martes, 18 de septiembre de 2018
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Redacción

 La reforma local del Gobierno, un nuevo ataque a la cohesión social y la vertebración territorial



Gaspar Carlos Zarrías Arévalo.

Secretario de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE y Diputado por Jaén en el Congreso. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como abogado en los sectores del derecho penal y laboral. Ingresó en el PSOE en 1972. Fue diputado del Parlamento de Andalucía por la provincia de Jaén desde su primera legislatura en 1982 siendo reelegido por la misma circunscripción en 1986, 1990, 1994, 1996, 2000, 20004 y 2008. También ha sido concejal del Ayuntamiento de Cazalilla (Jaén), 1995. Diputado por la provincia de Jaén en el Parlamento de Andalucía (1982-2009). Director General de Administración Local, en la Junta de Andalucía (1982-1984). Consejero de Presidencia de Andalucía (1988-1990). Senador designado por el Parlamento de Andalucía (1990-1994). Secretario General del PSOE de Jaén (1994-2010). Consejero de Industria, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía (1995-1996). Consejero de Presidencia de Andalucía (1996-2009). Vicepresidente primero de la Junta de Andalucía (2008-2009). En abril de 2009 se convirtió en Presidente en funciones de la Junta de Andalucía. Diputado por la provincia de Jaén en el Congreso de los Diputados (X Legislatura, 2011). Secretario de Estado de Cooperación Territorial, desde abril de 2009 hasta diciembre de 2011. Secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (2010-2012).
 

Los Gobiernos locales han sido claves en el desarrollo de nuestro país durante los últimos 30 años. Miles de alcaldes y concejales han trabajado para transformar sus pueblos y ciudades desde lo local, y han contribuido con su labor a afianzar la democracia y asegurar el bienestar social y la igualdad.

Los Ayuntamientos juegan un papel clave al ser la Administración más cercana al ciudadano: por un lado, claves en la prestación de los servicios básicos, garantizando dicha prestación en cualquier lugar (sea el municipio grande o pequeño); y por otro lado, porque es la administración más próxima y a la primera que los ciudadanos acuden cuando tienen un problema.

Se hace necesario actualizar y adaptar a la realidad actual la ley de bases de régimen local, en vigor desde 1985, y abordar de una vez por todas, la reforma de los gobiernos locales españoles, dotándoles de una normativa plenamente armonizada con el desarrollo constitucional, la consolidación del Estado de las Autonomías y las reformas estatutarias más recientes.

El Gobierno del PP presentó el pasado mes de febrero un borrador de anteproyecto de ley de reforma local, que lejos de solucionar los problemas y dar respuesta a las demandas de los gobiernos locales, supone una grave amenaza para el municipalismo.
En primer lugar, todo el anteproyecto se justifica bajo la premisa del ahorro, el control del déficit y el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.
A partir de la criminalización de la administración local, se opta por eliminar la autonomía de las corporaciones locales y presentarlas a la opinión pública como despilfarradoras, culpándolas de actual situación de crisis. Hay dos datos que desmontan por sí solos este planteamiento. De toda la deuda de las Administraciones públicas, 882.000 millones en 2012, sólo un 4% corresponde a las entidades locales. Además, los Ayuntamientos han cumplido con el objetivo de déficit, con una reducción con respecto al año anterior de 0,3% y fijando la cifra actual en el 0,2% del total.
En realidad, el anteproyecto que ha presentado el Gobierno esconde un cambio radical de modelo, que termina con la idea de Ayuntamiento que tenemos hasta ahora, al restarles capacidad para cumplir con las tareas que la Constitución les encomienda.
Es inasumible que se considere la posibilidad de intervenir, y desaparecer, de hecho, a los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, que son el 83,74% del total, en aras de un supuesto control presupuestario, cuando todas las administraciones ya están obligadas por ley a cumplirlo.

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