En tiempos de crisis emerge el debate sobre el tamaño y la dinámica de la economía sumergida, con afirmaciones sobre su comportamiento anticíclico, no exentas de un cierto carácter exculpatorio para los poderes públicos, que eluden así parte de sus responsabilidades de gestión. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por este fenómeno que erosiona peligrosamente las arcas públicas. "El comisario de Fiscalidad, Algirdas Sementa, celebró los progresos y la acción en la lucha contra la evasión fiscal, que le cuesta en torno a un billón de euros al año a Europa" (EL PAÍS, 14 de abril de 2013).
El incremento de la economía sumergida lleva a una erosión considerable de la base fiscal con la consecuencia de una menor provisión de infraestructuras y de bienes básicos públicos que derivan en un menor crecimiento de la economía y, vuelta empezar, menor recaudación fiscal. Este gap fiscal, se produce no solo como resultado de lo que denominamos "economía sumergida", sino que se alimenta también de transacciones financieras no declaradas (muchas de ellas con parada y fonda en los denominados paraísos fiscales), de actividades ilegales y, en mayor medida si cabe, de prácticas de la "elusión fiscal" muy usual en las transacciones internacionales que llevan a cabo de forma cotidiana las empresas transnacionales.
Las estimaciones disponibles hablan, para el caso español, de cifras que van desde el 19,2% del PIB, como volumen de la economía sumergida, hasta un 24%. Ese PIB irregular merma la recaudación fiscal con pérdidas impositivas que se sitúan entre 31.000 y 80.000 millones de euros al año, cifra está próxima a todo el presupuesto de la sanidad española.
Se necesitan soluciones imaginativas
Las soluciones frente a ellos no son fáciles y resultan complejas, pero las hay, necesitando tan solo de una decidida voluntad política para diseñarlas y ejecutarlas. Se necesitan soluciones imaginativas, más allá de las centradas tan solo en la sanción y la represión, que no parecen influir demasiado en la reducción de los comportamientos "sumergidos", ni minorar el empleo irregular a ellos asociado.
Las pérdidas impositivas se sitúan entre 31.000 y 80.000 millones de euros al año, cifra está próxima a todo el presupuesto de la sanidad española.
En el caso español, además, las modificaciones normativas han sido tantas, tan sucesivas y contradictorias entre sí que, aun afectando a muchos de los frentes posibles del fenómeno (productivos, fiscales, laborales y monetarios), no se han obtenido resultados contundentes.
Atajar tal sangría fiscal pasa por el diseño de una función de coste/beneficio de la ocultación o de la evasión/elusión fiscal, en torno a la cual se elaboren medidas que traten de elevar los costes de tales prácticas y de reducir los beneficios obtenidos con ellas. Ello requiere un plan integral, donde se atienda a muchos frentes con medidas en ambas direcciones (el palo y la zanahoria) que se complementen e interactúen, potenciando su eficacia.
Un aspecto interesante para frenar la dinámica de esta lacra social e incluso lograr contraerla, surge al considerar el uso de medios de pago en efectivo como uno de los pilares que sustentan su desarrollo; si se reduce su utilización, secaríamos la fuente de financiación de la economía oculta. Así llegaríamos también a la necesidad de intervenir/controlar la actividad financiera de los paraísos fiscales, verdadero lubricante del lado oscuro del capitalismo.
