miércoles, 19 de septiembre de 2018
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Puede parecer, a distancia, que Euskadi es una especie de idílico oasis en el árido paisaje de corrupción que nos rodea. Nada más lejos de la realidad. De tapadillo, a través de redes clientelares muy consolidadas, echando tierra sobre los escándalos, de manera paralegal (que es otra forma de robo) u otras fórmulas, hay vascos que, como cualquier hijo de vecino, se las apañan para pillar dinero público. El PNV se lleva el protagonismo.


Parlamento Vasco


El 8 de enero pasado arrancó el macro-juicio por el gran caso de corrupción en Euskadi: una extorsión de 100.000 Euros que sacó a la luz otros 700.000 en comisiones, 16 millones en operaciones irregulares y hasta un sueño urbanístico de 65 millones. 26 imputados se sentaron en el banquillo y se situaba como cerebro de la trama a Alfredo de Miguel, “Txitxo”ex-número dos del PNV en Álava y ex-diputado. El caso lo destapó una empresaria que acudió a la Fiscalía con 24 grabaciones que muestran que el pago a cambio de adjudicaciones entraba "dentro de lo normal".


El caos se remonta al 16 de marzo de 2010 cuando, junto a Txitxo, fueron arrestados otros dos dirigentes del Araba Buru Batzar del PNV, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, sus tres esposas, un empresario, Jon Iñaki Echaburu, y el gerente de una empresa pública, Alfonso Arriola. Unos meses antes, en diciembre de 2009, la joven empresaria Ainhoa Alberdi había acudido a la oficina del fiscal con grabaciones sonoras y correos electrónicos. Vizcaína y abogada urbanista, explicó que estaba asociada en la empresa Urbanorma Consulting con el constructor Jon Iñaki Echaburu, que había abandonado la sociedad. 


Urbanorma Consulting había recibido recientemente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, cuyo gerente era el nacionalista Alfonso Arriola.


En una grabación se escucha a Tellería decir: “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. También existen correos electrónicos en los que De Miguel -sin ninguna responsabilidad en Miñano- negocia cantidades con Alberdi. En los registros aparecerían luego anotaciones manuscritas aludiendo a “comisiones” y dinero “negro”. Nada nuevo bajo el sol. Los mismos protagonistas, procedimientos idénticos a los de otras muchas causas de corrupción en España y similar lentitud en la tramitación de la causa.


EL 4%


En un informe que marcó un antes y un después en la investigación, la Policía descubrió que una de las sociedades implicadas, Errexal, había recibido pagos equivalentes al 4% de contratos de obra pública adjudicados en ayuntamientos gobernados por el PNV, concretamente Zigoitia y Lapuebla de Labarca. 


Las facturas se camuflaban como supuesto asesoramiento, mecánica similar a la Gürtel o Púnica. 


Errexal también se benefició de más de una decena de contratos adjudicados “a dedo” por el Gobierno para la realización de servicios que tampoco consta que se desarrollaran. En total, las operaciones investigadas ascienden a 15.536.637,36 Euros. Queda excluida de este cálculo la fallida recalificación de 120 hectáreas en la pequeña localidad alavesa de Zambrana, proyecto estimado en 65 millones de Euros.


Los implicados Alfredo de Miguel y Aitor Tellería tardaron diez meses en entregar sus carnés de militantes peneuvistas, algo que solo ocurrió después de recibir la visita privada, sin luces ni taquígrafos, del todopoderoso jefe guipuzcoano, Joseba Egibar, para hacerles entrar en razón. El mismo que, cuando De Miguel tuvo que acudir al Parlamento vasco para dar explicaciones ante la comisión de investigación parlamentaria, se fundió en un abrazo con el presunto delincuente. Todo ante las cámaras.


El 4 de junio pasado, en el ecuador del juicio, tres de los imputados por recibieron 170.000 Euros en indemnizaciones por “despido improcedente”. Alfredo De Miguel y Aitor Tellería cobraron cada uno 22.190 Euros en concepto de indemnizaciones, mientras que el expresidente de la red de parques tecnológicos, Julián Sánchez, se embolsó 128.692 Euros.


La Fiscalía solicita para De Miguel un total de 54 años de prisión, y está imputado por un total de 27 delitos, entre las que están asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude en la contratación, prevaricación, cohecho, coacciones, falsedad documental, malversación continuada de caudales públicos, tráfico de influencias...



Con información de El Diario Norte https://www.eldiario.es/

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