​“Se requieren instituciones robustas y confiables para enfrentar y frenar la corrupción”

Jorge Jaraquemada, abogado de profesión y Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán de Chile, ha sido durante unos años presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, un organismo creado para garantizar el acceso ciudadano a la información pública. Sigue en el Consejo como consejero. Autor de publicaciones y articulista habitual de la prensa de su país.

Jorge Jaraquemada/Captura de https://www.youtube.com/watch?v=0BnT7rJbQlQ

¿Qué ha significado en Chile la constitución del Consejo para la Transparencia?

El Consejo es el órgano garante del derecho de acceso a la información pública y ha venido a llenar un vacío institucional relevante, posibilitando que las personas tomen conciencia que al ejercer el derecho a saber sobre los actos y las decisiones públicas están realizando un escrutinio social que es parte muy relevante de su rol como ciudadanos. Se ha avanzado, en estos diez años, en establecer una cultura de la transparencia que, cada vez con más fuerza, está permeando las distintas instituciones públicas y generando una ciudadanía crítica. Pero al mismo tiempo se ha puesto de relieve que para que la transparencia tenga un impacto relevante en nuestra sociedad, es un esfuerzo que debe ser sistemático y mantenerse en el tiempo.

¿Cómo se ha actuado?

El Consejo es parte importante de un conjunto de reformas institucionales que apuntaron a la modernización del Estado que buscaban establecer un gobierno más cercano a la gente, facilitar la relación de las personas con el Estado, mejorar la gestión de los servicios públicos, profesionalizar la burocracia estatal y lograr un Estado más transparente. Es importante recalcar que este diseño es complementario y que no sirve de mucho si se avanza aisladamente incorporando una reforma por aquí u otra por allá. Debe ser parte de una visión en que exista claridad hacia dónde se pretende avanzar con el Estado.

¿Cuál es la situación de corrupción en América Latina?

Lamentablemente América Latina, en general, exhibe niveles bastantes preocupantes de corrupción. En nuestro subcontinente se presentan una serie de circunstancias que debilitan las instituciones y tienden a naturalizar relaciones informales que favorecen la corrupción, tales como la inestabilidad económica, baja eficiencia gubernamental, una baja participación democrática e insatisfacción con la democracia, bajos niveles de confianza, debilidad del estado de derecho, fragilidad institucional e incluso episódicamente la irrupción del populismo. 

En América Latina conviven países con bajos niveles de corrupción, como Uruguay y Chile, con otros extremadamente altos, como Venezuela y Haití.

¿Qué país es el que está haciendo un mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción?

Me parece que Colombia se ha tomado muy en serio el combate anticorrupción, entendiendo que el poder corruptor del narcotráfico, principalmente, debe ser neutralizado para luego poder construir instituciones que le permitan al país avanzar en su desarrollo.

¿La lucha contra la corrupción está perdida?

No. A pesar de que hay países donde la corrupción se ha vuelto sistémica y, por ende, muy difícil de erradicar, me parece que aún es posible revertir la situación. Puede ser extraordinariamente difícil, tomar tiempo y probablemente requiera de un esfuerzo internacional de colaboración con aquellos países donde la corrupción se ha vuelto endémica pero, así como el mundo ha logrado avanzar hacia la democracia y el libre mercado, aislando a los totalitarismos y el dirigismo estatal, así también creo que puede avanzarse en probidad. De hecho, la libertad política y económica que proveen la democracia y los mercados libres son filtros potentes contra la corrupción.

¿Qué fenómenos concretos de corrupción siguen afectando a los sistemas políticos europeos?

Si bien varios países de la Unión Europea cuentan con un sistema normativo moderno en el ámbito de la probidad y del acceso a la información, aún existen hechos de corrupción que afectan a determinados países. Por ejemplo, hace poco tiempo en Francia pudimos observar que dos candidatos a la presidencia fueron objeto de acusaciones por el mal uso de las asignaciones que les correspondían como parlamentarios (FrancoisFillon, en la Asamblea Nacional y Marine Le Pen, en la Eurocámara). La respuesta de este país fue la correcta al impulsar una normativa que corrigiera estas prácticas a través de la llamada Ley de Moralización de la Política, publicada el año pasado, y que puede servir de estándar para evitar casos de esa naturaleza en el futuro. 

En España existen denuncias de irregularidades que afectan a los partidos políticos y podrían afectar su legitimidad. 

Sin ir más lejos, hace poco más de un mes el Presidente del Gobierno español fue destituido por el Congreso como consecuencia de los actos de corrupción por los que varios miembros de su partido fueron condenados por los tribunales. La normativa española en materia de acceso a la información pública es relativamente reciente (data del 2013) y la cultura de la transparencia, como instrumento para combatir la corrupción, recién se está empezando a masificar en ese país.

¿Qué factores influyen en la corrupción?

Existen una serie de factores que favorecen la corrupción. A mi juicio, los principales son la opacidad o falta de transparencia, una débil fiscalización y rendición de cuentas de las autoridades, la ausencia de un servicio público basado en el mérito, la ineficiencia estatal, la excesiva regulación de los mercados y la alta discrecionalidad en la adopción de decisiones económicas, la falta de sanción de los actos corruptos y la falta de voluntad política para frenarla. La consecuencia que estas circunstancias provocan es un ambiente propicio para la corrupción que conspira contra el buen gobierno y la democracia.

¿La corrupción en Europa es ahora mayor que en la década de los 80 y 90?

Toda afirmación empírica de tal naturaleza enfrenta dilemas de medición. No hay duda que la normativa europea de hoy es muchísimo más exigente que la que existía en aquellas décadas para enfrentar el fenómeno de la corrupción. En tales años, este fenómeno afectó fuertemente a países como Italia o España, por lo que debieron actualizar su legislación en la materia. 

A nivel regional, la Unión Europea dictó el año 2001 un reglamento relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, otorgando un mecanismo para acceder a toda la información proveniente de la institucionalidad europea. 

Este reglamento, junto con las demás regulaciones en la materia, sin duda contribuye a disminuir la corrupción o, al menos, contar con mejores herramientas de control social para prevenirla y fiscalizarla. Lo anterior, conlleva que el ejercicio de la función pública se desarrolle apegado a la legalidad, reduciendo los espacios de arbitrariedad y afectando los incentivos para cometer actos vinculados a la corrupción.

¿Cómo impactaron los casos de corrupción de los años 80 y 90 en la Europa política y económica?

Todos los hechos de corrupción impulsaron nuevos esquemas regulatorios. En ese sentido, se generaron condiciones para que la sociedad civil y política europea tomara conciencia respecto de los desafíos legislativos en materias de probidad y acceso a la información pública. Por ejemplo, junto con el Tratado de Lisboa del 2007, entró en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en donde se incorpora el derecho de acceso a la información como derecho fundamental. A mayor grado de transparencia en la labor pública menores son los riesgos de corrupción y en eso Europa ha dado señales importantes desde el ordenamiento que los rige a nivel supranacional.

¿Y el papel de las instituciones en la situación de corrupción?

Las instituciones tienen un rol clave en la lucha anticorrupción. Se requieren instituciones robustas y confiables para enfrentar y frenar la corrupción. Por ello es preocupante la debilidad que las instituciones políticas presentan en la mayoría de los países de América Latina en las últimas décadas, con algunas excepciones, y los bajos niveles de credibilidad que ellas tienen entre los ciudadanos. Por eso, la mejor manera de enfrentar la corrupción, a mi juicio, es con un enfoque de modernización del Estado, donde la generación de confianza y de fortaleza institucional sean objetivos centrales.

¿Qué papel juega la sociedad?

El papel de la sociedad civil es fundamental, ya que es una de las fuentes de fiscalización sobre los actos de quienes ejercen funciones públicas y efectúan el control social de las autoridades. En este sentido, las autoridades deben rendir cuentas de la gestión realizada a la ciudadanía y, por lo tanto, es necesario que ésta cuente con la posibilidad de ejercer un efectivo examen respecto del ejercicio de las potestades públicas y el correcto uso de los recursos públicos. En Chile, el ejercicio del derecho de acceso a la información ha sido una herramienta utilizada por la ciudadanía y por organizaciones de la sociedad civil, requiriendo diversos tipos de información a los órganos públicos y cumpliendo así con su rol de fiscalización.

¿Cómo se debe actuar con la corrupción?

La corrupción es un mal que afecta a todos los Estados democráticos y sus consecuencias alcanzan a todas las personas y debilitan las instituciones públicas. En este sentido, tanto la regulación como las sanciones a tales hechos deben ser idóneas para disuadir actos de corrupción y permitir el control del uso de los recursos públicos. Desde el Consejo para la Transparencia hemos apoyado la revisión de la legislación en la materia, con especial foco en la transparencia y el acceso a la información pública, de manera de empoderar a la ciudadanía. En el marco de la conmemoración de los 10 años de la publicación de la Ley de Transparencia tenemos una excelente oportunidad para modernizar esta normativa y adaptarla a los desafíos que se nos presentan hoy y que surgirán en el futuro, para coadyuvar en la tarea pública de frenar la corrupción en nuestro país.