sábado, 16 de diciembre de 2017
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Redacción

La ATLL, un ejemplo de privatización "mala"

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Manuel Fernando González. Periodista

Desde que en el Día de San Valentín del 2012, la Generalitat de Catalunya decidió convocar la mesa de contratación de la ATLL para privatizar esta empresa pública, el caos y la incompetencia han sido las dos palabras más utilizadas por los periodistas para definir un proceso que, todavía en los Tribunales, ha dejado a las claras, la incompetencia de un político llamado Andreu Mas-Colell y también el lado más oscuro del Govern de Artur Mas, que se ha visto obligado a volver al punto de partida porque su propia OARCC y el Tribunal Supremo le han desautorizado clara y rotundamente. Nunca, en Catalunya, se había visto un despropósito semejante que, a buen seguro, servirá para que en las más prestigiosas escuelas de negocio del mundo se utilice todo el proceso como manual para que los futuros dirigentes aprendan como "no se debe privatizar una empresa pública". Si esas son las estructuras de Estado que van a diseñar los actuales gobernantes catalanes, apañados vamos los ciudadanos de Catalunya.

Una adjudicación a la carta

La historia de esta chapuza política se inicia en el 2012, en la que ha sido la mayor privatización aprobada jamás por la Generalitat, en unos tiempos económicos en que la prima de riesgo española se despeñaba en torno a los 600 puntos, una circunstancia que cualquier gestor de medio pelo sabe que es el peor de los escenarios posibles para privatizar ya que pagas el gusto y las ganas en intereses, como ya está sucediendo a costa del sufrido contribuyente. Además de que el tipo de interés no se revisa en 50 años. Fue precisamente entonces y con el añadido de una necesidad angustiosa de liquidez del gobierno Mas, cuando una mesa de contratación anunciaba la buena nueva de que Acciona era la ganadora del concurso para la explotación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que gestionaba el agua que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales. El contrato, de 1.000 millones de euros, afectaba nada menos que a cinco millones de catalanes, que son los consumidores de esa agua de boca que genera la ATLL.

La cara visible de esta adjudicación de la mano de su "carismático" jefe Andreu Mas-Colell, el poderoso capo de la Economía del gobierno de la Generalitat, fue el Conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder quién, refugiado en lo que los expertos definieron como "unas condiciones a la carta", defendió de forma implacable e intransigente la decisión que tomaron los integrantes de la Mesa de Contratación, que fallaron a favor del consorcio encabezado por la empresa Acciona, propiedad de la familia Entrecanales -pata negra del capitalismo español- frente a otra empresa que, con sede social en Barcelona e implantación internacional precisamente en el sector del agua, ganaba por goleada el informe técnico y luego se veía apartada, pese a su reconocida solvencia -la Caixa es uno de sus accionistas- de la concesión a 50 años, de una forma un tanto "sospechosa" por el apartado económico. Por citar un ejemplo que aclare esta afirmación, señalemos que entre las condiciones que se les exigía a los aspirantes en el pliego de condiciones figuraba que 80 millones de euros de sus recursos estuvieran dedicados al "negocio del agua". Acciona apenas pudo acreditar 84 millones y estaba a punto de perder la concesión de la ciudad de Cáceres, algo que de haberse producido, le hubiera invalidado para concursar por la ATLL. Su rival Agbar le superaba ampliamente.

Asimismo la exigencia técnica era gestionar una planta potabilizadora de 20.000 m3 mientras que Cardedeu tiene una capacidad de 800.000 m3. Algo sobre lo que algún día alguien explicará el porqué de estas bajas exigencias.

¿Tendrá algo que ver con las plantitas potabilizadoras que gestionaba ACCIONA por aquel entonces? A la luz de los datos el pliego estaba cargado de inconcreciones y ambigüedades que después sirvieron para interpretaciones sesgadas de los "interesados" en el negocio de la ATLL.

Lo que más nos llamó la atención a los periodistas que seguimos el proceso fue la apariencia que envolvía al mismo. Parecía como si a Acciona "alguien le hubiera cantado" lo que debía ofrecer en su propuesta económica, para así poder ganar los puntos que necesitaba y resultar al final triunfadora, porque sabían sus benefactores, si los hubo, que en el apartado técnico lo tenía todo perdido por goleada, dada la experiencia y el prestigio de AGBAR en el sector mundial del agua. Consumado lo que después ha deshecho el Tribunal Supremo, se rubrica el contrato el 27 de Diciembre del 2012, una fecha altamente sospechosa, ya que el nuevo Conseller, Santi Vila toma posesión ese mismo día, el entonces director en funciones del ACA, Leonard Carcolé un ex directivo de Aguas de Barcelona cesado hacía tiempo en esta compañía por su manifiesta incompetencia y deslealtad ¿Había cumplido así "la Saeta rubia", que es el sobrenombre con el que se le conoce en el sector, su personal venganza contra la empresa que le había despedido? Nunca lo sabremos, pero lo que si ya sabemos es que Acciona firmó un documento y que éste queda a expensas de una resolución final. Ahora conocidas las sentencias la pregunta es muy simple: si no hay contrato ¿Qué es lo que la Generalitat le va a pagar a los Entrecanales? ¿No tendrían incluso que devolver dinero público?

Preguntas de difícil contestación que el tiempo irá aclarando adecuadamente. Lo que si ya sabemos es que, tras la firma y las casi clandestinas imágenes del acto, se inició un duro litigio judicial en el que tanto Acciona como la Generalitat han salido públicamente trasquilados. Muy atrás queda para la historia, la aseveración que el Consejero Recoder, gran muñidor de la privatización y firmante de informes inusuales, hizo, de que el plan de viabilidad presentado era "irreal", barbaridad que soltaba a los cuatro vientos, mientras los periodistas de Catalunya Press le preguntábamos por una misteriosa sociedad inglesa llamada Aguas de Catalunya Ltd. -inscrita en los días de la adjudicación y de la que, a día de hoy, no se sabe quiénes son sus reales propietarios con sede en Londres y que figuraba en el grupo ganador al lado de Acciona -el Banco brasileiro BTG Pactual- también favorecido por el Govern Mas en otra privatización escandalosamente onerosa para el erario público catalán como lo fueron los Túneles del Cadí y los Family Office locales de siempre, o sea las familias Rodes y Torreblanca, muy vinculadas al poder convergente. Para rematar, se dio en "il tempo" la "curiosa" circunstancia de que Fernando Rodés era, a la vez, miembro del consejo de administración de Acciona y Presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat, lo cual, a todas luces, supone un caso de incompatibilidad manifiesta.

La actuación de Recoder fue "sencillamente" lamentable al impedirle la vista del expediente a Agbar, alegando esa confidencialidad motivada en su propio informe. Finalmente Agbar pudo acceder al expediente gracias a las medidas cautelares que planteó en el TSJC, al que acudió tres veces para vencer las resistencias de la Consellería, en algo tan básico como la consulta de un expediente para poder plantear el recurso ante el OARCC.

De hecho la Conselleria que dirigía Recoder fue la culpable de que llegara el final de ejercicio y el OARCC no hubiera resuelto, pues la obstrucción a la vista del expediente hizo que se demorara el plazo más de 30 día. Era clara su estrategia: demorar al máximo el trámite para justificar la firma sin la resolución del OARCC en base a la necesidad de cuadrar cuentas.

Recorder y Carcolé abandonan la Generalitat tras la privatización de la ATLL

En medio del correspondiente escándalo se produjo el cambio de gobierno de la Generalitat y de él salió para sorpresa de muchos el conseller Lluís Recorder, concretamente se marchó el día de la firma. 27.12.2012. En esa fecha Recoder dejaba definitivamente el Ejecutivo catalán y también su escaño para volver a la abogacía privada y así ganarse bien la vida con la perspectiva a su favor de unas privilegiadas relaciones institucionales. Hoy puede vérsele deambular por todos los actos que organizan sus compañeros de partido al frente de las diferentes empresas de Catalunya. Es vox populi, no obstante, que el fiasco de la ATLL que le marcó claramente tuvo mucho que ver en esa decisión, pero también el "desamor" que pasó a profesarle su President, Artur Mas, que veía como uno de los más firmes candidatos a sucederle salía por la puerta de atrás de la política dejándole, eso sí, la patata caliente de esta polémica privatización.

Y tras él, se nos fue también, Leonard Carcolé. Eso fue el 5 de abril de 2013, día en que presentó su dimisión irrevocable al "nuevo" Conseller Vila, que la aceptó "ipso facto" y sin pestañear dada la mala relación que se estableció desde el primer momento entre ellos y que era la comidilla en los pasillos de la Consellería de Territori y Sostenibilidad. Roma no paga a traidores y?Catalunya tampoco.

Una dimisión que por cierto, coincidió en el tiempo con el primer varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalitat por la adjudicación de ATLL a Acciona. Carcolé defendió hasta el final las tesis de sus jefes Mas-Colell y Recoder, que hicieron el más espantoso de los ridículos cuando el Órgano de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC), organismo dependiente de la propia Generalitat, dictaminó lo contrario a lo que la Mesa de Contratación había manifestado. Una vez más, la realidad superó a la ficción y "políticamente" y judicialmente tuvo consecuencias.

Y en todo este culebrón con sabor latino no podemos dejar de mencionar a otro gran protagonista. Nos referimos a Juan Antonio Gallo Sallent, el Director de la OARCC, que desde su puesto de funcionario tuvo la entereza de poner en jaque a la Generalitat al revocar la adjudicación a Acciona de la ATLL. Gallo Sallent, con apenas unos meses en el cargo, le dio pleno sentido a la honradez e independencia de este organismo, para dar cumplimiento a una directiva europea sobre las garantías en la adjudicación de contratos en el sector público.

Naturalmente José Antonio Gallo tuvo que vivir en sus propias carnes "las hieles" de los servicios jurídicos que dependían del President Mas, que se esforzaron "al filo de lo imposible" en desacreditarlo públicamente por haberse atrevido "a no darles la razón e ir con la verdad por delante". Una artimaña, nunca vista en el mundo jurídico, de unos letrados ensañándose contra un compañero que había dictado en conciencia sobre un asunto de utilidad pública. Para entendernos, una persecución en toda regla contra quien, con una cabeza privilegiada y dos carreras en su mochila intelectual, tuvo los bemoles de impedir que las llaves de la ATLL catalana fueran entregadas por "cuarenta monedas" a quien había hecho mal las cosas, por muy bien que le pareciera a los que ostentaban el poder en Catalunya.

Y aunque el Govern Mas pasó luego otra factura a la OARCC en septiembre de 2013, cuando aprobó atropelladamente un Decreto que se ejecutó en enero de 2014, por el que transformaba este organismo en un Tribunal colegiado con tres miembros, marginando a su Director, no pudo detener lo que el dictamen provocó en los Tribunales y las consiguientes sentencias de los mismos. La privatización de la ATLL ha supuesto una verdadera guerra del agua en Catalunya, que ha provocado un fuego cruzado judicial entre Acciona y la Generalitat por una parte y Agbar por otra. Esta última, que ha visto como los tribunales le daban la razón, sentencia tras sentencia, sigue esperando que se les adjudique lo que han ganado limpiamente en una mesa de contratación, mientras que sus oponentes, aliados en una lucha común -¿Qué les irá en ello?-, dilatan los plazos y de paso distorsionan las decisiones del más alto tribunal del Estado, con las consecuencias legales que ello les puede ocasionar. Un gasto judicial incomprensible y con cargo a las arcas públicas, que se paga con los impuestos de todos los catalanes por el capricho de unos políticos testarudos que, en algún lugar de la Plaza de Sant Jaume, han extraviado su famoso "seny".

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