Entrevista con William Bourdon.
Comisiones y expertos en deontología se multiplican sin que la corrupción sea verdaderamente afrontada. Con la profundización de la Unión Europea, el problema se ha generalizado y se ha hecho masivo. Según el abogado William Bourdon, es crucial para la democracia aplicar sanciones más disuasivas, para penalizar comportamientos que pervierten las instituciones políticas y el espacio público.
William Bourdon es abogado del Colegio de Abogados de París y fundador de la asociación Sherpa, que tiene como finalidad “defender a las víctimas de crímenes cometidos por operadores económicos”.
¿Cuál es la enseñanza de las grandes revueltas que llevaron a países árabes a romper las cadenas del despotismo? La corrupción es un cáncer para el Estado de derecho y el desarrollo. En el contexto del desarrollo, la corrupción es más una fuente de empobrecimiento más en los países pobres que en los ricos. Pero sigue siendo un veneno que puede mitridatizar en cada instante la República. Es en primer lugar un factor de privatización del espacio público. Agrava de forma radical la pérdida de confianza, ya históricamente grave en Francia y en Europa, entre los ciudadanos y los encargados de encarnar el bien público y el interés general. Impulsa a los actores a violar la separación de poderes. Porque cuando alguien se corrompe o se aprovecha de su función para enriquecerse solo tiene una obsesión: organizar su impunidad. Necesariamente, esto haría revolverse en la tumba a Montesquieu. Se desprecia a los jueces y se los evita (…)
La corrupción en todas sus formas es un peligro extremo para la democracia y, en fin, agrava los problemas de cohesión social, que es un fermento absolutamente indispensable de la unidad y la solidaridad nacional.
RECOMENDACIONES Y CONTROLES SE REALIZAN SOBRE PAPEL
Para hacer frente al cáncer, es indispensable volver la vista a Europa. No hay que olvidar la necesidad de prevenir los conflictos de interés y de legislar a escala nacional, pero a nivel europeo esta cuestión va siendo cada vez más grave ¿Por qué? En principio, porque la toma de decisiones impacta crecientemente en la vida de 300 millones de personas. Hay una generación de “lobistas” que así lo ha entendido. Han invertido en Bruselas y son conscientes que hay que tratar de retardar, complicar, obstaculizar todo proceso de toma de decisiones público sobre regulación financiera, derecho penal o medio ambiente. No existen mecanismos de control preventivo ajustadas y proporcionales a la importancia de las decisiones públicas adoptadas en Bruselas. La gente es víctima de conflictos de intereses, lo cual es objeto de polémicas y rumores en los pasillos de las instituciones europeas. Pero esto no es suficiente. Algún día habrá que abrir esta gran cuestión de la lucha contra la corrupción a escala europea.
Un ejemplo: la agencia europea encargada de participar en el muy complicado proceso de autorizar el acceso al mercado de los medicamentos. Se sabe que en esta agencia trabajan personas próximas a los grupos farmacéuticos. Si no existe la obligación de declarar, con riesgo de sanción penal, para quienes participan en los procesos de toma de decisiones públicas relativas al mercado de los medicamentos en Europa, se deja vía libre a los laboratorios farmacéuticos que han desarrollado su capacidad de influencia sobre las decisiones públicas más trascedentes, que se planteas a escala planetaria. Es necesario que los ciudadanos europeos tomen conciencia de esto.
No hay exigencias, respaldadas por sanciones penales, para quienes participan en el proceso de toma de decisiones públicas sobre la comercialización de medicamentos en Europa.
En cualquier caso, las nuevas reglas que se han ido implementado en Francia son un pequeño paso adelante, extremadamente cauteloso y tímido respecto a lo que nuestra democracia exige. Los deontólogos a nivel de la Asamblea Nacional, más allá de sus buenas intenciones, disponen de medios, a todas luces insuficientes. Recomendaciones y controles se realizan sobre el papel, la institución es simpática, pero mediatizada e ineficaz. Hay que darle la posibilidad de intervenir ante los tribunales y promover investigaciones. Pero, aunque esté dotada de más poderes no será suficiente. Los deontólogos y las cartas anti-corrupción existen en todas las empresas del CAC 40, lo cual no evita los escándalos. Estas instituciones de control, puede incluso servir para cronificar comportamientos fraudulentos.
LA MENTIRA Y LA DUPLICIDAD PAGAN
La eficacia de las medidas, dependen, sobre todo, de los propios cargos electos. De momento, no hay verdadera obligación de declarar. Cumplimentan sus declaraciones por libre, incluyendo más o menos lo que su conciencia les dicte, sin verdaderos controles, ni riesgo de sanciones penales. El punto esencial está en la posibilidad de poder decirles lo que se quiera a todos los electos del planeta. Se les puede decir “declare si tiene interés en tal o cual sociedad, y cuál es su patrimonio. Desde que la mentira, y la duplicidad pagan, siempre habrá gente que no son necesariamente grandes ladrones, que solo jugarán el juego a medias, aunque sus actos tendrán graves consecuencias públicas futuras, sobre todo en lo que a la pérdida de confianza en la cosa pública por parte de los ciudadanos.
Son necesarias sanciones penales fuertes y disuasivas.
Hay un informe, desapercibido, que explica que el medio ambiente a escala europea no es disuasivo porque las grandes industrias contaminantes han incorporado a sus estrategias financieras el coste que puede resultar de las multas a las que podrían ser condenadas. Ocurre lo mismo con los electos. Hay que hacer que las sancione sean verdaderamente disuasivas para que pueda haber un verdadero control sobre ellos, en pro de la verdad, la probidad y la integridad. Eso es lo que esperan los ciudadanos.
