jueves, 15 de noviembre de 2018
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Javier Castro. Periodista

En su acepción común, economía sumergida es la que escapa al control del fisco. Cosa que obviamente ocurre cuando las actividades que la originan son ilegales, pero que también se produce siendo legales como es el caso, por ejemplo, de la prostitución, legal en muchos países, pero que no tributa.

Incluso existe una economía "semisumergida" que aun tributando lo hace de manera parcial, aprovechando las lagunas legales y otros subterfugios. En cualquier caso, la OCDE, por ejemplo, define la economía sumergida como la realización de actividades en principio legales, pero que se esconden a las autoridades para evitar el pago de impuestos, cotizaciones sociales o para evitar determinadas regulaciones o trámites administrativos.

Así, en el florido campo de la economía sumergida coexisten especies como la economía informal o irregular -conductas en las que el contribuyente busca evitar el pago de impuestos utilizando estrategias legales de elusión y evasión como el fraude fiscal o laboral-; la economía criminal -tráfico de drogas, armas, personas, etc.-; la economía subterránea, que se refiere a la venta clandestina de bienes, productos o servicios o el mercado negro, que suele aparecer en tiempos de crisis, cuando la escasez de bienes obliga a los gobiernos a imponer controles de precios o racionamientos, aunque también funciona con el tabaco, el alcohol y otras prácticas como el cambio ilícito de moneda o las de carácter marcadamente criminal.

En cualquier caso, la economía sumergida no es ajena a la ideología y la política, sino todo lo contrario. En algunos casos, se consideran sumergidas actividades que los Estados regulan para favorecer a determinadas personas o colectivos y ocurre que lo que está sumergido y es incluso ilegal en un lugar no lo es en otro. Y algunas políticas toleran y hasta inducen prácticas de economía sumergida. Por eso nada tiene de extraño que fraude fiscal, prostitución, trabajo negro y tráficos de toda naturaleza se desarrollen al abrigo de toda regulación o vigilancia de los poderes públicos, en una compleja relación con los Estados, en la que se habitualmente se mezclan combate recíproco, ignorancia mutua y a veces convergencias tácitas.

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