jueves, 25 de abril de 2024
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Redacción

 Reflexiones sobre la reforma de la Administración Local

 
Alejandro de Diego Gómez
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Secretario de Administración Local.
 Licenciado en Derecho. Fue Secretario del Ayuntamiento de Sobrado dos Monxes (A Coruña) . Desde 1982 ocupa la plaza de Secretario en el Ayuntamiento de Avión (Ourense). En 1987 participó activamente en la creación de la Mancomunidad Intermunicipal de O Ribeiro (una de las primeras en constituirse en Galicia y que acabó siendo referente de otras muchas), ocupando los cargos de Vicesecretario y Secretario de la misma.  En 1990 y durante 2 mandatos consecutivos fue Presidente del Colegio Provincial de Ourense de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.Fue uno de los promotores de la creación de la Federación Gallega de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, habiendo ocupado su primer puesto de Secretario.
 

34 años después de las primeras elecciones tras la restauración de los ayuntamientos democráticos, es tiempo suficiente como para plantearse hacia dónde debe encaminarse nuestra administración local, teniendo en cuenta que es la más cercana al ciudadano pero también la más inviable por su propia atomización. Así, en España existen un total de 8.117 ayuntamientos de los que tan sólo 145 cuentan con más de 50.000 habitantes mientras que la friolera de 4.874, lo que supone nada menos que el 60 %, tienen menos de 1.000 habitantes, 3.787 no llegan a 500 y 1.040 ni siquiera a 100, a lo que hay que sumar 3.720 entidades locales menores, 1.023 mancomunidades además de agrupaciones, consorcios, etc., etc.

El Gobierno, tras unos primeros pasos titubeantes en los que había dejado caer la posibilidad de fusionar ayuntamientos no quiso abrir este debate, que se me antoja inevitable tarde o temprano, y ha terminado por elaborar un proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que no contenta prácticamente a nadie.

Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es el competencial. Por una parte el texto nos devuelve a mediados del siglo pasado en cuanto al catálogo de servicios mínimos por tramos de población, obviando lo que se ha logrado en este país, sobre todo en los últimos 30 años, y el nivel de vida y de bienestar que existe en nuestros pueblos. Es totalmente impensable en estos momentos que para poder acudir a una biblioteca municipal haya que vivir en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuando estos sólo representan el 16 %, o que para que nos ayude un servicio de protección civil, practicar deporte en instalaciones municipales o tener acceso a una ayuda a domicilio haya que residir en municipios de más de 20.000 habitantes cuando estos son sólo el 5 % del total, tal y como plantea esta reforma, sino que lo que habría que exigirle al Gobierno es que mire hacia adelante y establezca una carta de servicios locales acorde con el Siglo XXI en el que vivimos y con las exigencias que tiene hoy en día la población.

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