La política, como la propiedad y el dinero, sacralizados, gozan de un trato de favor legal que, solo ahora, comienza a agrietarse. Prueba de ello, es la toma de conciencia sobre la corrupción y el castigo que merece, y la percepción de que en política no todo vale. Ejemplo: el debate suscitado en torno a los delitos que se imputan a los nacionalistas catalanes, por los sucesos acaecidos en Cataluña hace ahora un año.
Los actos humanos, todos, siempre tienen consecuencias. No resultan neutros o inocentes, incluso si han sido realizados sin intención. Se miden por sus efectos y, en buena lid, con el mismo rasero. Sin embargo, el nivel tampoco es imparcial e inamovible, sino todo lo contrario. Varía, y mucho, en función del entorno, los valores imperantes, las costumbres, los intereses, etc. etc. etc. Hoy en día, gracias a Dios, no se juzgan del mismo modo las creencias religiosas que en siglo XVIII y, sobre todo, no acaba uno en la hoguera por ser considerado disidente. O sea, la Justicia no es absoluta sino relativa, sometida a los vaivenes de la vida y, de algún modo, adaptada a las cosas. Algo, que, sin duda, ha sido y es materia de muchísimo estudio por parte de los profesionales del Derecho.
Poco de extrañar tiene, en consecuencia, que no todas las personas y las cosas gocen del mismo trato.
Nada más claro, sin ir más lejos, que las abismales diferencias existentes hoy en día a la hora de juzgar y condenar los atentados contra la propiedad. Robar, aún si se hace impelido por la imperiosa necesidad de comer, puede ser considerado un acto criminal execrable. Hacerlo a gran escala, en la sombra, con alevosía, puede gozar, sin embargo, de una escandalosa impunidad. Lo primero, resulta elemental, visible, molesto… Y, en consecuencia, reclama un castigo ejemplarizante. Lo segundo no solo es imperceptible, sino que, en general, resulta comprensible, disfruta de buena prensa y hasta puede estar amparado o consentido por las leyes.
EL ENRIQUECIMIENTO NO CAE DEL CIELO
Enriquecerse no ha sido considerado un delito, sino al revés. Sin embargo, se sabe que el enriquecimiento no cae del cielo como rocío en primavera. Se sabe que su razón de ser hay que buscarla en el robo. Explícito, implícito o correspondiente. Y se sabe que la dimensión y la velocidad del enriquecimiento esproporcional al tamaño y la celeridad del robo. Todo esto, claro está, tiene lugar no de manera mecánica, lineal, sino enormemente sofisticada. Hasta con normas que lo regulan. El quid de la cuestión está en las líneas divisorias ¿Por qué y hasta cuando algo deja de ser legal? ¿Cómo y quién establece las a veces delgadas líneas que separan el robo de lo que se considera que no lo es?
No hay duda que muchos de los corruptos se habrán sorprendidos cuando se les ha acusado de corrupción. Para ellos, apropiarse de lo ajeno como lo hacían es algo de lo más normal ¿No ha venido haciéndose siempre así?
En el fondo de la cuestión late, en fin, un ánimo de comprensión. Se entiende por qué y cómo se roba. Y por ese camino la cosa acaba llegando al amparo, cuando no a la impunidad. Se acaba entendiendo, pues, que el dinero goza de privilegios o, lo que es lo mismo, que el sistema ampara al dinero. Y lo que está relacionado con el dinero se interpreta con manga ancha. El dinero está por encima de las cosas, porque así le interesa al statu quo. En este estado de cosas, a la hora de legislar, algunos robos dejan de ser considerados robos, otros por las circunstancias lo son menos, etc. Faltan figuras penales para calificarlos. Y por esa rendija, se cuela la delincuencia que, por ejemplo, hemos dado en llamar “de cuello blanco”, que es la que suele realizarse por ricos y poderosos.
Valga toda esta larguísima disquisición para ilustrar lo que sucede con la política y el poder. Otro ámbito que también ampara y privilegia el sistema, hasta el punto de entender que es una esfera aparte, algo sobrehumano, casi mágico. Prueba tangible de ello es el famoso aforamiento del cual gozan miles de personas que ejercen el poder y que, sencillamente, consiste en que no se les puede aplicar la ley como a cualquier hijo de vecino o que, en el caso de hacerlo, hay que pasar por variados y complejos procedimientos.
El ejercicio de la política acaba considerándose algo sui géneris, al margen y por encima de otros actos humanos.
Un espacio donde se pueden llevar a cabo cosas que en otros ámbitos estarían mal considerados o serían constitutivas de delito. Entendiendo que lo que se hace en política, por mandato o delegación de otros, de la gente, los votantes, está exento de responsabilidad. Por el contrario, el sentido común parece aconsejar que los actos políticos o realizados al amparo del poder deberían ser más un agravante que un atenuante. En consecuencia, el aforamiento tendría que entenderse y practicarse al revés.
LOS POLÍTICOS NO VAN A TIRARSE PIEDRAS SOBRE SU PROPIO TEJADO
Lo que ocurre, diría Perogrullo, es que la política, los políticos, quienes ejercen el poder en ese marco…, no van a tirarse piedras sobre sobre su propio tejado. No van a ser tan radicalmente radicales como para meter el dedo en el ojo de los propios. Hasta el punto de carecer de figuras legales adaptadas a actos realizados en el ejercicio del poder y de la política. En consecuencia, se conforma un espacio de impunidad, en el cual todo o muchas cosas pueden estar permitidas. Y, como forman parte de la política, no tiene porqué pasarles nada a quienes los protagonizan.
Es más. Como la cosa es política, se trata de manejarlo en ese ámbito y, al final, se acaban pactando cosas que, legítimamente, reclaman justicia. Que, quizá con la loable intención de evitar males mayores, reclaman echarles tierra y aquí no ha pasado nada.
“Dejad que los muertos entierren a sus muertos”, como reza el evangelio de San Lucas. Y que la vida (política) siga.
Este es el caso, bien claro, de los dirigentes nacionalistas catalanes que se han saltado la ley a la torera. Se consideran sujetos políticos y, en consecuencia, reclaman el amparo que, a su juicio, les brinda la política, por encima del bien y del mal. Como si la política fuera la gran lavadora universal de los desaguisados. Pero sus actos han tenido y tienen consecuencias, en ocasiones muy dañinas y trascendentales como, por ejemplo, romper el pacto implícito entre catalanes con identidades diversas, alentar la creación de fuerzas disgregadoras, enfrentar a la gente con la gente quebrando vínculos sociales, familiares, de amistad… Incitar, en fin, al odio ¿Todo esto es baladí?, ¿Sin trascendencia?, ¿Cómo un chaparrón de verano?
¿Existen figuras legales adaptadas a lo que ha venido haciéndose en Cataluña? ¿Tienen acaso que existir tales leyes o hay que dejarlo todo al libre albedrío de la política? ¿Se puede y se deben juzgar en fin a los responsables de los actos protagonizados por los líderes nacionalistas? ¿Son las figuras de rebelión y malversación las únicas que pueden esgrimirse para juzgarlos? ¿No se echa a faltar un marco legal que contemple con más precisión los actos que se realizan en el marco de la política? ¿Cómo se puede pedir a los tribunales europeos que juzguen a Puigdemont y sus consejeros fugados, en función de figuras quizá inadaptadas en la misma España?
LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA NO FUNCIONA PARA DELITOS MACRO-POLÍTICOS
“La orden de detención europea se aplica al robo de vehículos motorizados. Sin embargo, cuando se trata de delitos macro-políticos, no funciona”, afirma en estas mismas páginas el profesor Stefan Braum, de la Universidad de Luxemburgo. “Las reacciones de las autoridades judiciales alemanas y otras autoridades judiciales europeas a la solicitud de una orden de detención española, la demanda de un Estado de derecho democrático, nos muestran que la ley penal europea es un reflejo de la crisis de confianza entre Estados miembros de la Unión Europea: una crisis resultante de la pérdida de principios jurídicos comunes”, agrega.
Más allá del delito de rebelión, que esgrimen los jueces españoles encargados de la causa del “Procés” y de la “alta traición”, que parecen manejar los jueces alemanes, la que está planteada es una cuestión de gran calado sobre el propio ejercicio de la política, en cuyo contexto se pueden realizar actos tan enormes y graves, que hasta resulta difícil evaluarlos, aunque sus efectos sean perfectamente perceptibles.
Quizá a modo de conclusión, no estaría de mal plantearse que, en todo caso, los delitos políticos podrían ser juzgados por el corpus político, por la sociedad ¿Por toda? ¿Por parte de ella? ¿Solo por quienes se sienten agraviados? Difícil tesitura. Pero ¿Porqué, por ejemplo, no escenificar juicios en que gente, escogida al azar o representando de algún modo el sentir social, juzgara a los imputados y dictara sentencias simbólicas, como por ejemplo estar perdiendo perdón todos los días de su vida? Cosa que, se asemeja a lo que teóricamente tendrían que haber hecho los tribunales populares, ahora anatemizados e innombrables ¿Se atreverían Puigdemont, Junqueras y compañía a responder a calzón quitado y ante las cámaras de televisión a todo lo que la ciudadanía quisiera preguntarles? ¿Podría contribuir esto a que ellos y sus seguidores tomaran algo conciencia sobre las barbaridades que han protagonizado y, en consecuencia, a restañar algo las descarnadas heridas que han abierto en el tejido social?
