Vocal del CGPJ
Nunca un ministro de Justicia perjudicó a tantos ciudadanos en tan poco tiem-po. Así se puede sintetizar, a día de hoy, el paso de Alberto Ruiz Gallardón por la cartera de Justicia. Podría ser su epitafio político. Ciertamente ha superado a cualquiera de sus antecesores recientes en el cargo. En sólo un año ha hecho añicos la fina pátina de político "conservador-progresista" que tanto había culti-vado desde su tiempo como presidente de la Comunidad de Madrid y luego como alcalde.
Como ministro de Justicia puede ya arrogarse el dudoso honor de haber con-seguido unir en contra suya a todas las asociaciones de jueces y de fiscales; un "milagro" jamás conseguido antes por ningún antecesor en el cargo.
Gallardón pasará a la historia negra de la Justicia por haber sido el ministro que impulsó la reciente Ley de Tasas, que ha resultado tan polémica.
Las tasas judiciales fueron erradicadas de nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 25/1986 para propiciar, entre otros motivos, que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia, sin tener en cuenta su situación económica o su posición social. Aquella decisión garantizó a la ciudadanía española un sistema judicial gratuito, universal e igualitario, de la misma forma que ocurrió con la Sanidad.
Dieciséis años más tarde, en 2002, el artículo 35 de la Ley 53/2002 reintrodujo las tasas de un modo limitado porque sólo obligaba a las personas jurídicas, es decir, a grandes empresas.
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