
No es extraño escuchar, como justificación para algún delito menor, que la corrupción y la deshonestidad derivan de necesidades económicas insatisfechas de determinados segmentos de la población. Tal argumento no se sostiene a la luz del comportamiento del opulento uno por ciento de la población estadounidense que es dueño del 40 % de la riqueza nacional de los Estados Unidos.