El fraude fiscal es un problema endémico de la economía española. Las cifras disponibles sugieren que supone entre el 20% y el 30% del PIB lo que, al menos, duplica el de los países más efectivos en la lucha contra el fraude (en Francia, Austria, Holanda, el Reino Unido, EE.UU., o Suiza el fraude está por debajo del 10%).
Si España se equiparara a los países más efectivos y redujera el fraude a la mitad, obtendría ingresos de entre el 3% y el 4% del PIB, suficientes para eliminar entre el 50%y el 70% del déficit público actual. Con esto, cumpliría los requisitos de déficit que impone la Unión Europea sin necesidad de ningún ajuste adicional. Si el fraude se distribuyera de forma uniforme entre contribuyentes, no sería un gran problema. Bastaría con subir los tipos para compensar su coste recaudatorio. Sin embargo, el fraude está lejos de la uniformidad, y se concentra en determinados contribuyentes (rentas altas) y determinados tipos de renta (rentas no salariales). Esto tiene dos implicaciones. Primero, que causa una inequidad sustancial entre contribuyentes. Segundo, que quienes realmente defraudan pueden superar ampliamente el 50%.
En épocas de crisis como la actual los gobiernos son especialmente beligerantes, al menos de palabra, contra el fraude. En buena medida esto se debe a que como en las crisis se suben los impuestos, la inequidad del fraude se hace más evidente. Esto hace que aumente la indignación de quienes sí pagan contra los que no pagan y contra los gobiernos que les suben los impuestos y no luchan adecuadamente contra el fraude. Probablemente por esto, en esta crisis el gobierno español ha dicho que iba a ser intransigente con el fraude y dice haber ha tomado medidas para reducirlo. El punto de partida fue poco esperanzador porque consistió en una amnistía fiscal para defraudadores y para empresas que querían repatriar beneficios ocultos en paraísos fiscales. La supuesta tributación pequeña necesaria para ser amnistiado se convirtió muchas veces en cero y los efectos recaudatorios han quedado muy lejos de las expectativas. Tras esto el gobierno ha tomado dos tipos de medidas. Primero ha aprobado una serie medidas centradas en la prevención del fraude (limitar pagos en efectivo y obligación de informar de cuentas en el extranjero) que en la mayoría de los casos pueden ser más efectistas que efectivas. Segundo, acertadamente, ha facilitado la actuación de los inspectores y el cobro de deudas en ejecutiva.
