domingo, 18 de noviembre de 2018
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José Juan Videla Rodríguez

​Periodistas y medios públicos: una lucha solitaria

Doctor en Ciencias de la Información y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de A Coruña

Los medios de comunicación públicos son absolutamente necesarios. Así de rotundo y así de claro. Es una afirmación, más bien una declaración de principios, que hago de entrada para que nadie se lleve a engaño o se confunda a la luz de las críticas que pueda hacer a lo largo de este artículo. Son imprescindibles, aunque sólo sea para cubrir los vacíos o las ausencias de los medios privados.


Medios


¿Por qué es imprescindible que existan medios públicos? Por la misma razón que son necesarios los hospitales públicos, las autovías libres de peaje o la enseñanza gratuita y universal. Es decir, porque refuerzan el derecho a la información. Empleo el verbo reforzar porque, obviamente, los medios de comunicación públicos no tienen en exclusiva la tarea de permitir el libre flujo de información y opinión; los medios privados son también, y con mayor responsabilidad si cabe porque son más numerosos, garantes del derecho a una información plural, inherente a las democracias parlamentarias.


Una vez afirmado el valor de los medios de comunicación públicos podemos describir cómo debería ser su actividad: neutral ideológicamente, con calidad desde el punto de vista de los contenidos, rigurosa en la gestión económica, abierta a todos los grupos sociales, ajena a los condicionamientos comerciales y al servicio de los intereses generales. No son tareas menores, en realidad son muy relevantes y modélicas si se llevan a la práctica, algo que en el caso español no ha sido lo habitual tanto a nivel estatal como autonómico y con gobiernos de todas las ideologías.


Los ejemplos son variados, pero básicamente podría resumirse en parcialidad informativa y negligencia en el manejo de los presupuestos. 


La RTVE en los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, o la CRTVG en los mandatos de Manuel Fraga, Emilio Pérez Touriño o Alberto Núñez Feijoo ofrecen numerosos ejemplos de mal uso de los medios públicos. Aludo a los casos español y gallego porque son los que conozco, seguro que cualquier lector podría poner ejemplo de otras televisiones autonómicas.


LOS MEDIOS PÚBLICOS TIENEN MUCHO QUE MEJORAR


No cabe ahora explicar por qué ha sucedido esto, pero en mi opinión está relacionado con la forma en la que los partidos políticos ocupan todas las instituciones que consideran imprescindibles para garantizar su permanencia en el poder. También ha influido el hecho de que RTVE, el gran medio público español, nace en plena dictadura franquista, es decir, al servicio de un régimen dictatorial y con monopolio audiovisual. Cuando llega la transición y la posterior normalidad democrática los nuevos gobernantes descubren que RTVE sirve muy bien a sus intereses. Y ese vicio se reproduce luego en las televisiones autonómicas con diferentes grados.


Han pasado cuarenta años desde las primeras elecciones y el panorama de los medios de comunicación públicos tiene mucho que mejorar. 


Eso lo saben todos los profesionales que trabajan en ellos porque son los que sufren en primer lugar las consecuencias de su uso partidista y de la mala gestión. Ahí está la dramática experiencia de los trabajadores de Canal Nou, la radiotelevisión valenciana, liquidada en su momento por el gobierno de Alberto Fabra como resultado final de una catastrófica gestión económica. Los empleados se fueron a la calle y los responsables encontraron acomodo en otros despachos.


En numerosas ocasiones he tenido la oportunidad de debatir sobre el papel de los periodistas en los medios públicos. Entre otras cosas porque durante veinte años he trabajado en uno de ellos. Yo sostengo que trabajar en un medio público es muy fácil. No obstante, la responsabilidad intrínseca del periodista. Un medio público tiene que hacer con la información algo tan sencillo como dar voz a todos los protagonistas con rigor y profesionalidad, es decir, hay que presentar la actualidad ofreciendo todas las vertientes que honestamente se consideren imprescindibles para que el receptor se forme opinión y se desarrolle como ciudadano (reitero que los medios privados también pueden actuar de la misma manera, dependerá de los valores y criterios de sus propietarios).


Los periodistas de los medios públicos llevan años denunciando la prostitución del papel de estos medios en España. 


A falta de consejos de redacción institucionalizados, han proliferado las agrupaciones más o menos formales dedicadas a fiscalizar desde dentro la actividad de las corporaciones públicas y denunciar su uso espurio, tanto desde el punto de vista de los contenidos informativos como de los de entretenimiento en general. Indudablemente lo ideal sería que existiesen cauces institucionales de control interno, pero eso no es previsible que ocurra a corto plazo. Por lo tanto, hay que fiarlo todo a las iniciativas de los profesionales.


LOS PROFESIONALES, ÚNICO DIQUE CONTRA LA MANIPULACIÓN


¿Cuáles son las pautas de ese trabajo de control? Ni más ni menos que lo que señala el artículo 2.1 de la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal actualmente en vigor, pero que se podría aplicar al resto de televisiones autonómicas: "El servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos".


Es evidente que lo anterior no se está cumpliendo. Más allá de cualquier consideración, corresponde a los profesionales velar por su efectiva vigencia. Otros colectivos los podrán acompañar, pero ellos son la primera y la única barrera para evitar la manipulación y la vulneración de los principios que deben regir su actividad. Decimos que son los primeros porque son los encargados de seleccionar y elaborar los contenidos; por lo tanto, en la medida que cumplan con su tarea estarán defendiendo el valor del medio público; pero también son el único dique contra la manipulación y el partidismo porque, por lo visto, nadie más parece estar interesado en poner coto a las malas prácticas en los medios públicos. Desde luego no una parte de los responsables de las redacciones y la gran mayoría de los directores y gerentes, colocados en su puesto por los partidos políticos.


Esta visión de la situación de los medios públicos y del papel que en ellos corresponde a los periodistas podría variar en el futuro. La realidad y las perspectivas no mueven al optimismo. En todo caso corresponde a los actores implicados tomar medidas, en la medida de sus responsabilidades, para conseguir que se cumpla el artículo 2.1 de la Ley de la Radio y la Televisión antes citado.

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