Es cierto que la política económica de Donald Trump ha girado hacia los ricos y parece incoherente, pero engarza con el proteccionismo tradicional de los EE.UU. en la historia. Más que inflamarnos en condenas del trumpismo, preguntémonos sobre verdaderas políticas industriales.
Martes, 6 de marzo. La dimisión de Gary Cohn, el principal consejero económico de Donald Trump levantó mucha polvareda. No fueron solo las opiniones alambicados de Trump sobre los violentos enfrentamientos entre dos supremacistas blancos y los anti-racistas de Charlottesville lo que impulsó al Presidente del Consejo Económicos Nacional (NEC) a abandonar sus funciones. A la vista de la gravedad de tales opiniones y de los desacuerdos que surgieron en agosto de 2017, una decisión así habría sido comprendida, como lo fue la dimisión motivada por las divergencias que les enfrentaban sobre los acuerdos de París sobre el clima.
Pero es sobre otro asunto más grave e importante el que indujo finalmente a Cohn a abandonar su cargo. La decisión de Donald Trump de imponer tasas aduaneras del 25% sobre las importaciones americanas de acero y del 10% sobre las de aluminio. Tales cuestiones podrían parecerle secundarias a cualquier persona razonable. Sin embargo, desde el punto de vista de las ideas del establishment económico y de la corriente dominante, que mantiene sus principios contrarios al establecimiento barreras aduaneras, Trump ha cometido una falta bastante más grave que la negación del calentamiento climático o el tratamiento deletéreo de minorías, del cual su gobierno se reconoce culpable. Establecer una protección tarifaria pone en cuestión el dogma según el cual el libre cambio sería en siempre y en cualquier lugar la receta universal para asegurar el crecimiento y el pleno empleo.
SE TRATA DE SABER SI SE PUEDE CUESTIONAR EL DOGMA
Desde el principio, seamos claros. Lejos de nuestra idea defender la política, incluso económica, de Trump. Esta política, profundamente incoherente y claramente al servicio de las clases más adineradas, no es en ningún caso deseable. Recordemos, entre otras cosas, que la reforma fiscal (promovida por Cohn) el pasado diciembre consiste en una bajada de impuestos estimada en un billón y medio de dólares en una década, cuyos beneficiarios son el 1% de los más ricos (los que sus ingresos superan los 500.000 dólares anuales). Ellos quieren así economizar la módica suma de 60.000 millones de dólares en impuestos. En el reverso de sus promesas de campaña, de reinstaurar una estricta separación de los bancos de inversiones y de ahorro, el equipo de Trump decidió en abril de 2017 adherirse a la ley de reglamentación financiera Dodd-Frank (adoptada en 2009, a raíz de la crisis financiera). Haciendo esto, su gobierno incrementa el riesgo de una nueva y más grave crisis financiera.
Sin embargo, ¿Hay que ver con malos ojos las medida proteccionistas sobre las importaciones de acero y aluminio?
Es verdad que el efecto de estos gravámenes sobre el empleo en los EE.UU. está lejos de ser significativo. Los sectores objeto de la protección emplean 140.000 personas, lo cual no es insignificante, sobre todo si se le añade el empleo indirecto, pero que solo representa una gota de agua en relación con la población activa estadounidense (158 millones de personas). Es también cierto que estas medidas no se destinan a proteger las nuevas industrias, sino más bien a sectores en declive productores de bienes intermedios, lo que hace difícil justificarlas desde el punto de vista de la teoría económica. También es cierto que estos aranceles son susceptibles de encarecer los costes de fabricación de oros sectores y tener efectos sobre la competitividad y la rentabilidad de empresas americanas. Pero la cuestión que se plantea no es la del impacto de estas medidas sobre la economía americana.
La verdadera cuestión que plantea la dimisión de Cohn va más lejos. Se trata de saber si se puede, con toda serenidad, cuestionar el dogma según el cual el libre cambio sería favorable al empleo y el crecimiento en cualquier momento y todo lugar. Dogma que es compartido no solamente por las élites económicas de los países desarrollados, sino por una aplastante mayoría de economistas. Sin embargo, la teoría neoclásica dominante reconoce que el libre cambio conlleva pérdidas, que dicen ser compensadas por las ganancias. Este aspecto fundamental es sistemáticamente olvidado por las instituciones que defienden sus virtudes, como la OCM y la Comisión europea. Los agentes afectados negativamente por el libre cambio, como los obreros de las industrias tradicionales, plantean una reivindicación legitima de protección tarifaria o cuantitativa, que ha sido uno de los elementos del voto a Trump. Con la instauración de estos aranceles al acero y el aluminio, éste no hace más que cumplir su promesa de campaña y satisfacer a su clientela electoral.
LA CUESTIÓN DE LAS BARRERAS ADUANERAS MERECE SER DEBATIDA
La cuestión de la pertinencia de la instauración de barreras aduaneras merece en cualquier caso ser debatida. Sobre todo, en el caso de que la iniciativa procede de un país con una aplastante mayoría de economistas de las grandes universidades que han teorizado sobre las virtudes del libre cambio y lo han grabado en mármol en los manuales de la economía internacional, y que los EE.UU. son percibidos a escala mundial como el principal país promotor del libre cambio, considerado como una de sus tradiciones históricas.
Visión en todo caso, muy errónea. Los EE.UU. son, por el contrario, siguiendo la fórmula del historiador de la economía Paul Bairoch, “la patria y el bastión del proteccionismo moderno”. Contrariamente a la idea dominante según la cual habría sido el economista alemán Friedrich List quien habría inventado la idea de la protección de las industrias en sus comienzos, fue Alexander Hamilton, el primer Secretario del Tesoro de los EE.UU. (1789-95) quien teorizó la idea según la cual ninguna nueva industria podría resultar competitiva internacionalmente sin una ayuda gubernamental, en forma de derechos de aduana y en algunos casos hasta de prohibición de las importaciones.
Por su situación geográfica, las industrias estadounidenses se beneficiaron hasta el final de la segunda guerra mundial, de una protección implícita ligada a los costes del transporte.
Y también que recordar que la clave central de la Guerra civil americana no fue tanto el esclavismo como las tarifas aduaneras. Abraham Lincoln no creía mucho en la emancipación de los negros, ideal sin ninguna posibilidad de inmediata puesta en marcha por unos seres, según él, racialmente inferiores. E incluso no libró batalla por ello. Por el contrario, Lincoln tenia firmes convicciones proteccionistas y el Whig Party, del cual era miembro, sostenía el “sistema americano”, cuyos ingredientes principales eran el proteccionista y el desarrollo de las infraestructuras.
TRUMP ENGARZA CON UNA TRADICIÓN MUY ANTIGUA EN USA
Según Paul Bairoch, las tarifas aduaneras medias de los EE.UU. se elevaron al 44% en 1930, 37% en 1925, 48% en 1931, y cayeron al 14% en 1950, ya que no fue hasta 1945 que los EE.UU. comenzaron a liberalizar sus intercambios y a promover el libre comercio. Y fue entonces cuando comenzaron a recomendar la bajada de las tarifas aduaneras a países cuyas industrias no pudieron desarrollarse al abrigo de protecciones aduanera o, dicho de otro modo, según el economista de Cambridge Ha-Joon Chang, a “retirar la escala” de la cual se habían ellos mismo servido para alcanzar la talla crítica necesaria para aprontar el mercado mundial. Bairoch muestra así, en un tiempo dilatado, que los períodos caracterizados por las mayores protecciones son también, frecuentemente, los más prósperos, ya que el sentido de la causalidad va según él de la prosperidad (adquirida al abrigo de las protecciones aduaneras) a la apertura.
Decidiendo instaurar tasas aduaneras a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio, Trump engarza con una tradición de su país antigua y bien anclada.
Y, en fin, incluso si el impacto económico de sus medidas es dudoso, tienen el mérito de relanzar el debate que, por haber estado prohibido por las élites intelectuales y financieras de los países desarrollados no deja de ser legítimo.
Naturalmente, el proteccionismo no podrá por sí mismo constituir el alfa y el omega de una política económica. Las medidas proteccionistas pueden constituir un útil, que combinado con otras políticas -y en particular las políticas industriales y las políticas de regulación financiera- pueden tener sentido y permitir mejorar el empleo y contribuir a responder a las crisis ecológica, económica y social que atravesamos. Medidas proteccionistas pertinentes podrían, por ejemplo, aplicarse a la calidad y la durabilidad de los productos, el respeto a las normas medioambientales, el kilometraje recorrido por los productos e incluso el respeto a los derechos sociales o los niveles salariales. De este modo, sería sin duda preferible instaurar protecciones bajo la forma de normas o tasas kilométricas que hacerlo sobre ciertos productos.
En definitiva, el debate concerniente al proteccionismo merece la pena ser reabierto y este es el principal mérito de las recientes decisiones estadounidenses.
