En bancarrota. Esa es la dramática situación en la que se encuentran la mayoría, por no decir la totalidad, de los 542 municipios que se extienden a lo largo del País Valenciano, la mitad de ellos de menos de mil habitantes y, por tanto, carne de cañón y víctimas propiciatorias de la reforma de la ley de bases de régimen local que prepara el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Una reforma que amenaza con convertir los pequeños ayuntamientos en meras oficinas administrativas de las diputaciones y sin poder de decisión.
El mayor ciclo económico expansivo que se recuerda llenó las ciudades valencianas de grúas mientras las arcas de los ayuntamientos rebosaban liquidez a base de los impuestos que se recaudaban con la concesión de licencias. La burbuja inmobiliaria sirvió para que los municipios compitieran para ver quién era el que más infraestructuras creaba. Los alcaldes competían en la construcción de piscinas cubiertas, pabellones deportivos, auditorios, bibliotecas, centros sociales...sin preocuparles a muchos que esas instalaciones fueran costosas de atender. Sobraba el dinero y por cada infraestructura los alcaldes creían levantar un puente de plata que los llevaría a una segura reelección.
Las haciendas locales, en quiebra
Pero llegó la peor crisis económica que se recuerda, estalló la burbuja inmobiliaria y los ayuntamientos se quedaron sin su principal fuente de ingresos y, por tanto, sin recursos para afrontar sus gastos generales. El informe de la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente a 2010, él último presentado por el Síndico de Cuentas de la Comunidad Valenciana, certificó la quiebra de las haciendas locales. Según el informe, el dinero que los ayuntamientos podían disponer para financiar los gastos no previstos empeoró en un 1.758% respecto al año anterior, una cifra que evidencia que los ayuntamientos vivieron durante los años de bonanza muy por encima de sus posibilidades. Hasta el punto de que 171 municipios cerraron el año con un remanente de tesorería negativo que superaba su presupuesto anual.
Si informes como el anterior no dejan lugar a dudas de la grave situación de los ayuntamientos, las declaraciones de sus máximos responsables sobre la situación real no son menos demoledoras. La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, habla claro a quien quiera oírla. La falta de liquidez y la deficiente financiación ha situado a los ayuntamientos en una situación "terminal", hasta el punto de muchos han dejado de prestar algunos servicios, reconoce sin bagajes la también alcaldesa de Alzira por el Partido Popular.
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