martes, 19 de marzo de 2024
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Miquel Roca i Junyent

La pensión de jubilación forma parte del núcleo duro del Estado de bienestar. Un elemento definidor del nivel de vida de un país lo constituye el trato que reciban sus jubilados. El importe de la pensión, los años cotizados que resulten necesarios para tener derecho a ella, son datos que los analistas tienen especialmente en cuenta al referirse a la cohesión social de un país. No es, pues, de extrañar que cualquier amenaza sobre la efectividad de las pensiones resulte tema fundamental de preocupación para la población que la percibe. Es un elemento sensible que, de la misma manera que da seguridad, puede producir una gran intranquilidad.

Debería recordarse que la pensión es un derecho de base contractual. En la medida en que el ciudadano cotiza durante los años estipulados gana su derecho a percibir la correspondiente pensión. Es su pensión, de la que nadie puede disponer caprichosamente. Pensión que le deberá ser pagada por quien haya recibido el importe de las previas cotizaciones, con independencia de donde viva o resida, e incluso de su nacionalidad. Nadie puede perder su pensión por decisiones que le sean ajenas.

La pensión es un derecho individual

La pensión es un derecho individual de su titular; el importe que percibe es su dinero. Es el dinero que ha pagado en forma de cotización para que le sea "devuelto" cuando alcance la edad de jubilación. Es "su" dinero y el que no lo "devolviera" cometería una acción ilegal al apropiarse de lo que no es suyo.

Podrá discutirse si la actualización de las pensiones se integra en el contenido material del derecho individual de cada pensionista; pero en cualquier caso esta posibilidad debería afectar al conjunto de todos los pensionistas, sin que resultara posible discriminar a unos u otros por razones geográficas o decisiones colectivas que trasciendan la relación "contractual" entre el beneficiario de la pensión y el pagador de la misma. ¡Hasta ahora a nadie se le había ocurrido tal perversidad! No se puede jugar con los pensionistas; su pensión debe ser siempre y en todo caso atendida salvo que los pagadores pretendan incorporarse al club de los defraudadores. Y, eso seguro que no pasará. ¿Alguien se atreve a decir lo contrario? Un poco más de respeto; la política no lo justifica todo.

Artículo de La Vanguardia

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