jueves, 14 de diciembre de 2017
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Rosa Ugalde Urbistondo. Trabajadora Social Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Fisica de Gipuzkoa (Elkartu)

Las cuestiones que se plantean a priori puede parecer que no guardan mucha relación; sin embargo, un planteamiento más reflexivo lleva sin duda alguna a ver perfectamente la correlación existente entre ambas cuestiones.


Me gustaría comenzar comentando si alguna vez realmente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la ley de Dependencia, se ha convertido en el cuarto pilar del Estado de Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el de la Seguridad Social (pensiones).


La perspectiva que se tenía de esta ley, era que se convirtiera en una medida más de protección social, de este cada vez más numeroso colectivo, de personas dependientes. También existía la expectativa de que fuera una política familiar, que diera respuesta no solo a nivel individual a las necesidades de la persona con dependencia, sino también de su familia, puesto que la atención a las personas en situación de dependencia ha recaído fundamentalmente en el ámbito familiar y, dentro de éste, generalmente en las mujeres. El Sistema de Bienestar Social y de Protección Social carecía hasta el desarrollo de la Ley de Dependencia de un modelo integral, universal de atención a la dependencia, a pesar de que desde diferentes instituciones se estuviera dando atención a este colectivo.
En este contexto la aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley de Dependencia, supuso abrir una nueva línea de progreso social hacia el reconocimiento del derecho subjetivo de las personas afectadas por una situación de dependencia por un lado, y la posibilidad de consolidar lo que se dio o se quería dar en llamar el 4º pilar del Estado de Bienestar; y digo esto, puesto que la perspectiva que se tenía de esta ley, tal y como ya he comentado, era que se convirtiera en una medida más de protección social del colectivo de personas afectadas por una situación dependencia.

La Ley de Dependencia podría haber desarrollado una red de protección
Supondría en definitiva, dar un nuevo paso hacia el logro de la cobertura de los derechos que supone el adquirir la condición de ciudadanía plena, que ha pasado por el logro de la ciudadanía civil -derechos básicos para la libertad individual, de expresión de pensamiento y religión, a la propiedad, cerrar contratos y a la justicia-, ciudadanía política -derecho a la participación en el poder político, tanto de manera activa o pasiva, sufragio activo y pasivo- y ciudadanía social -derecho a la seguridad, al bienestar económico, a una vida digna y cívica según los estándares sociales (derechos sociales fundamentales, lucha contra la exclusión social, sistema educativo y sistema de servicios sociales). En definitiva, la creación de una red de protección, que permitiera tener un mínimo de seguridad a la población, es decir, una cobertura que debía de ser dada por el Estado.
Este fue el aspecto más importante que condujo a que se desarrollaran los pilares del Estado de Bienestar Social; el hecho de que la ciudadanía dotaba a las personas de unos derechos y al Estado de unos deberes para poder dar respuesta a los derechos sociales que generaba la ciudadanía social.
La Ley de Dependencia podría haber desarrollado aspectos que no se habían podido desarrollar. La ley daba la posibilidad de dotar de derechos y prestaciones que supondrían una igualdad de oportunidades para el colectivo de personas afectadas por una situación de dependencia.
El hecho de que las prestaciones, servicios y derechos que esta ley generaba fuera establecido dentro de marco de la Seguridad Social como un seguro público universal, lo convertiría en una medida más de provisión de servicios con garantía de continuidad. Sin embargo la realidad finalmente fue otra muy diferente. La ley fue asumida desde Sanidad y desde Política Social, con lo cual, la Ley de Dependencia nunca se convirtió en el 4º pilar de los servicios sociales y por supuesto, no se le doto de una continuidad como se ha podido ver en el desarrollo de la misma. Esto enfatizado con la creciente crisis económica, ha llevado a que paulatinamente se vayan perdiendo los derechos que esta ley generaba, y a que se derriben las expectativas que había generado entre las personas en situación de dependencia y los cuidadores familiares.

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