Miguel Centella Moyano. Profesor de Políticas Sociales Universidad de Extremadura
Una década después de que se comenzase a cuestionar ideológicamente la viabilidad del Estado del bienestar, la España de la postransición iniciaba, con cuarenta años de retraso, la construcción de las estructuras de su propio modelo welfarista sobre la base de una lógica socialdemócrata que, como la mayoría de los partidos que la sustentan, ya por entonces comenzaba una incierta odisea, aún no resuelta y muy probablemente sin retorno, hacia no se sabe dónde.
Desde mediados de los ochenta y con el ingreso en la entonces Comunidad europea en la agenda, los gobiernos de la recién estrenada España democrática, socialista y de las autonomías, se afanaron en universalizar sus sistemas educativo y sanitario con la urgencia del que llega tarde a la fiesta y se obstina en engullir los momentos perdidos para no quedar desplazado. Es cierto que este país no era el único de Europa occidental que había demorado la puesta en marcha de mecanismos de protección social de carácter universal como ampliación y complemento de la cobertura pública ligada con exclusividad a la relación de trabajo, bastante deficitaria, por otra parte. Pero emprender ese proceso acompañados (la vía o modelo mediterráneo, se ha venido a llamar) simbólicamente ni significó un refuerzo en la legitimación del zarandeado modelo keynesiano-beverigiano de bienestar, en conjunto, ni facilitó la construcción de modelos sociales de una eficiencia y equidad elevadas.
Verdad sea dicha que quizás el contexto no diera para realizaciones más ambiciosas en la línea de las experiencias de referencia, por lo que quizás, también, los umbrales de protección social alcanzados no han sido ni mucho menos desdeñables. Los tiempos eran otros. La debilidad fiscal del Estado, el problema del déficit estructural y el desorbitado desempleo generados tras la resaca de casi treinta años de ininterrumpido crecimiento económico y desarrollo social, además de la penetración de las nuevas formas de organización de trabajo postfordistas más flexibles, habían provocado un
primer y demoledor asalto a ese pacto keynesiano de postguerra que ha constituido el principal soporte para la generación, el sostenimiento y la promoción social de las clases medias.
El modelo social engendrado no es un ente estático ni inmutable
Bajo esos condicionantes, la contrarreforma thatcheriana-reaganeana establecía las premisas ideológicas y los instrumentos políticos para la deconstrucción del paradigma del igualitarismo universalista socialdemócrata cuya puesta en práctica se pudo ver al instante en forma de moderación de los presupuestos sociales y en la revisión de las carteras de servicios. En la vorágine de las primeras olas de aquel tsunami liberal-conservador que ha anegado hasta no se sabe cuándo pero sí cuanto muchos de los elementos estructurales del sistema, únicamente la lógica del mercado electoral permite que hoy podamos seguir permanentemente hablando de la crisis del
Estado del bienestar y que no nos limitemos a evaluar como algo del pasado la
experiencia que éste constituyó, y ello a pesar del marasmo de la izquierda, el colapso ideológico del postindustrialismo y la entropía de nuestros sistemas políticos.
No obstante y a contracorriente, en España el gasto público de carácter social comenzó a aumentar a un ritmo muy elevado, tanto como el de la creciente de demanda social era satisfecha por los distintos niveles de administración que se fueron añadiendo rápidamente a los tentáculos del intervencionismo regulador panestatista. El actual estado de salud económica y de depresiva melancolía financiera autonómica y, sobre todo municipal, además de con una deficiente distribución competencial y una errónea utilización de las técnicas presupuestarias, tiene que ver en parte con aquella carrera desbocada alimentada por una subsidiaridad mal entendida.
Pues bien, han pasado treinta años desde que se formularon las primeras políticas sociales al servicio de una estrategia de igualación social de carácter sistémico en el marco de, como establece la vigente constitución, un Estado social, democrático y de derecho. El tiempo suficiente para cerciorarnos de que, con la desazón que produce la incertidumbre por la pérdida de un bien preciado, el modelo social engendrado no es un ente estático ni inmutable y ni mucho menos, como ya se ha señalado, incuestionable. Su construcción forma parte de un proceso que, por más que pueda pesar o por mucho que intranquilice, está inconcluso. Quizá la decepción haya sido el resultado de instalarse en la idea contraria, pensar que nuestro edificio estaba terminado y que las obras de reurbanización en los inmuebles y solares aledaños no tendrían efecto alguno sobre el propio.
