En momentos de crisis, pocas cosas despiertan más inquietud que la falta de garantías en el cobro de las deudas. Si además el deudor es una Administración, esa inquietud trasciende. La Administración, tradicional "buen pagador", aunque tardío, y dinamizador obligado de la actividad económica en coyunturas adversas, no puede permitirse impagos que susciten inseguridad entre las empresas, ni entre los ciudadanos. Habilitar un procedimiento que dé solución a esos impagos ya se reveló útil en 2012 y se muestra perfectamente oportuno en 2013.
Por ello, la puesta en marcha de un nuevo plan de pago a proveedores es una medida celebrada desde la Federación que, además, une a su reconocimiento un doble motivo: en primer lugar, porque da respuesta a las demandas planteadas por la FEMP, y extiende su aplicación a las Entidades Locales de Navarra y el País Vasco, que no pudieron beneficiarse de sus ventajas el pasado año; y, por otro, porque se abre al pago de otras modalidades de contratos, como concesiones administrativas, encomiendas de gestión, convenios, contratos de arrendamientos de inmuebles o contratos de colaboración público-privada, cada vez más frecuentes en la gestión económica de las Administraciones.
Se pagaron 9.600 millones de euros el pasado año
La puesta en marcha de la primera línea de crédito de estas características el pasado año, permitió que 3.777 Entidades Locales españolas pagasen casi 1,8 millones de facturas por un importe de unos 9.600 millones de euros. Con ello, casi 115.000 proveedores de la Administración Local cobraron sus deudas pendientes anteriores a 1 de enero de 2011.
Los resultados de esta iniciativa, tanto en su vertiente local como autonómica (el llamado FLA), trajeron consigo un apoyo del 1,3% al crecimiento del PIB y, lo que es más importante, el mantenimiento de 174.542 empleos, en cifras del Ministerio de Hacienda.
En este balance, sin embargo, no podemos obviar algunas consideraciones. Por ejemplo, que de los más de 8.100 Ayuntamientos españoles, fueron menos de la mitad los que se vieron abocados por su situación económica a sumarse al plan de pago. Los 3.777 Gobiernos Locales que sí lo hicieron, realizaron en muchos casos un esfuerzo importante para elaborar sus planes de ajuste y para planificar, en tiempo y forma, su incorporación al Plan de Pago. Ese esfuerzo, sin duda, mereció la pena.
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