Se denomina e-Administración o Administración electrónica a la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las Administraciones Públicas, con objeto de convertir los procesos en papel en electrónicos y de habilitar un nuevo medio para la relación con el ciudadano.
La Comunitat Valenciana ha sido de siempre una tierra de liderazgos sorprendentes, con una clase dirigente obcecada durante las dos últimas décadas en situarla en el punto más alto de cualquier ranking hasta las últimas consecuencias: contar con la administración autonómica más endeudada, con mayor déficit y, la última de las "hazañas", liderar la destrucción del sector público valenciano tras haberlo hinchado impúdicamente durante años.
Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Nosotros, que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto, no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia, y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano.
Javier Castro. Periodista
Entre el funcionariado también hay clases. Los hay de a pie -como los antiguos encargados de las ventanillas, objeto directo de queja de los administrados- intermedios en distintos grados y de cinco estrellas. Y por encima de todos ellos los gestores políticos de turno, un funcionariado a tiempo parcial que toma las decisiones y, en consecuencia, es responsable de lo que se ejecuta desde la Administración pública.
Según Wikipedia, Administración Pública es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica. De manera más burocrática, también se define como la organización que el Estado utiliza para canalizar demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones.
Hermes -en la mitología griega dios olímpico mensajero, de las fronteras y los viajeros que las cruzan, de los pastores, de los oradores, el ingenio, del comercio en general? y también de la astucia de los ladrones y los mentirosos- es el nombre que ha adoptado un nuevo portal de Internet, que oficialmente servirá a la mejor relación entre las autoridades y los ciudadanos griegos, de cuales un 34,6 % según el banco de Grecia vive bajo de los límites de la pobreza. Se trata de un paso más hacia la reforma de Administración pública en Grecia, que todavía carece de nombre.
En España hay 8.117 Ayuntamientos de los que sólo 145 cuentan con más de 50.000 habitantes, mientras que 4.873, lo que supone el 60%, tienen menos de 1.000 habitantes, 3.787 (casi el 47%) no llegan a 500 y 1.135 (el 14%) ni siquiera a 100. A lo que hay que sumar 3.721 entidades de ámbito territorial inferior al municipio, 1.024 mancomunidades, 3 entes metropolitanos, 81 comarcas, 38 provincias de régimen común y 3 de régimen foral, sin contar las Comunidades Autónomas uniprovinciales, así como 11 islas con 4 Consejos Insulares y 7 Cabildos, además de consorcios, agrupaciones, etc., etc. Es decir, estamos ante una situación absolutamente insostenible.
Hace unos días el catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona (UB) y presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, recordaba que "la Administración Pública no se creó para ser eficiente, sino para la equidad entendida como la capacidad de acceso de todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos, a determinados servicios", y remachaba: "eso es conveniente saberlo para no equivocarnos en la reforma".
Carlos Gómez Bahillo. Director del Departamento de Sociología y Psicología de la Universidad de Zaragoza. Decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Aragón
En la actualidad, con el término Administración pública se designa al conjunto de procedimientos, mecanismos y formas sociales por medio de las cuales el Estado gestiona y administra bienes y servicios públicos, reglamenta la actividad económica privada y contribuye, a través de la política económica, al funcionamiento del mercado.
Una vez aprobada la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) se puede decir sin temor a equivocarse que es una de las normas que más oposición han provocado en el sector al que va dirigido.
Alfonso Utrilla de la Hoz. Doctor en ciencias Económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid
La amplitud y alcance del proceso de descentralización llevado a cabo en nuestro país en los últimos treinta años presenta una especial incidencia en la delimitación y distribución de competencias del conjunto del sector público y en la configuración de la hacienda autonómica y local.
Durante los últimos años nuestros Gobiernos están pretendiendo poner en marcha proyectos reformistas con el ánimo de superar la crisis económica que estamos viviendo, particularmente grave en nuestro país, intentando corregir los desequilibrios detectados, no siempre con mucho éxito (ni en planteamiento ni en ejecución) y establecer nuevas bases para corregir la tendencia negativa que está viviendo nuestra economía.
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