La crisis política catalana, acrecentada por el llamado referéndum del día 1 de octubre, y la “proclamación” de la DIU, 26 días después en el Parlamento catalán, ha significado la penúltima gota que ha colmado el vaso del sector empresarial catalán. El mes de octubre será recordado por todos como un octubre negro para olvidar.
Los máximos representantes del gobierno catalán, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no han sabido, o no han querido calcular los efectos que sus acciones iban a tener sobre la economía catalana, pese a los mensajes directos o indirectos que les hacía llegar las diversas voces conocedoras de la situación, mientras dos seguían inmersos en su hoja de ruta.
Más de 3.000 empresas han sacado de Cataluña sus sedes sociales y 1.000 de estas también sus sedes fiscales.
Mientras los causantes de este desastre, encabezan o forman parte de las listas electorales del 21D. Eso si no explican en sus programas electorales sus fórmulas económicas de futuro y las estrategias que tienen previstas para que vuelvan, de nuevo, al territorio la mayoría de las empresas que se han ido. No son culpables y siguen hablando de independencia unilateral, como si el tema no fuera culpa de ellos.
La Comisión Europea ha cifrado en 5.000 millones de euros el freno económico, motivado por la crisis catalana en el crecimiento del producto interior bruto español.
Mientras, los empresarios siguen preocupados por la situación y expectantes ante los resultados que se puedan dar el 21D y la posibilidad de repetirun gobierno, que siga con el mantra independentista. Supondría, una vez más continuar con la inestabilidad política y nuevas elecciones. Fórmula muy perversa para la maltrecha economía.
La división empresarial también es evidente: una minoría de empresarios se han manifestado públicamente -no todos- independentistas, mientras la mayoría están por la normalidad constitucional y el cumplimiento del Estatut.
La crisis política está castigando más el turismo que los atentados yihadistas del pasado mes de agosto, como lo demuestran los datos facilitados por diversos sectores.
Una encuesta de la patronal Pimec ha detectado que casi un 70% de los negocios catalanes registraron menos ventas en octubre que respecto al año pasado.
Según el mismo estudio, el 80% de las empresas del sector turístico y de la hostelería hacen responsables a la situación política. Pocos son los empresarios que quieren hablar en público de este tema. Tienen miedo a expresar libremente sus opiniones.
El boicot a los productos catalanes se ha acrecentado en los últimos tiempos, con la consiguiente preocupación para las empresas afectadas. Con este panorama político complejo y a expensas de conocer los resultados y la formación de un nuevo gobierno en Cataluña, la incertidumbre sigue planeando por una Catalunya castigada social y económicamente.
En este número de TEJ, se pretender exponer las opiniones de expertos en economía para que, con sus opiniones, el lector pueda tener más elementos de juicio sobre el futuro económico de Cataluña, España y Europa.
