La expansión del Estado social y la integración en la Unión Europea, que supuso la llegada de fondos para el desarrollo, propiciaron una mayor intervención de las Administraciones en la economía, para proveer de los servicios y prestaciones que demandaba el cumplimiento de los derechos sociales, culturales y económicos, y para la ejecución de las infraestructuras que impulsaron la modernización del país en los años 80.
Las contrataciones y concursos públicos establecieron un espacio privilegiado de compromiso entre el poder político y los poderes económicos, generando una colusión entre intereses políticos y particulares. La descentralización del Estado, que hace posible la concurrencia de múltiples organizaciones administrativas, difundió y amplificó la promiscuidad entre los agentes económicos y los directivos de los partidos políticos.
En los últimos años asistimos a un profundo malestar en la sociedad española sobre los continuos casos de corrupción.
En las encuestas que de modo regular realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, a la hora de identificar los tres problemas principales que existen actualmente en España, los ciudadanos señalan de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica. Cierto es que la crisis económica ha incrementado el nivel de exigencia social, y aunque la Justicia viene cumpliendo su cometido con cierta eficacia, a pesar de su lentitud, se ha generado en los últimos años un muy alto nivel de alarma social.
Durante este tiempo, jueces y tribunales del orden penal se han visto implicados en la investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción, lo que les ha dado mayor presencia y visibilidad en el espacio público. Se cuentan por centenares las causas y los investigados; algunos personajes públicos cumplen en la actualidad penas de prisión.
Lentamente, y para sorpresa de muchos, la jurisdicción penal está haciendo justicia a responsables políticos y a responsables de los poderes económicos.
La realidad se impone. Aparatos especializados, como las unidades de investigación policiales, los fiscales anticorrupción y los jueces de instrucción, se desenvuelven entre grandes dificultades, pero no han sido neutralizados por quienes están decididos a mantener las inmunidades de los poderes públicos y privados.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
Esta nueva realidad ha hecho emerger problemas y contradicciones en el sistema judicial: la insuficiencia de los medios de investigación, persecución y enjuiciamiento, la ausencia de policía judicial y de expertos en contabilidad y finanzas, la complejidad de los delitos económicos, la capacidad obstaculizadora de las defensas penales de los grandes despachos, la obsolescencia de la normativa procesal, la falta de preparación técnica de funcionarios y estructuras acostumbrados a operar con ilícitos poco elaborados de los débiles y subalternos, los macro-procesos y, sobre todo, la falta de voluntad política para afrontar la corrupción, responsabilizar a los infractores y desplegar los declarados fines preventivos de las penas.
La independencia judicial se expresa, a semejanza de cualquier forma de poder, como una relación entre quien detenta sus resortes y los que le deben obediencia; de ahí que se convierta en lugar privilegiado de la lucha política cuando los tribunales cuestionan las inmunidades del poder y pretender quebrar la impunidad de los actos ilícitos de quienes ostentan el poder. En este momento, la independencia se discute, de modo principal, en el ámbito de la instrucción y del enjuiciamiento de los delitos de corrupción. Porque, inevitablemente, se incrementa el enfrentamiento de los tribunales con los otros poderes públicos y con los poderes económicos: la acometida contra la independencia se hace de modo directo, abrupto y sin subterfugios.
Los niveles que ha alcanzado la investigación de los delitos de corrupción están agravando la crisis de la política de partido y del sistema de representación, lo que hace previsible el intento de politización de los procesos penales.
En este contexto, la mayoría de las asociaciones judiciales y de fiscales, compartiendo la preocupación ciudadana, emitieron ya en el año 2014 un comunicado sin precedentes apelando al fortalecimiento del Poder Judicial como único garante de corregir las desviaciones de poder. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.
Por ello, con la finalidad de combatir esa lacra que es la corrupción resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:
Citar en primer lugar, una nueva normativa sobre la financiación de los partidos políticos, centrándose en la supervisión de los préstamos, la consolidación de las cuentas de los partidos (incluidas las ramas regionales y locales y otras entidades vinculadas a los partidos políticos), la mejora de los controles financieros internos, los controles exhaustivos efectuados en su debido momento por el Tribunal de Cuentas, y un régimen de sanciones reforzado. Y la revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.
INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DESTINADO A JUSTICIA
En segundo lugar, el “Cuarto informe de evaluación del Consejo de Europa relativo a la prevención de la corrupción con respecto de los miembros del parlamento, jueces y fiscales” (Informe del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), con críticas al sistema español de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de recordar la importancia de que el poder político no interfiera en el judicial. La colonización por los partidos políticos de las instituciones y, especialmente, las vinculadas al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en una mera caja de resonancia de la confrontación partidista, acarrea importantes consecuencias en este órgano. Igualmente, el referido Grupo indica las medidas anticorrupción que nuestro país aún no ha adoptado, entre las que destaca en el ámbito de la Justicia, que se analice el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial, que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos de las altas funciones de la judicatura y que se amplíen los plazos de prescripción de los procedimientos disciplinarios de los jueces.
Resulta igualmente inaplazable un incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios, junto a Irlanda y Portugal, que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el citado informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa. Según el informe publicado por este mismo organismo, que evalúa cada dos años los sistemas judiciales europeos, realizado en 47 países, arroja que en el año 2016 había 12,2 jueces por 100.000 habitantes en España cuando la media europea es de 21.
INSTAURACIÓN DE UN NUEVO MODELO PROCESAL
La dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, sería la cuarta propuesta, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
En quinto lugar, la instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción. No debemos de olvidar que nuestra decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal es la única norma procesal preconstitucional de los cuatro órdenes jurisdiccionales.
Es imprescindible, en sexto lugar, la mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
En séptimo lugar, debe de reducirse el número de aforados en el ámbito político, así como la limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
Finalmente, es conveniente la reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución y un control riguroso de los procesos de privatización.
