El curioso caso de Islandia: Lecciones democráticas diez años después del crash bancario
Mateo Peyrouzet García-Siñeriz
Islandia es un país realmente singular, una de esas peculiaridades que ofrece el mapamundi. Si bien los turistas quedan fascinados por unos paisajes naturales que evocan planetas de la fantasía cinematográfica, no menos fascinante es la cultura democrática de la sociedad que la habita. Con una población de tan solo 350.000 habitantes, un censo similar al bilbaíno, el estallido de la crisis financiera hizo de la isla uno de los focos mediáticos de la prensa global. Cumplida la década, merece la pena volver a fijarse en Islandia.
Recordemos los hechos. La historia más reciente de la isla comienza con la desregulación financiera emprendida a finales de siglo, la cual incentivó la inversión extranjera e impulsó el crecimiento meteórico del sector bancario, convertido en uno de los principales motores económicos del país. La apuesta conllevaba sus riesgos. Entre septiembre y octubre de 2008, en medio del seísmo provocado por la caída de Lehman Brothers, pinchaba la burbuja y los tres grandes bancos islandeses (Landsbanki, Kaupthing y Glitnir) caían en bancarrota. En lugar de rescatar la totalidad de unas entidades insolventes, el gobierno nacionalizó y dividió los bancos en parte ‘tóxica’ y parte ‘sana’, salvando en esta los activos prioritarios de cada banco.
Paralelamente, Islandia entraba en una crisis diplomática con el Gobierno laborista del Reino Unido: un buen número de británicos había depositado ahorros en Icesave, filial de Landsbanki,por un valor total superior a dos mil millones de euros. Sin embargo, el plan de choque del Gobierno islandés pasaba por proteger la demanda interior, garantizando los depósitos de sus ciudadanos y eximiéndose de la responsabilidad de las entidades hacia británicos y demás acreedores internacionales (deudas encuadradas en la parte tóxica).
Esta última decisión fue sometida hasta en dos ocasiones a referéndum, ambas con el mismo resultado. Los islandeses no estaban dispuestos a pagar, aún más si cabe, los errores de sus imprudentes banqueros.
En noviembre, Islandia se convertía en el primer país de la Europa ‘occidental’ en recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional desde 1976 (concedido al Reino Unido, precisamente).
Cinco años después, el PIB islandés volvía a niveles anteriores a la crisis, y se puede decir que la economía está más que recuperada a día de hoy.
Tras rozar el 100% del PIB, la deuda pública ha retornado a la senda de la normalidad, y se espera que después de una década en la que los islandeses han tenido que apretarse el cinturón, el gasto público vuelva a aumentar próximamente. Una vez dejado atrás el boom financiero, los principales motores de la actual economía islandesa son la pesca, históricamente vital y motivo de crisis diplomáticas anteriores con los estimados británicos en las Guerras del Bacalao (‘Cod Wars’), a la que se añaden dos sectores en crecimiento como el de las energías renovables y el turismo.
Poco después de la crisis bancaria, Islandia volvía a centrar la atención mediática con la erupción de un volcán de imposible pronunciación (Eyjafjallajökull), expulsando una monumental nube de ceniza a la atmósfera y poniendo patas arriba el espacio aéreo europeo. Lejos de los presagios pesimistas que expresaron algunos en su día, desde la industria turística islandesa perciben el fenómeno natural como un verdadero punto de inflexión. A partir del 2010, la sociedad islandesa comenzó a enfocar el turismo de una manera más estructurada y coherente, y desde entonces las cifras de turistas no han parado de crecer, llegando a superar los dos millones el año pasado y convirtiéndose en la mayor fuente de ingresos para la economía.
Sin embargo, de entre todas las actividades económicas que se están desarrollando en la isla, la más llamativa es la proliferación de los centros de procesamiento de datos destinados al ‘minado’ de criptomonedas.
El protocolo de validación en la cadena de bloques de toda transacción con estas divisas criptográficas, como puede ser Bitcoin, se lleva a cabo mediante un complejo proceso algorítmico. El éxito de estos centros en Islandia se debe a un clima propicio (el frío del exterior protege a los procesadores del sobrecalentamiento) y al bajo coste de la electricidad, dado que los procesadores consumen ingentes recursos energéticos para ‘minar’ la solución a esas ecuaciones matemáticas. Citando un dato revelador, el consumo energético de estos centros de datos ya supera al de los hogares islandeses, presentando un escenario problemático en clave ecologista. Algunos alertan del peligro de que Islandia vuelva a verse afectada por su vínculo económico con un mercado volátil como es el de las criptodivisas, por lo que las autoridades tendrán que mantenerse especialmente vigilantes al respecto.
Dejando la economía a un lado y pasando a cuestiones más político-jurídicas, el plan de rescate financiero no es ni mucho menos el único frente abierto por la crisis en el que Islandia ha actuado de forma poco ortodoxa. No solamente se culpabilizó a los banqueros de poner en riesgo al país a través de su irresponsabilidad financiera –también fueron castigados por la justicia con penas de cárcel– . En total, el fiscal Hauksson ha dictado sentencias –desde unos meses hasta cinco años de prisión– contra 38 empresarios, incluyendo a los principales ejecutivos de los grandes bancos, quienes se llevaron los ‘premios gordos’.
Las medidas punitivas emprendidas contra los banqueros islandeses contrastan visiblemente con la relativa impunidad de la que han gozado sus compañeros de profesión en otras democracias.
Destaca el caso de Estados Unidos, epicentro del terremoto financiero. A pesar de que algunos asesores inmobiliarios, inversores y banqueros de pequeñas entidades han llegado a recibir condenas, la justicia norteamericana ha amnistiado a los directivos de las principales entidades financieras de Wall Street, la cúspide de la pirámide. Donde el turbocapitalismo financiero y la búsqueda del enriquecimiento personal forman parte de la idiosincrasia, se puede amenazar la sostenibilidad del sistema sin castigo alguno, según parece, siempre y cuando uno pueda justificar su acción a través de ciertas ‘leyes’ de naturaleza humana-económica, o bien se sea lo suficientemente rico para estar por encima de la justicia. En cualquiera de los dos casos, si la salud democrática de un estado es motivo para la mediación extranjera, pueden considerarse afortunados ciertos estadounidenses de que los islandeses no ejerzan una gran influencia en las relaciones internacionales.
Precisamente, se han mencionado antes los referendos a los que fue sometida la deuda externa, y es que Islandia es un país con un marcado sentido de la democracia. Prueba de ello es el proceso de reforma constitucional iniciado en 2010 por el gobierno de coalición entre socialdemócratas y verdes, tras tomar el relevo de unos conservadores que se vieron forzados a renunciar al poder tras 18 años debido a la presión popular en contra de su gestión. Con el objetivo de redactar el borrador de la nueva Constitución, la ciudadanía eligió a los 25 miembros de la sociedad civil que conformarían el Consejo Constitucional.
Después de una serie de dificultades jurídicas, se celebró un referéndum no vinculante, siendo aprobadas las seis directrices constitucionales sometidas a votación.
Debido al bloqueo por parte de partidos reacios a la reforma, la moción parlamentaria que debía refrendar el texto se retrasó hasta que llegaron unas nuevas elecciones en 2013, tras las cuales se formó un gobierno contrario al proceso constituyente; desde entonces, el proyecto se encuentra paralizado.
Pese a este revés institucional, el éxito democrático del proceso da motivos para creer en la posibilidad de sistemas de gobernanza más participativos. Bien es cierto que el caso islandés es difícilmente extrapolable a países heterogéneos y con millones de habitantes, pero no deja de ser un experimento político realmente interesante y del cual se pueden sacar algunas lecciones.
Más recientemente, los ciudadanos volvieron a salir con fuerza a las calles en 2016 para forzar la dimisión de su primer ministro, a raíz de la información revelada por unos papeles de Panamá que implicaban a un número considerable de islandeses adinerados. En Islandia se valora tanto la transparencia y el periodismo de investigación que en 2010 se aprobó la pionera ‘iniciativa para medios de comunicación modernos’ (Icelandic Modern Media Initiative), destinada a proteger la labor de ‘whistleblowers’ y fuentes anónimas, convirtiendo a la isla de esta manera en una especie de santuario para la libertad de expresión en la prensa.
Todas estas particularidades (y las demás que no caben aquí) hacen de esta remota isla uno de los microcosmos políticos más asombrosos que existen. Alejada de la Europa continental, agraciada con recursos naturales y energéticos, con una población minúscula, homogénea y movilizada por sus ideales democráticos, Islandia es un país a seguir y que a buen seguro seguirá dando que hablar. Diez años después de estar al borde del precipicio, la economía islandesa ha sabido reinventarse a su manera, y aunque es difícil determinar hasta qué punto es comparable su caso con el de otros países, lo que está claro es que la sociedad islandesa no es un mal espejo en el que mirarse a la hora de fijar los estándares democráticos a los que queremos llegar. Tolerancia cero con la corrupción, un sistema judicial que penaliza apropiadamente la temeridad financiera y una implicación ciudadana encomiable en procesos participativos: estas son tan solo tres de las enseñanzas que convendría aplicar en todo el mundo.
