jueves, 19 de julio de 2018
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< ver número completo: La corrupción que no cesa
José Molina Molina

​Responsables de la corrupción

Doctor en Economía y Sociólogo

Es alarmante el secuestro del sector público por los grandes grupos económicos que viven atrincherados dentro de las estructuras del Estado para beneficio de sus objetivos. Así lo han puesto de manifiesto en el primer Congreso de Historia de la Corrupción Política en la España Contemporánea (Barcelona 2017). Historiadores, politólogos, penalistas, economistas y de otras disciplinas, analizaron la corrupción en la contratación pública, subvenciones, urbanismo, y la financiación de los partidos políticos.


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Desde los inicios del liberalismo, y ya en las Cortes de Cádiz, se denunciaron que notables y caciques generalizaron la corrupción que continuó en la monarquía con Fernando VII, la regente María Cristina, Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII. El profesor Viñas, en la clausura del Congreso denunció la corrupción sistémica del franquismo, donde se organiza la justicia como administración y nunca como un poder judicial independiente. Dificultar su independencia y obstaculizar una justicia rápida y eficaz para perpetuar un sistema opaco donde se perpetua la inmunidad.


El profesor Villoria manifiesta que el actual sistema democrático ha descendido más de 30 puntos en los rankings europeos que valoran el grado de percepción que los ciudadanos tienen de sus administraciones, y el último informe del CIS califica a la corrupción como el segundo problema después del paro. Se puede pensar que persiste un neo-caciquismo local y regional que se ha mantenido de forma persistente alimentando sus propios beneficios y manteniendo a ciertos políticos.


Este entramado social, muy mezclado con el tejido social y cultural ha dado como consecuencia esa permisividad justificativa con la corrupción. Poniendo en evidencia que no se ha realizado el suficiente trabajo de recuperación de una conciencia comprometida con los valores éticos por la ciudadanía.


No hemos sabido trasladar a la ciudadanía hasta qué punto la corrupción ha sido un elemento para la falta de desarrollo democrático de nuestro sistema político. 


Ese factor de retraso democrático, de cultura, de control y de rendición de cuentas, es lo que ha distorsionado que electoralmente no se haya castigado al corrupto o al partido que lo apoyara.


O SOMOS UNA DEMOCRACIA REAL O NO SEREMOS NADA


Es lamentable, peligroso diría yo, que nuestra democracia no sea capaz de crear un Estado que pueda gobernarse y perdurar sin ninguna de las lacras históricas de la corrupción, porque o lo conseguimos pronto o se desintegrará, así nos lo explican Acemoglu y Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”. O somos una democracia real, o no seremos nada. La ciudadanía está expuesta a ese riesgo de desintegración y cuando se encuentra desamparada, es cuando surgen los caminos del populismo que nos conducen a los vergonzosos recintos que la historia nos recuerda.


Está claro que no todo el que ha tenido poder ha actuado igual, pero lo que está muy demostrado es que hay culpables. 


Culpables con nombres y apellidos, con cuentas en paraísos fiscales, con propiedades fuera y dentro del país, con un cierto silencio a ese tráfico que no cesa, y no se rompe. Y no ocurre porque está amparado y diseñado por algunos grupos de profesionales especialistas en estas artes de evadir, organizar entramados off short con fiduciarios, así como múltiples formas jurídicas a las que se prestan los servicios financieros de muchas entidades que sirven de tapadera para impedir ser identificados.


Mientras no se rompa este silencio, no podremos conocer el grado de moral pública que mantienen nuestros gobernantes. No habrá autoridad moral en los políticos, mientras no elevemos el listón de las exigencias, por ejemplo, se precisa un régimen de incompatibilidades en los parlamentos, así como una legislación donde se proteja al denunciante y con mecanismos de expulsión del presunto corrupto de las instituciones, sin confundir el derecho constitucional de la presunción de inocencia de las personas, con el derecho de las instituciones a la defensa de su dignidad, para lo cual hay que instrumentar mecanismos para apartar de las mismas a quien tiene alguna sombra. Estamos en un tiempo de ejemplaridad, y el sistema se basa precisamente en la virtud política que desea sentir la ciudadanía y sin esa sensación se carece de base para otros pasos en la vida democrática y crear nuevas estructuras y canales de participación que den estabilidad a un sistema más justo. Es el pensamiento roussoniano de no someter sino de gobernar para una sociedad.


CASTIGAR POLÍTICAMENTE PARA EVITAR EL CONTAGIO


Es una forma de no sentirnos cómplices de la injusticia, de unos representantes de “oídos sordos” que no se mezclan con la ciudadanía al debate de los problemas, sino que lo hacen en “actos del partido” cerrados en la exclusividad para los “suyos”. Porque de esa forma no oímos lo que nos dice la sociedad, que corrupción es dejar a personas sin hogar haciendo operaciones con fondos buitres. 


Corrupción es mentir reiteradamente a la ciudadanía. Corrupción es mantener a un sector de la sociedad en el umbral de la pobreza, o en la desnutrición infantil. 


Corrupción es la ingeniería financiera o fiscal que se practica para no pagar impuestos. Corrupción es acordar las cláusulas de revisión en los contratos públicos elevando al doble o al triple del valor de lo adjudicado. Corrupción es permitir la impunidad en los delitos de cuello blanco, así como las puertas giratorias, la violencia en el trato, socializar las perdidas, la especulación, los lobbies de las multinacionales para imponer sus condiciones en los mercados. Corrupción es siempre violencia del poderoso contra el más débil, para dejarlo todavía más explotado.


Es el círculo de la corrupción con el “mal gobierno” al que hay que castigar políticamente para evitar un contagio, convirtiéndoles en políticamente inaceptables, sabiendo cortar por lo sano, que es atajar las consecuencias nocivas y aliarse con el bien común.


España no es un caso de corrupción sistémica, es un caso serio de corrupción política, así lo afirma Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado (2009) en el Congreso, con 730 causas abiertas en aquella fecha. Ahora los casos de Bárcenas y Urdangarin han llevado a las instituciones a ser consideradas por los ciudadanos de dudosa reputación, provocando desconfianza institucional y cierta sensación de impunidad. Así nos lo explica Villoria, por ese defecto de origen que carece de los mecanismos adecuados de una rendición de cuentas independiente, una contratación pública secuestrada por los intereses privados, un urbanismo en manos de los especuladores y con un clientelismo político que lo contamina todo.


HAY QUE ROMPER EL SILENCIO


Si nos adentramos en la compleja contratación pública, nos podemos encontrar con contratos teledirigidos por el concursante, conflictos de intereses no resueltos, arreglos previos, criterios de selección poco claros, diseño de contratos realizado por el adjudicatario, abusos en los procesos negociados, modificados injustificados, abusos de emergencias, y un largo etcétera que nos sitúa claramente ante el problema que en España no hay instituciones con suficiente independencia para combatir con imparcialidad el problema.


A modo de conclusión, observo a la corrupción como una conducta aprendida, y sobrevive porque dentro de las organizaciones se ha consentido, no es casual que los cuatro últimos tesoreros de un mismo partido político hayan sido implicados en procesos por este motivo. Es por ello por lo que se precisan cambios y reformas, tanto de leyes, algunas orgánicas, un cambio de cultura y sobre todo vivir los valores éticos para el gestor de lo público.


Hay quien ha pedido que la corrupción sea un delito de prescripción a largo plazo, más de 20 años, pero lo que no debería prescribir nunca es el enriquecimiento ilícito que ha obtenido el corrupto, porque una sociedad democrática no puede consentir que aquellos que vulneraron los principios, sus herederos disfruten de los saqueos que realizaron de las arcas públicas.


Esto me dice el sentido democrático, y como compromiso debo difundirlo a todos los rincones de la sociedad, porque tengo muy claro que los corruptos son los que socaba el sistema, impiden el desarrollo económico, nos hacen menos competitivos, ahuyentan al inversor sensato, perpetúan la pobreza y sobre todo, porque la democracia está viendo restringida su capacidad de acción a un juego de intereses al margen de la ciudadanía.


Hay que romper el silencio y defender el proceso democrático sin miedos para liberarnos de esta pesada carga de los corruptos y corruptores y demandar que los ciudadanos queremos ser ese observatorio activo en la gestión del gasto público para que esta democracia sobre viva y proyecte una distribución justa de las rentas que produce.


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