martes, 13 de noviembre de 2018
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Redacción

La lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal

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Juan Ignacio Gorospe Oviedo. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo

La economía sumergida presenta distintos planos que deben combatirse: tráfico ilegal de bienes y servicios, actividades no declaradas (fraude fiscal) y actividades no mercantiles (domésticas). En el ámbito tributario dicha situación perjudica a todos, especialmente a los más débiles, aumentando las desigualdades e incrementando el esfuerzo fiscal aunque no aumente la presión fiscal.

Hay que recordar que la presión fiscal se calcula dividiendo la recaudación fiscal entre el PIB, que dependerá de la actividad económica de cada momento, por lo que un aumento o disminución de impuestos no tiene por qué suponer un movimiento equivalente en la presión fiscal. En cambio, el esfuerzo fiscal refleja la proporción de los impuestos en la renta per cápita de los ciudadanos, el porcentaje que cada ciudadano destina al pago de todos los tributos en función de su renta. En España tenemos un alto esfuerzo fiscal que no se compadece con la presión fiscal, lo que acrecienta las desigualdades.

Según el informe La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre, presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en el marco de su XIII Congreso Anual celebrado en Granada, el 20% de los contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012. En el extremo opuesto, el 20% de los declarantes "más pobres" solo represente el 6,6% de los ingresos totales. La desigualdad se ha incrementado con la crisis. Desde su inicio a finales de 2007, más de dos millones de personas han pasado a vivir por debajo del umbral de la pobreza, alcanzando los 9,3 millones, lo que supone un 28,8% más.

La media de fraude en Europa según datos de la UE-27 se sitúa en el 18% del PIB, observándose una gran diferencia entre países del oeste (Reino Unido, Alemania, Francia, Austria), con una media del 10% del PIB, frente a los del este y el sur (Polonia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Italia, Portugal, España), donde la media es del 25% sobre el PIB. El motivo fundamental es evitar el pago de impuestos y cotizaciones sociales.

Las cifras de defraudación en España son alarmantes, alcanzando un 28% del PIB según el estudio El "Tax Gap" en España, definición, estimaciones y medidas dinámicas para su reducción, elaborado por Santos Ruesga y Domingo Carbajo. Señala este informe que España es el país que mayor crecimiento medio de la economía sumergida presenta -frente a otros países del sur del continente como Grecia, Italia y Portugal- con un aumento medio del 6,3 por ciento anual de su valor relativo, respecto al PIB en el período 2003-2011 (p. 14), en gran medida por la alta tasa de desempleo frente al resto de países de la UE pero también por el uso de dinero en efectivo. Estos autores ponen de manifiesto que el uso de efectivo en España es exactamente el doble que en la Eurozona, como también su economía sumergida y los billetes de 500 y 200 euros asociados a la misma (p. 24).

¿Qué se puede hacer para reducir el fraude fiscal y destapar la economía sumergida? Para abordar el problema desde su raíz, hay que partir de la base de que esta práctica se efectúa con mayor o menor probabilidad en función de cinco factores: la facilidad para realizarla, el sistema tributario de cada país, el control de la Administración tributaria (la posibilidad de que sea detectada y sancionada), el régimen sancionador aplicable, y la aceptación social de las actividades relacionadas con la economía sumergida.

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