jueves, 14 de diciembre de 2017
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Redacción

 Suecia, modélica también en dependencia

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 Redacción

En un estudio, fechado en febrero de 2102, Guillem López-Casasnovas, Laia Cirera y Crivillé y Marina Soley i Bori analizan comparativamente los servicios de atención a la dependencia en España y Suecia. De este excelente trabajo, avalado por la Universidad Pompeu Fabra y el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES), entresacamos la siguiente información de interés sobre Suecia.

El origen del cuarto pilar del estado del bienestar en Suecia se remonta a 1982, con la aprobación de la Health and Medical Services Act, ley que reconoció el derecho universal de las personas en situación de dependencia a recibir cobertura y asistencia pública en base a sus necesidades de ayuda, sin considerar la presencia de soporte familiar potencial ni de su situación económica. En el marco europeo, Suecia se convirtió así en uno de los países pioneros en el desarrollo de un sistema universal de atención a la dependencia.

A lo largo de los años 90, el modelo y estructura de la atención a la dependencia experimentó importantes cambios vinculados a la Reforma ÄDEL de 1992, una reforma que, con el fin de mejorar la coordinación y la calidad de los servicios de atención a las personas mayores, descentralizó y transfirió las responsabilidades y competencias en materia de atención social y sanitaria hacia los municipios. Asimismo, el sistema pasó a financiarse básicamente con los impuestos locales.
Paralelamente, y a fin de aliviar la carga sobre las finanzas públicas, se empezó a redescubrir el papel de la familia como proveedora de cuidados, tendencia reforzada por la introducción de nuevas políticas de promoción de cuidados familiares a lo largo de los años 90, como la intervención Anhörig 3002. En resumen, el sistema de atención a la dependencia que emergió durante los años 80, en un contexto de bonanza económica y explosión del Estado del bienestar, se debilitó a lo largo de los años 90, consecuencia de la dificultad de combinar un elevado nivel de prestaciones públicas con una tasa elevada de envejecimiento de la población e importantes periodos de contracción económica.
El sistema cubre un 49,3% de las personas mayores y con discapacidad
Estas tendencias han llevado al país nórdico a optar por un sistema más limitado en su cobertura y con un papel creciente, tanto en la gestión como en la provisión, del sector privado en colaboración con la administración pública (Trydegård G et al, 2010). A pesar de ello, el sistema actual mantiene la esencia de sus orígenes y Suecia sigue siendo país de referencia en el contexto europeo, tanto por sus elevados niveles de cobertura e intensidad, como por la calidad de sus servicios. El sistema sueco cubre un 49,3% de las personas mayores y con discapacidad. En España solo alcanza el 21,48%.
En Suecia, la provisión de cuidados de larga duración en el sistema se gestiona y articula principalmente a nivel municipal. Así, son los responsables de la oficina municipal de bienestar social quienes, a través de una reunión con el solicitante en su propio domicilio, identifican las necesidades y determinan el tipo e intensidad de los servicios que necesita la persona en cuestión. El nivel de dependencia y el grado de deterioro cognitivo son los elementos más decisivos a la hora de determinar el tipo e intensidad de las prestaciones. Entre los principales servicios figuran los de teleasistencia, centros de día y de noche, servicio especial de transporte, atención y alojamiento a corto plazo, ayuda a domicilio, atención a las necesidades del hogar, cuidados personales, prestación económica al cuidador y atención residencial. Rehabilitación, recuperación tras una estancia hospitalaria y cuidados paliativos forman asimismo parte de estos servicios.
Las prestaciones económicas o asociadas a ellas incluyen, excedencias de cuidados que permite a las personas que cuidan de un mayor abandonar temporalmente su trabajo durante un máximo de 100 días, percibiendo un 80% del sueldo. Si requieren más tiempo deben optar por una excedencia no remunerada durante un máximo que oscila entre dos y tres años. Los ayuntamientos ofrecen una retribución de unos 550 euros exenta de impuestos que la persona dependiente recibe para pagar a su cuidador. La prestación al cuidador consiste en una remuneración sujeta a impuestos y que proporciona una protección social similar a la de cualquier trabajador. Estas ayudas varían en función de cada municipio.

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