sábado, 16 de diciembre de 2017
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Redacción

El largo proceso de desinversión en empresas públicas: el caso de las privatizaciones en España

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Borja Colón de Carbajal. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico Superior de la Generalitat Valenciana

A partir de la década de los ochenta, las privatizaciones se convirtieron en una práctica común de la política económica de multitud de países. Una práctica que también se acometió en España, tras su entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, momento en el que las empresas públicas de nuestro país se vieron obligadas a iniciar su adaptación a la normativa comunitaria sobre desregulación y defensa de la competencia.

No obstante, este proceso de desvinculación empresarial ha venido a suponer un conflicto entre dos posiciones hasta hoy todavía encontradas: por un lado, la derivada precisamente del principio de defensa de la competencia, que impulsó la privatización de empresas públicas impidiendo que éstas pudieran monopolizar un sector concreto de la actividad y, por el otro, la que resulta del principio de no discriminación, que somete a las empresas ya privatizadas a los férreos controles de publicidad y transparencia derivados de la Directiva reguladora de los contratos públicos.

A partir de 1985 y siguiendo la tendencia internacional, se iniciaron en España procesos de desinversión y venta de empresas públicas. Los organismos responsables de llevarlas a efecto en España han sido el Instituto Nacional de Industria, TENEO, el Instituto Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Industrial del Estado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Patrimonio del Estado a través, desde 1996, de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPa), hasta su integración en la propia SEPI.

En España se han privatizado 120 compañías

Desde que comenzaron los procesos de venta de estas empresas públicas hasta el presente se han privatizado en España alrededor de 120 compañías que tenían participación pública estatal. En términos económicos, estas operaciones han proporcionado unos ingresos aproximados de 45.000 millones de euros. La mayor parte de estos ingresos provienen de las ventas de empresas públicas materializadas mediante Oferta Pública de Acciones (OPVs), sistema a través del cual se han privatizado, total o parcialmente, 14 empresas, algunas de ellas en varias fases. Las OPVs estatales realizadas hasta ahora han sido 29, con unos ingresos totales que rondan los 32.000 millones de euros. Hasta 20 de estas operaciones incluían grandes tramos minoristas, lo que ha impulsado la entrada de numerosos inversores particulares en el mercado de valores.

Estas operaciones han propiciado la salida al mercado bursátil de grandes grupos empresariales españoles que surgieron y se consolidaron por la acción del Estado. Es el caso de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera (Altadis) o Iberia. Asimismo, algunas de las empresas privatizadas, mediante venta directa o salida a Bolsa, han participado en la formación de grupos industriales europeos en sectores de gran importancia en el mundo, como el aeronáutico, en el que CASA quedó integrada en EADS, o el siderúrgico, con ACERALIA integrada en ARCELOR (ahora ArcelorMittal).

La primera Oferta Pública de Acciones (OPV) de una empresa pública se realizó en 1986, concretamente sobre el 39% del capital de la compañía Gas y Electricidad, S.A. (GESA), filial de ENDESA. A esta OPV le siguió, en 1987, la del 29% del capital de ACESA, que tuvo ya un tramo destinado a inversores particulares. Sin embargo, las dos primeras grandes operaciones fueron la realizada en 1988 sobre el 18% de las acciones de ENDESA y, en 1989, la del 26% del capital social de REPSOL, ambas con importantes tramos minoristas.

De las 29 OPVs estatales realizadas hasta la actualidad, que han reportado, como ya hemos dicho, unos ingresos netos totales de aproximadamente 32.000 millones de euros, las de mayor dimensión se materializaron en los años 1997 y 1998. Destacan las dos que SEPI realizó para la privatización total de ENDESA, en particular la última, en junio de 1998, poniendo a la venta más de 312 millones de acciones, representativas del 30 por ciento del capital. Esta OPV, en la que el 80% de las acciones iban destinadas al tramo minorista, proporcionó unos ingresos de más de 6.000 millones de euros. En la anterior OPV de ENDESA, en octubre de 1997, se vendieron más de 260 millones de acciones (25,44% del capital), un 67% de ellas entre inversores particulares, con unos ingresos que superaron los 4.000 millones de euros.

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