El persistente declive de la agricultura ha traído consigo una disminución paulatina de las disputas entre los regantes, pero como el enfrentamiento por el agua sigue siendo una constante, son ahora las dos grandes operadoras de servicios de gestión de tratamientos de aguas en la Comunidad Valenciana las que se enfrentan en una pugna empresarial y judicial.
Aguas de Valencia (AVSA) y Aguas de Barcelona (Agbar) -que opera a través de Aquagest Levante- protagonizan una pelea por el control del suministro en Valencia y 43 poblaciones de su área metropolitana que no ha hecho más que empezar. Entre las dos controlan el 75% del negocio autonómico frente al 9% de la castellonense Facsa y el 5% de Aqualia, del grupo FCC. Otros operadores públicos y privados gestionan el 10% restante de este rentable "pastel" hídrico.
Aguas de Valencia está participada en un 60% por la empresa instrumental Agval, una alianza entre el Banco de Valencia y Fomento Urbano de Castelló (Fucsa) que preside Eugenio Calabuig, a su vez presidente de AVSA, mientras que otro 33% está en manos de la multinacional francesa Suez. AVSA lidera el negocio del agua en la Comunidad Valenciana con una cuota de mercado del 39%, fundamentalmente por su contrato con el Ayuntamiento de Valencia. Agbar, por su parte, filial de Suez, socia minoritaria de Aguas de Valencia, controla el 36% del negocio autonómico gracias a su clara hegemonía en el sector en Alicante.
El conflicto entre las dos grandes operadoras se remonta a 2008 cuando la asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hídricos (Emshi) escogió a Aguas de Valencia como socio privado de la empresa mixta que iba a gestionar el suministro de agua potable al área metropolitana de la capital durante 50 años, periodo en el que se prevé facturar unos 2.500 millones de suministro en alta, al transportar el agua desde las potabilizadoras de Manises y Picassent hasta Valencia y otras 43 poblaciones.
