Islandia está tratando de salir de la crisis de una forma particular. En primer lugar, la senda que está siguiendo busca soluciones en el interior del propio país. Los controles de capitales obligan a que todo el dinero que poseen residentes y no residentes en el país se quede allí, lo que incrementa la base fiscal con que cuenta el Gobierno, haciendo más fácil la recaudación de impuestos, además de incrementar la demanda de los títulos de deuda pública, lo que hace más barata la financiación del déficit. Es un hecho muy relevante porque implica que el Gobierno de Islandia no debe ganarse constantemente la “confianza de los mercados”. Se ha sustraído de su valoración imponiendo controles a los flujos de capitales, lo que le da un margen de maniobra mucho mayor a la hora de diseñar las políticas públicas que el que tienen los Gobiernos de la zona euro.
Esta mirada hacia dentro también se pone de manifiesto en el hecho de que Islandia esté inmersa en un proceso de reforma constitucional, que podría incidir en aspectos relevantes como el sistema electoral o la titularidad pública de los recursos naturales con que cuenta el país. Por último, no se puede olvidar que Islandia ha llevado a cabo procedimientos para procesar a responsables políticos por el colapso bancario. Sin valorar la pertinencia de estos procesos, ni su resultado constituyen un reflejo más de un país que está tratando de mirar hacia sí mismo para encontrar respuestas y responsabilidades para las causas de la crisis, y también medidas para paliar sus efectos.
En segundo lugar, el modo de afrontar la crisis en Islandia es particular porque el reparto de los costes que están asumiendo los residentes en ese país se está llevando a cabo con un grado de progresividad que no admite comparación con ningún otro caso del contexto europeo actual. No es que los bancos no hayan sido rescatados, que sí lo han sido, ni que los ciudadanos hayan evitado pagar por las irresponsabilidades de los bancos, ya que en alguna medida sí lo han hecho. Pero Islandia, habiendo perdido mucha riqueza como economía, se ha hecho menos desigual en la escasez. Destacar este reparto relativamente progresivo de los costes de un crack bancario como ejemplo de redistribución social no es precisamente una buena noticia, porque refleja que en la mayoría de países las soluciones que se están adoptando son marcadamente inequitativas.
Una última característica de la salida islandesa de la crisis es que se trata de una senda propia, diseñada en gran medida a instancias de sus Gobiernos.
Tanto la coalición liderada por los conservadores que estaba en el poder cuando llegó el colapso como la coalición decentro-izquierda que gobierna desde 2009 han tomado determinaciones que, admitiendo todo tipo de críticas, en general se han desmarcado de la receta dominante en el contexto europeo: "austeridad, competitividad y reformas estructurales", es decir, reducción del gasto público, recortes salariales y recorte de derechos sociales. En Islandia se ha optado por la consolidación fiscal a medio plazo subiendo impuestos de forma progresiva y controlando el gasto –no en el primer momento para no ahogar la recuperación económica– pero sosteniendo el Estado de bienestar de forma que la desigualdad ha disminuido. Por último, no se han llevado a cabo reformas estructurales al uso en el sistema de pensiones, ni en la sanidad ni en la educación. Ha habido recortes, pero no un cuestionamiento de los fundamentos del modelo.
CRÍTICAS E INCERTIDUMBRES
La salida de la crisis en Islandia admite también cuestionamientos que no pueden dejar de mencionarse En primer lugar no ha habido una actitud decidida para depurar responsabilidades penales entre los gestores de las entidades quebradas ni para clarificar las responsabilidades, del tipo que fuesen, tanto de los miembros de los Gobiernos como de los responsables de los órganos de regulación y supervisión financiera. El entorno legal era difuso, desdibujado conscientemente por los sucesivos Gobiernos liderados por el partido de la Independencia en los años anteriores al crack. Así es sin duda difícil determinar responsabilidades, pero no deja de ser llamativo que el ex Primer Ministro Geir Haarde haya sido objeto de atención en este sentido, incluso siendo imputado judicialmente, mientras que una figura tan relevante como el ex primer ministro y ex gobernador del Banco Central, David Oddsson, apenas ha visto cuestionada de forma explícita su gestión desde las instituciones del Estado.
En segundo lugar, la supuesta regeneración política que ha experimentado Islandia tras la crisis debe considerarse, en el mejor de los casos, limitada. El proyecto de una nueva Constitución, muy prometedor, está estancado en el Parlamento, y parece que deberá luchar no sólo contra la oposición explícita de los conservadores, sino también contra una cierta inacción de la coalición progresista en el Gobierno. Tampoco puede olvidarse que el presidente de la República, ascendido a la categoría de héroe de los movimientos sociales por atreverse a preguntarle a la ciudadanía si deseaba pagar las indemnizaciones a los depositantes de Icesave, es la misma persona que asistió impertérrita a la generación y crecimiento de la burbuja inmobiliaria, en ese caso sin levantar la voz.
Por último, la actual primera ministra, socialdemócrata, era ya ministra en el Gobierno anterior en coalición con los conservadores, una coalición que explicitaba en su compromiso de legislatura el propósito de continuar haciendo de Islandia una economía dinámica y abierta al mundo de los negocios internacionales.
Si añadimos que el pensamiento conservador no parece haber hecho la menor autocrítica por el modelo de exuberancia financiera que llevó al país al colapso, se concluye que hay que ser muy prudentes al afirmar que ha habido una intensa regeneración que impone la crisis, pero que su retirada imponga costes muy elevados. En ese caso, no podría hablarse de una salida de la crisis a la islandesa sino como mucho de un modelo que habría logrado a lo sumo diferir los impactos sociales más importantes de la crisis, pero no evitarlos que la retirada de los controles es una de las cuestiones más complejas a las que se enfrenta la economía islandesa en la actualidad, y que del éxito de esta política dependerá en buena medida la evaluación que se haga en el futuro del “modelo islandés” y, claro, de la estrategia del Gobierno para retirar los controles de capitales puede encontrarse en Fondo Monetario Internacional.
¿SIRVE EL MODELO ISLANDÉS FUERA DE ISLANDIA?
Lo más relevante del caso islandés no parece ser el detalle de las políticas aplicadas, sino el hecho de que se han diseñado de forma soberana y relativamente independiente. Más allá de que puedan juzgarse como acertadas o no, el hecho de que hayan sido políticas surgidas en gran medida de la propia Islandia es, desde el punto de vista democrático, algo muy relevante y que en todos los países de la zona euro debiéramos recordar.
Cuestión muy diferente es si las políticas que se han aplicado son trasladables a otros contextos. Parece que la respuesta en este caso es negativa, por la gran cantidad de factores específicos que están presentes en el contexto islandés y no en otros escenarios.
En primer lugar, Islandia tiene autonomía monetaria, lo que le ha permitido aplicar una política monetaria autónoma, incluyendo la devaluación de su moneda.
Además, aunque forme parte del Espacio Económico Europeo, no es parte de la UE y ello le ha permitido imponer unos controles de capitales impensables para cualquier país de la UE. Adicionalmente, se trata de un país muy pequeño, en el que los capitales “atrapados” por los controles se estiman en el 25% del PIB. Esta cifra es relevante porque supone el 40% de las reservas de divisas de Islandia, pero equivale a unos 2.600 millones de euros, una cantidad que no puede considerarse un serio obstáculo para el funcionamiento de las finanzas internacionales. No es probable, por lo tanto, que las presiones externas para la retirada de los controles hayan sido muy intensas.
Tampoco debe olvidarse que Islandia es un país que ha recibido el respaldo del FMI a sus políticas ciertamente poco ortodoxas en el contexto actual. Parece difícil que Islandia hubiera podido llevar a cabo el mismo programa sin el apoyo económico y el refrendo institucional que supuso el acuerdo con el FMI. El porqué del margen otorgado por el FMI a Islandia, en contraposición con el nulo margen otorgado a Grecia, Irlanda o Portugal cuando se les ha otorgado asistencia financiera, es un tema que merecería ser estudiado con más detalle. Por último, la salida a la crisis a la islandesa ha tenido lugar en un contexto de turbulencia de la zona euro que probablemente ha contribuido a disminuir la atención internacional sobre este país, respuesta que fue respetada por el Gobierno a pesar de que apoyaba el “sí”, con el amago de referéndum que, para escándalo de muchos dirigentes europeos, tuvo lugar en Grecia para someter a votación las condiciones del segundo Plan de Rescate entre octubre y noviembre de 2011. Ese referéndum, que ni siquiera llegó a celebrarse, contribuyó a precipitar la salida del Gobierno de Yorgos Papandreu, un mandatario democráticamente elegido, para ser sustituído por Lucas Papademos, una persona de confianza para la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
En suma, hay elementos para sostener que existe una salida de la crisis a la islandesa, pero las políticas específicas que se han puesto allí en práctica no parecen trasladables a otros contextos. Sin embargo, su esencia, la soberanía democrática, sí debiera serlo. Parece necesario entonces reflexionar sobre por qué el marco político e institucional en el que nos encontramos actualmente, la Unión Europea, no permite a sus miembros el grado de soberanía democrática del que ha disfrutado Islandia. De esa reflexión depende en buena medida que esta crisis se pueda llegar a superar a partir de la ciudadanía y no contra ella.
