En la Edad Media, los siervos de la gleba llevaban al castillo del señor sacos de grano, toneles de vino, tinajas de aceite, gallinas, cerdos, ovejas? Y si no lo hacían a su debido tiempo y voluntariamente, se los requisaban. Estas rentas eran impuestas por los feudales y por tanto pueden considerarse tributos.
También las exacciones o gravámenes por las explotaciones de minas, molinos, hornos, fraguas, bosques, pastos, ríos navegables, por la caza y la pesca, formaban parte de los derechos y prerrogativas del rey y de los señores. Igualmente dedicarse al comercio, la industria o ejercer un oficio eran tareas que pertenecían al señor y, en consecuencia, ejercerlas suponía el pago de una cantidad, que era conocida como "regalía".
¿En que se sustentaba este estado de cosas tan lamentable? ¿Cómo nuestros antepasados, no tan lejanos, podían soportarlas? Porque, tal como entonces se entendía y la religión predicaba, el poder del Rey era de carácter divino. Dios otorgaba al soberano la potestad absoluta sobre las personas y las cosas, y éste lo delegaba en sus señores, en la medida de sus intereses. Así había sido y así debería seguir siéndolo. Era el orden establecido. Y quienes se resistían a él, se saltaban las normas y, por ejemplo, no pagaban los impuestos en tiempo y forma, en el mejor de los casos eran encerrados en la torre del castillo, arrojados a los calabozos, torturados o condenados a pasarse el resto de sus días como galeotes.
Tras el interés general se ocultan muchos intereses particulares
Sirva esta larga cita para referirnos a nuestros sistemas impositivos que, afortunadamente, poco tienen que ver con aquéllas prácticas medievales, al menos desde una perspectiva formal. En general, ya no se considera a Dios fuente de legitimidad. Esta teóricamente reside ahora en la democracia, en la ciudadanía, en el pueblo, en todos nosotros pero, en la realidad, las prácticas del poder no responden siempre a tal principio. Por el contrario, muchos gobiernos actúan en este terreno de manera más bien arbitraria, al modo de los reyes y señores. Tras el pretexto del interés general no es infrecuente toparse con políticas, medidas y procedimientos fiscales que favorecen intereses particulares, contribuyendo con ello a erosionar gravemente la legitimidad democrática.
"La política fiscal, es una de las herramientas para redistribuir la riqueza, ha privilegiado a los ricos en detrimento de los pobres", afirma Loretta Napoleoni. "Desde 1980 hasta 2004, el promedio de ganancias brutas que llegaban al 1% de la población de EE UU creció de un 8% al 16%. Durante el mismo período, las entradas brutas del 90% al 95% de la población se mantuvieron estables, en el 12%. Esto significa que la política se impuestos se ha vuelto regresiva; cuanto más baja es la ganancia, más alto es el promedio de impuestos".
Cuando adjudicar partidas de los presupuestos públicos en función del interés, las afinidades o los caprichos de quienes gobiernan forma parte del orden establecido; cuando influyen más los intereses particulares que el interés general a la hora de repartir lo recaudado; cuando, en fin, la corrupción, la evasión fiscal a gran escala, los mercados criminales adquieren dimensiones inabarcables ¿De qué legitimidad estamos hablando? ¿Cómo se puede reclamar a la ciudadanía cumplir sus deberes fiscales cuando el propio fisco actúa en ocasiones como instrumento de intereses particulares? ¿Quién con un ápice de sentido común puede referirse a la moral fiscal, sin morderse la lengua?
