domingo, 24 de junio de 2018
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Javier Suárez Pandiello.


Catedrático de Hacienda Pública Universidad de Oviedo.  En el ámbito académico, se ha especializado en Federalismo Fiscal y Haciendas Territoriales, temas esto sobre los que ha publicado nueve libros y una centena de artículos en revistas académicas y capítulos en libros colectivos.  En el ámbito profesional, ha asesorado en materias de financiación territorial a diversos gobiernos regionales y locales, ha formado parte de varias Comisiones Nacionales constituidas para el estudio y la realización de propuestas de reforma de la financiación local en España Department (FAD) del Fondo Monetario Internacional, para el que ha trabajado en misiones en Bolivia y El Salvador.

Las necesidades de abordar una amplia reforma de las estructuras de gobierno y del marco legal de los gobiernos locales no son nuevas, sino que vienen siendo retrasadas una y otra vez por diversas razones, entre las que no es la de menor importancia su subordinación a otras "prioridades" en materias de reformas legales e institucionales.

En el ámbito institucional, estos asuntos han llevado tanto a la Administración Central como a la Federación

Española de Municipios y Provincias, e incluso a algunas Comunidades Autónomas a promover innumerables grupos de trabajo, elaborar "libros blancos" y de todos los colores y encargar estudios bien intencionados sobre los que fundamentar reformas que, pareciendo contar con amplio consenso político en las instituciones, finalmente no acababan concretadas en disposiciones normativas de amplio calado.

La presencia de más de 8.000 municipios, de los cuales una amplísima mayoría tiene una dimensión muy reducida, viene alertando con frecuencia sobre la sostenibilidad del mapa municipal tal como está hoy configurado. Parece evidente que cualquier administración digna de tal nombre requiere de una mínima masa crítica que permita aprovechar al máximo los resortes y las palancas de los instrumentos de gestión pública. Sin embargo, no han faltado en este debate posiciones críticas que podríamos calificar como de exageradas, simplistas y poco rigurosas.
Por ejemplo se viene poniendo el acento desde determinados ámbitos en los excesivos costes que supone mantener estructuras administrativas mínimas en municipios muy pequeños y en la imposibilidad de aprovechar en esos ámbitos economías de escala en la gestión de los servicios públicos. Pareciera como si la mera eliminación de fronteras por integración de municipios en espacios más amplios fuera a dar lugar a ahorros ingentes de recursos públicos y a mejoras espectaculares en las condiciones de eficiencia en las que se suministrarían los servicios a los ciudadanos.
No se prevén ahorros significativos
No obstante, en mi opinión es preciso suavizar el tono de tales advertencias y matizar convenientemente el alcance de las mejoras de eficiencia esperables. Es verdad que la gestión pública requiere una estructura administrativa y que probablemente el incremento de la dimensión mínima de los municipios permitiría configurar equipos de gestión más profesionalizados, repartir responsabilidades entre más personas y, en última instancia, tomar decisiones sobre bases técnicamente más sólidas.
Sin embargo, yo no esperaría de ese proceso ahorros de costes especialmente significativos. Lo que encarece en la práctica el coste de los servicios es, básicamente, suponiendo que se optimizan precios y cantidades de inputs, la dispersión de la población y ese problema no se combate con la mera agregación de unidades administrativas. El hecho de que haya extensas áreas del país, sobre todo en el ámbito rural, en el que la población se encuentre muy diseminada hace que suministrarle a esa población los servicios básicos (por ejemplo abastecerles de agua potable, retirarles los residuos, mantenerles en buen estado los caminos o carreteras, y no digamos nada de prestarles servicios personales tales como la atención domiciliaria a ancianos...) deba hacerse a unos costes unitarios muy superiores a aquellos en los que se incurriría si el mismo número de personas vivieran en un entorno más concentrado en áreas con mayor densidad de población.
Pues bien, el hecho de agrupar municipios poco abarataría el coste de estos servicios, si la población se mantiene fija en el territorio. Sería de esperar que tras la eventual fusión de municipios, los individuos seguirían siendo usuarios de los servicios, al menos en las mismas condiciones de cantidad y calidad (los camiones de la basura recorrerían los mismos kilómetros, se necesitaría mantener las mismas infraestructuras hidrográficas o de comunicación rodada, etc.) y consiguientemente pocos ahorros se conseguirían (las economías de escala no aplicarían en estos casos).

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