sábado, 21 de octubre de 2017
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Salvador Faus. Periodista

La Comunitat Valenciana ha sido de siempre una tierra de liderazgos sorprendentes, con una clase dirigente obcecada durante las dos últimas décadas en situarla en el punto más alto de cualquier ranking hasta las últimas consecuencias: contar con la administración autonómica más endeudada, con mayor déficit y, la última de las "hazañas", liderar la destrucción del sector público valenciano tras haberlo hinchado impúdicamente durante años.

El actual inquilino del Palau de la Generalitat, el "popular" Alberto Fabra, es el cuarto presidente, -y posiblemente el último, a tenor de los sondeos- tanto en orden cronológico como por su nivel de excesos, colocado por el Partido Popular valenciano, vía "dedazo" de Madrid, para regir los designios de una tierra que hoy se asemeja a un paisaje lunar tras ser confundida con una tierra de oportunidades que ha sido saqueada por demasiados pillastres.

Si Eduardo Zaplana y Francisco Camps fueron los presidentes de los proyectos faraónicos y de las ensoñaciones megalómanas, José Luis Olivas pasará a los anales por ser, junto a su dos antecesores, el corresponsable del hundimiento del sistema financiero valenciano y especialmente de Bancaixa, en cuya presidencia aterrizó tras un breve periodo de transición al frente del gobierno autonómico. Y a Alberto Fabra se le recordará como el mayor destructor de empleo público.

Líder en destrucción de empleo público

Según el último informe del ministerio de Hacienda sobre la reordenación de los "holdings" autonómicos, el País Valenciano lidera la liquidación de empresas mercantiles y entes públicos en España, por cuanto acumula una cuarta parte de todo el recorte realizado en el sector público empresarial estatal. Este recorte ha supuesto ya 3.600 despidos si se incluyen los que están pendientes de ejecutar tras el cierre de Radio Televisió Valenciana (RTVV), organismo al que Zaplana y Camps triplicaron la plantilla, que pasó de 650 a 1.700 trabajadores, y multiplicaron por 81 su deuda hasta alcanzar los 1.300 millones de euros.

El Gobierno de Fabra está llevando a rajatabla las órdenes del ministerio de Hacienda de liquidar al máximo el sector público a cambio de darle "oxígeno" financiero con las ayudas periódicas que le llegan a la Generalitat a cargo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La inflexibilidad del ministro Montoro es tal que RTVV es por ahora la única televisión autonómica que se ha visto obligada a echar el cierre.

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