La promoción de la transparencia y de la buena gestión: fundamentos de la fiscalización del Tribunal de Cuenta sobre el sector público local

Las entidades locales constituyen en España un universo extraordinariamente heterogéneo y diversificado de microconstelaciones. La Constitución Española de 1978, que diseña en su Título VIII la organización territorial del Estado, representó un gran cambio en la Administración Local. Las provincias y municipios, que constituían antes del Texto Fundamental el escalón territorial inferior en el ejercicio desconcentrado de las competencias de un estado centralizado, pasan a ser entidades dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, con potestad para establecer y gestionar su gobierno y administración, con competencias propias y con autonomía y suficiencia financiera para su gestión y ejercicio. Se atribuye al Estado la función de garantizar los principios de solidaridad y de mantenimiento de un equilibrio económico, justo y adecuado entre las diversas partes del territorio español.

Una primera aproximación a la realidad de las entidades locales aconseja recordar, siquiera someramente, el alcance de este sector y lo que representa en el contexto global de la organización del Estado. Una simple mirada a los datos resultantes lleva a tomar conciencia de la variedad, complejidad y falta de homogeneidad que presenta este sector, y revela la dificultad de ofrecer un tratamiento conjunto de las circunstancias en las que se mueve y de los problemas de los que adolece.