios en los patrones de lluvia, algunos cultivos importantes como el trigo serán menos productivos, impactando en la productividad del ganado y amenazando gravemente la seguridad alimentaria regional. Las zonas costeras estarán expuestas a inundaciones e intensas mareas debido a un aumento del nivel del mar.


Por todo ello uno de los principales desafíos en América Latina es la capacidad de mantener y mejorar el servicio de agua a la población de una forma incluyente y eficiente. Pero pese a todo muy pocos países latinoamericanos son capaces de prestar un servicio continuado. A esto hay que unir aquellos países donde la cobertura sigue presentando carencias notables, como Haití, donde el 37% de la población consume agua de fuentes no mejoradas, o en menor medida Perú (18), Nicaragua (15), Bolivia, República Dominicana, Honduras o Paraguay (14).


De entre las reformas iniciadas en la década de los noventa para regular el sector Chile, Brasil y Colombia han sido capaces de reformarlo con éxito, mientras otros países aún dependen de los donantes para financiar la prestación del servicio. En una gestión urbana más “verde” del ciclo del agua, el tratamiento de las aguas residuales es un aspecto crítico. 


Con la excepción de Chile y Uruguay, actualmente los países latinoamericanos recogen y tratan menos de la mitad de las aguas residuales.


Este bajo nivel de recogida y tratamiento de las aguas residuales tiene graves consecuencias de inundaciones y contaminación de los ríos y las zonas costeras, aumentando así el impacto negativo a la población y el medio ambiente.


LOS RETOS DE LATINOAMÉRICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO


A escala global los retos que se plantean son ingentes. A pesar de los avances en el acceso a fuentes de agua potable, existen todavía necesidades y oportunidades de mejora en un número importante de países. En el marco de las Naciones Unidas, existen iniciativas como el Plan de Implementación de Johanesburgo, el Decenio Internacional para la Acción “El Agua Fuente de Vida” 2005-2015 y la Alianza Saneamiento y Agua para Todos.


Una de las iniciativas puesta en marcha es el Water Resources Group, una plataforma de colaboración público, privada, multilateral y con organizaciones no gubernamentales, lanzada en octubre de 2011 como iniciativa conjunta del Foro Económico Mundial y el Grupo de Recursos de Agua de la Corporación Financiera Internacional para ofrecer asesoramiento experto a los gobiernos que deseen revisar su gestión del agua.


Brindar acceso al agua potable y saneamiento es asumible por todos los países latinoamericanos, y muchas de las barreras aún existentes son institucionales. 


La región ha estado a la cabeza de la puesta en marcha de reformas para aumentar las inversiones y mejorar la calidad del servicio. Estas reformas se han traducido en una ampliación moderada en la cobertura y una mejora en la calidad. Pero persisten tres frentes de trabajo que deben tenerse en cuenta: generar conocimiento analítico para disponer de evidencias, trasladar a los gobiernos opciones y reformas adecuadas a su contexto mediante el diálogo de políticas, y movilizar recursos públicos y privados.


La generación de conocimiento y análisis debe servir para generar evidencias e identificar soluciones específicas a cada contexto. En Latinoamérica, el trabajo de generación de conocimiento que organizaciones multilaterales como el Banco Mundial están llevando a cabo se centra en identificar el impacto del cambio climático en la gestión del agua, la evaluación comparativa del rendimiento de los servicios públicos, los impactos económicos de la degradación del agua, y la identificación y divulgación de buenas prácticas en toda la región.


La evidencia generada debe sustentar el diálogo de políticas con los países de cara a acometer reformas eficaces. Los países están trabajando en conciliar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, en especial en lo que respecta a la gestión integrada de los recursos acuíferos, la gestión del agua de riego y para la agricultura, y el acceso al agua potable y saneamiento. El agua es un aspecto central en las estrategias de adaptación al cambio climático y de seguridad alimentaria. Una gestión más eficiente del agua en la agricultura y otros sectores económicos resulta un aspecto crítico para responder al aumento esperado de la demanda global de alimentos.


LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA


Las inversiones necesarias requieren una movilización masiva de recursos públicos y privados. En el caso de los países latinoamericanos, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Mundial (ODM) requerirá invertir del orden de 29.100 millones de dólares en agua potable y 39.300 millones en saneamiento.


Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mantener la infraestructuras existentes para agua requerirá 54.000 millones de dólares al año. Un estudio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud estimó que la ratio coste-beneficio de las inversiones en agua y saneamiento es al menos de 2,0 y 5,5, respectivamente.


Las alianzas publico-privadas (PPP) están siendo efectivas en mejorar la eficiencia en el servicio. La incorporación del sector privado a la gestión del agua y saneamiento en los países latinoamericanos ha generado modalidades de gestión con diferentes grados de implicación. Si bien el éxito de las experiencias existentes es dispar, hay buenas prácticas con participación privada como operadores para la distribución de agua y la canalización y tratamiento de agua residuales en Colombia; inversores en plantas para el tratamiento de aguas residuales en México y Chile o concesionarios de la gestión de las aguas residuales en Brasil. Con independencia de la modalidad desarrollada, el marco de políticas y regulatorio existente condiciona cualquier posibilidad de éxito.


Las acciones deben atender respuestas e inversiones a corto y largo plazo. Es imprescindible brindar soluciones inmediatas para las poblaciones más vulnerables, en términos de acceso a agua potable y mejoras en unas condiciones de vida cuya salubridad es ínfima.


Junto al aumento en las inversiones, se requieren políticas de protección social complementarias para garantizar que los más vulnerables puedan hacer frente a eventos catastróficos que afecten el acceso a servicios básicos. Estas soluciones deben conciliarse con las respuestas a largo plazo de adaptación y mitigación del cambio climático. En el caso de Latinoamérica, algunos aspectos siguen siendo esenciales.


Se requiere ampliar los servicios de abastecimiento de agua para las zonas residenciales urbanas en crecimiento, y asegurar el acceso a agua potable para las poblaciones rurales y a la población urbana situada en zonas marginales. La experiencia desarrollada en Haití se apoya en los pequeños “aguadores informales”, que trabajan en las comunidades rurales para introducir un marco regulatorio de “gobernanza local”.


Las inversiones en infraestructura nueva para agua potable y saneamiento deben aumentarse, sin detraer recursos para operación, mantenimiento y amortización de la infraestructura existente y alentando el uso de financiación concesional para conseguir financiación privada. Especial atención requieren la recogida y el tratamiento de aguas residuales para controlar y reducir el impacto ambiental de los vertidos en las fuentes de agua.


La regulación del sector debe fortalecerse para aumentar la transparencia, estimular un mejor desempeño de los servicios públicos, y establecer precios y subsidios que logren conciliar objetivos sociales, técnicos y económicos. Las empresas de agua y las administraciones locales deben coordinarse con agencias de gestión ambiental e hídrica para asegurar la incorporación en las políticas nacionales de medidas y acciones que garanticen la protección y la gestión sustentable del recurso.


Por último, es necesario continuar el desarrollo y la implementación de planes para hacer frente al cambio climático. Esto incluye racionalización en el consumo y priorización en los usos del agua; búsqueda de nuevas fuentes del recurso, y donde sea factible y viable, exploración de opciones avanzadas como el trasvase entre cuencas; y mejora de los sistemas de drenaje de aguas pluviales en áreas urbanas para evitar inundaciones. 

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