martes, 13 de noviembre de 2018
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Redacción

Enfoques de la economía sumergida

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Paloma López. Secretaría Políticas de Empleo y Migraciones. Confederación Sindical CCOO

Son muchas las entidades que elaboran diversos estudios sobre la economía sumergida y lo que significa en términos económicos y sociales. Las conclusiones de dichos estudios son variadas, pero sí existe un alto grado de coincidencia en que supone una horquilla que abarca desde el 16% al 22%, del PIB.

Es preciso destacar que la economía sumergida abarca muchas actividades, y que solo una parte de ella es la que definimos como empleo sumergido. De esta parte no hay estadísticas oficiales que recojan la realidad a la que nos enfrentamos. Por tanto, primero hay que realizar un diagnóstico del empleo sumergido, más allá de los planes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que identifique el fraude y el tipo de empresas donde se comete, en cuanto a sectores laborales tanto tradicionales como emergentes y tamaño de empresas, especialmente por su relación con las contratas y subcontratas (fragmentación de la cadena de valor) así como a las situaciones y características de las personas afectadas.

Y no estamos refiriéndonos solamente a personas desempleadas que realizan actividades sin declarar, siendo beneficiarios o no de prestaciones por desempleo o subsidios, sino que hay que incluir actividades laborales no declaradas como horas extraordinarias no pagadas y contratos a tiempo parcial que hacen jornada completa, por señalar algunos elementos, y determinar también colectivos afectados, como son mujeres en servicio doméstico, atención a las personas, jóvenes realizando trabajo sin relación laboral -prácticas y becas-, y trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

La responsabilidad del trabajo sumergido recae sobre las empresas

Hay que dejar clara constancia que el máximo grado de responsabilidad de estas situaciones recae sobre las empresas, que realizan estas prácticas fraudulentas para la obtener mayores beneficios a costa de la competencia desleal y el fraude a la sociedad en su conjunto, y no sobre los trabajadores y trabajadoras.

A partir de este diagnóstico hay que impulsar una intervención de carácter integral contra el empleo sumergido, que incluya medidas tanto de carácter general como específicas dirigidas a los sectores y colectivos más afectados, y que además tenga en cuenta la dimensión territorial. Asimismo, las medidas para reducir el empleo sumergido deberían conectarse con una estrategia global de promoción del empleo de calidad.

Un enfoque multidimensional, que no priorice únicamente la dimensión disuasoria y/o sancionadora -que suele ser predominante- sino que tenga en cuenta otras dimensiones del problema como la prevención, la formación, la sensibilización, el conocimiento y la evaluación del fenómeno.

Un enfoque equilibrado que tenga en cuenta el interés de los distintos actores involucrados y muy especialmente el de los trabajadores afectados, que suelen ser los más vulnerables en las situaciones de empleo sumergido, en la medida en que repercute muy negativamente en las condiciones de vida y laborales de dichos trabajadores, incluyendo sus perspectivas profesionales y el derecho a las prestaciones públicas.

Un enfoque participado, que incluya la implicación de las diferentes Administraciones Públicas -Central, Autonómica y local-, organismos (como la Inspección de Trabajo) y los interlocutores sociales en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas. Particularmente, el diálogo social y la concertación social pueden jugar un papel especialmente importante, como se ha puesto de manifiesto en diversos países europeos donde se han alcanzado acuerdos bipartitos o tripartitos de carácter general y/o sectorial

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