El IDE 2014 de la Fundación Alternativas dedicó un capítulo al análisis de los que, junto al caso Nóos, son los tres principales escándalos de los últimos años: el caso Bárcenas-Gürtel, el caso Palau y el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Estos tres casos revelan algunos problemas graves en el funcionamiento en nuestras administraciones públicas.
Los paralelismos entre los dos primeros casos, Bárcenas y Palau, son más que evidentes. En los dos encontramos muchos elementos comunes: la financiación irregular de partidos, junto con las más que sólidas sospechas de los tratos de favor que reciben los donantes en la adjudicación de contratos públicos. Además, para que un partido político pueda conseguir que las administraciones públicas que están bajo su control se presten a contribuir a estos intercambios, se necesita que quienes trabajan en tales organizaciones cuenten con un sistema de incentivos tal que estén dispuestos a incumplir los mandatos legales.
El caso ERE de Andalucía ilustra bastante bien esta característica que flota también en los otros dos casos. Se trata de, como dice el fiscal del caso Palau, el abusivo ascendiente que los altos cargos de los partidos ejercen sobre el personal de las administraciones públicas y que da lugar a la corrosión “de la obligada imparcialidad” de éstas. Lo que difiere entre los dos primeros casos y el tercero es la motivación para ejercer ese ascendiente. Mientras que en los dos primeros tiene que ver con las vías irregulares de financiación de los partidos, en el tercer caso se trata de una extremadamente discrecional distribución de recursos públicos entre algunas de las bases electorales del partido de gobierno y, más en particular, de las bases de apoyo personal y partidista de algunos de sus dirigentes.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POLITIZADAS
Lo que no cambia de un caso a otro es la facilidad con la que los dirigentes del partido de gobierno consiguen que estas administraciones públicas se plieguen a sus dudosamente legales o abiertamente ilegales deseos.
Cuando determinados dirigentes de un partido en el gobierno son capaces de conseguir los resultados que se describen en el capítulo, es que el grado de politización de nuestras administraciones públicas es ciertamente excesivo.
Como han puesto de manifiesto los trabajos, entre otros, de Dimitri Sotiropoulos, las administraciones públicas de los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Portugal) se caracterizan en general por su extensa politización. Sotiropoulos señalaba como ese mayor grado de penetración de las influencias del partido en la burocracia pública se evidenciaba mediante dos tipos de clientelismo: por arriba y por abajo.
El clientelismo at the top se refiere a la profundidad que suelen tener los nombramientos políticos en los escalones superiores de la administración.
A diferencia de lo que ocurre en los países del norte y el oeste de Europa, en los del sur los nombramientos políticos no se limitan a los de los niveles más altos (ministros y secretarios de Estado o equivalentes), sino que descienden bastantes niveles hasta puestos claramente técnicos para los que se selecciona a aquellos funcionarios públicos que tienen claras simpatías por el partido o partidos de gobierno.
El clientelismo at the bottom se refiere al control interesado que los partidos de gobierno ejercen en la contratación de quienes ocuparán los puestos de trabajo de los escalones inferiores del sector público. Como señalaba Víctor Lapuente, esta politización de las administraciones públicas extiende entre los funcionarios y los empleados públicos una clara conciencia de cuáles son las verdaderas reglas de juego: “Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se dará cuenta de que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto”. Y, es más, con suma frecuencia, esta politización excesiva de las administraciones públicas se extiende también preocupantemente hacia las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo General del Poder Judicial...) dificultando con ello la efectividad y la imparcialidad con la que necesitan desarrollar su labor.
Estos tres casos enseñan que, si de verdad queremos reducir las oportunidades para la corrupción, uno de los objetivos fundamentales debe ser el de acabar con la politización excesiva de las administraciones públicas.
Este objetivo pasa, al menos, por reforzar los sistemas de mérito y capacidad tanto en el reclutamiento como en la carrera profesional (lo que incluye un buen sistema de evaluación del desempeño), la introducción real de la figura de los directivos públicos profesionales, una política efectiva de transparencia de la información pública, y la puesta en marcha de programas de formación en integridad y ética pública para funcionarios y altos cargos que ayuden a gestionar con eficacia el difícil problema de los conflictos de interés.
