miércoles, 19 de diciembre de 2018
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Andreu Missé

​La economía catalana en peligro

Director de Alternativas Económicas

Con fecha 16 de noviembre pasado, Andreu Missé, Director de Alternativas Económicas, publicaba en la edición internacional de “Alternatives Economiques” una crónica que aquí reproducimos por su alto interés.


Economia catalana peligro


La crisis política catalana sufre una inquietante deriva judicial. Por otro lado, sus graves consecuencias económicas pueden afectar muy seriamente al empleo en Cataluña y en toda España. En el plano jurídico, un juez, de la Audiencia Nacional, una de las principales instancias españolas, decidió el 2 de noviembre la detención provisional, sin posibilidad de fianza para evitar la prisión, del ex vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras, y de otros siete consejeros del gobierno catalán. Al mismo tiempo, el expresidente de este gobierno, Carles Puigdemont, y otros cuatro consejeros se encuentran en Bélgica, donde se habían trasladado unos días antes, a la espera de lo que diga la justicia.


EJECUTIVO EN LA CÁRCEL


La crisis catalana vivió una peligrosa aceleración el 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia proclamada por el Parlamento catalán y considerada ilegal por los tribunales. La declaración contó con los votos de 70 de los 135 miembro de la cámara. Justo después, el Senado español autorizó al gobierno de Madrid, por 132 votos a favor (PP, PSOE y Ciudadanos) y 47 en contra, a actuar contra la declaración y aplicar el artículo 155 de la Constitución. Invocando los poderes que le confiere este artículo, el gobierno central, dirigido por Mariano Rajoy, líder del PP, tomó el control del gobierno catalán después de haber destituido al equipo dirigido por Carles Puigdemont y convocó elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña para el 21 de diciembre.


Esta convocatoria ha traído un poco de calma política, pero la tensión remontó tras el encarcelamiento de la mayor parte de los miembros del Ejecutivo catalán.


Estos acontecimientos están en el origen de la tensión social que el país sufre desde hace meses. La crisis política catalana provoca un inquietante deterioro de la actividad económica, que se ha concretado en la fuga de empresas fuera de la Comunidad. 1.982 de ellas, entre las que se encuentran las más importantes del país y los dos principales bancos han trasladado su sede social y, en numerosos casos, también su domiciliación fiscal, hacia otras ciudades, principalmente Madrid y también Valencia y Zaragoza. El principal argumento invocado por estas empresas en la falta de seguridad jurídica, resultante de las decisiones adoptadas por las autoridades políticas catalanas.


Diferentes asociaciones empresariales venían avisando sobre las graves consecuencias de la deriva secesionista en el comercio, el turismo, los hoteles, la venta de coches o el sector inmobiliario. 


Por su parte, el Banco de España emitió un informe en el cual anunciaba que “la incertidumbre generada por el desafío independentista en Cataluña podría traducirse en una bajada de actividad y empleo en los próximos meses”, cosa que podría provocar una pérdida acumulada de entre el 0,3 y el 2,5% del PIB entre finales de 2017 y 2019. La hipótesis más pesimista anunciaba “una reducción de alrededor del 60% del crecimiento para el conjunto de la economía española” y “una recesión de la economía catalana”.


AMENAZAS PARA EL EMPLEO


Estos riesgos para la economía y el empleo han sido también anunciados por otro organismo oficial, la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima que la crisis catalana podría reducir el crecimiento de la economía española un 1,5% en 2018, contra el 2,3% previsto por el Gobierno. Tal reducción tendría un impacto muy negativo sobre la creación de empleo, evaluado en 250.000 puestos de trabajo en relación a las previsiones de empleo para el próximo año. 


El Gobierno ha reducido sus propias previsiones de empleo para 2018, pasando de 500.000 empleos inicialmente previstos a 425.000. 


Hay que tener en cuenta que, si la creación de empleo hubiera continuado al ritmo de los dos últimos años, faltarían todavía medio millón de empleos en 2019 para alcanzar el nivel de antes de la crisis.


Para la mayoría de la gente, el cambio que ha experimentado el país en pocos meses, tras decenios de progreso económico, político y social, resulta desconcertante. Hace pocos días, el antiguo líder de Unión Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran Lleida, que representa el nacionalismo moderado, escribía en las páginas de La Vanguardia que “el período de mayor progreso económico para todos, y el mayor grado de autogobierno que ha conocido Cataluña en su historia, es consecuencia de la Constitución española de 1978 ¿Por qué no podríamos ser capaces de renovar y adaptar hoy el consenso que la hizo posible?”


Las últimas estadísticas europeas confirman este análisis. El PIB per cápita de Cataluña es de 30.900 euros, un 107% de la media europea y superior al de España, que es de un 90%. El nivel de ingresos en Cataluña es similar al del Reino Unido y superior al de todas las regiones franceses, a excepción de la parisina.


Cataluña había logrado mantener esta confortable posición a pesar de la profunda crisis económica que ha sufrido España en los últimos años, porque dispone de una sólida red de varios centenares de empresas modernas, muy bien equipadas tecnológicamente, con una fuerte presencia en el resto de España, y gran capacidad exportadora. Los emprendedores de Cataluña han creado una economía avanzada y abierta. No ven en las fronteras más que obstáculos para su desarrollo.


La espiral independentista, que ha acelerado el gobierno de la Generalitat en estos últimos meses, se ha desarrollado fuera de esas realidades. 


El discurso secesionista se apoya esencialmente en argumentos políticos e ideológicos y da la espalda a las exigencias y necesidades de la economía. 


Lo más inquietante es que este desinterés por el sujeto económico tiene una repercusión directa sobre el bienestar social y el empleo, los cuales dependen en gran parte de que las empresas se beneficien de un clima propicio a su desarrollo en un entorno que es cada vez más competitivo.


REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA


Una de las hipotecas más importantes que pesa sobre la economía del país es la fuerte deuda exterior de España (cerca del 240% del PIB). Necesita un refinanciamiento anual de cerca de 300.000 millones de euros, según Josep Oliver, profesor de economía aplicada. Así, la situación actual acrecienta las inquietudes de los inversores internacionales que quieren evitar riesgos e incertidumbres.


La discordancia entre el discurso político y la realidad económica y social queda demostrada por la total incapacidad del gobierno catalán y de sus consejeros económicos para hacer frente a la impresionante fuga de las mayores empresas de la Comunidad. La única respuesta de Carles Puigdemont y su equipo ha sido negar la realidad del fenómeno afirmando que el cambio de sede social de las compañías no tendría ningún impacto económico real.


La dura realidad es que cerca de 2.000 empresas, incluidos las dos grandes entidades bancarias, CaixaBank y Sabadell, han optado por irse por falta de seguridad jurídica y sobre todo para continuar bajo el paraguas del Banco Central Europeo, protección que perderían si Cataluña saliese de la Unión Europea, como consecuencia del proceso de independencia. En el caso de las instituciones financieras, el cambio de localización se ha precipitado por la fuga de fondos depositados en los bancos catalanes hacia instituciones financieras del resto de España, fuga que se eleva a muchos miles de millones de euros en solo algunos días. Este hecho es el más grave que se ha producido en la Comunidad, y que el gobierno catalán ni había previsto.


Tras los cambios de sede social, se empieza a producir una transferencia de los domicilios fiscales, direcciones, reuniones del consejo de administración, comisiones ejecutivas y servicios jurídicos.


La experiencia y las decisiones adoptadas por las empresas muestran que la mayoría de entre ellas no volverán a Cataluña. Estos cambios tendrán un impacto profundo en futuras decisiones de inversión y, en consecuencia, sobre el empleo. Inversiones que primaran nuevos emplazamientos en otros territorios. En cualquier caso, como señala el profesor Josep Oliver, lo más grave es “la pérdida de credibilidad que todo esto implica para Cataluña”.


La economía moderna no conoce fronteras. En un mundo abierto y globalizado, cada vez es menos lógico hablar de la economía catalana o la española. Hoy, las empresas catalanas no se van a otro país. Se marchan porque los dirigentes catalanes no les ofrecen seguridad y porque en otras comunidades son acogidas con los brazos abiertos. Los dirigentes de estos territorios son conscientes que la llegada de las empresas se traducirá en riqueza y empleo.


MARIANO RAJOY DEBERÁ EXPLICARSE


El fenómeno trágico de la fuga de empresas, con sus consecuencias sobre el empleo, habría podido ser una razón suficiente para que los promotores del proceso de independencia lo pararan. La velocidad con que la política ha contaminado la economía y el clima social ha sido impresionante. Los indicadores disponibles indican perspectivas muy negativas para ciertos sectores, como el turismo y el consumo. La creación de empresas y las inversiones ya están acusando el problema.


La tensión política en Cataluña tiene como responsables inmediatos a los promotores de la vía independentista, que no han tenido en cuenta los riesgos que sus decisiones conllevaban o los han minimizado, considerando que se trataba de simples costes de transición necesarios, que serían compensados por beneficios a medio o largo plazo. Pero está claro que en el origen de la causa que ha exacerbado el malestar en Cataluña está el comportamiento del gobierno central, dirigido por el Partido Popular. Este gobierno no ha cumplido con sus obligaciones en materia de inversión pública y de reforma del sistema de financiación autonómico. 


El Partido Popular cita permanentemente la Constitución, pero no respeta su espíritu, que exige un consenso entre los partidos y las instituciones del país sobre las cuestiones fundamentales. 


La política inflexible y autoritaria de Mariano Rajoy tiene una gran responsabilidad en el aumento y la potencia del sentimiento independentista. El hundimiento económico de Cataluña acabará afectando seriamente al conjunto de España. Y alcanzará a Europa. En algún momento, el jefe del gobierno deberá explicarse.



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