martes, 17 de octubre de 2017
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Roberto L. Blanco Valdés. Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Santiago

He comparado en alguna ocasión a los partidos políticos con los impuestos que todos estamos obligados a pagar (Las conexiones políticas. Partidos, Estado, sociedad, Madrid, Alianza Editorial, 2001).

Tal comparación se sostiene, desde mi punto de vista, al menos en dos elementos diferentes: de un lado, en que, al igual que los partidos, los impuestos son un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento de los Estados democráticos modernos; del otro, en que la creencia ciudadana generalizada de que sin impuestos y partidos no podría organizarse la convivencia política y social sobre las bases en que una y otra se sustentan después de la Segunda Guerra Mundial en los países europeos es compatible con el hecho de que a la mayoría de la gente impuestos y partidos no les gustan: los primeros, por la obvia razón de que significan entregar al poder público una parte mayor o menor del dinero que ganan con su esfuerzo y su trabajo; los segundos, porque les parecen egoístas en sus intereses, parciales en su comportamiento y en no pocas ocasiones sordos a los intereses generales.

Ocurre, sin embargo, que sin partidos no podría existir la democracia, como lo demuestra la evolución del Estado constitucional en nuestro continente, que también he estudiado con detalle no hace mucho (La construcción de la libertad. Apuntes para una historia del constitucionalismo europeo, Madrid, Alianza Editorial, 2010). Y es que las organizaciones partidistas jugaron desde los momentos finales del siglo XVIII en Inglaterra y, sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XIX en gran parte de los Estado europeos, un papel esencial en el asentamiento de los regímenes de tipo democrático.

Tras las terribles experiencias del período de entreguerras, hoy sabemos que la estabilidad de las sociedades libres depende en gran medida de que se consoliden fuerzas políticas con capacidad de compartir esos consensos básicos que resultan absolutamente indispensables para el buen funcionamiento los sistemas de naturaleza democrática ¿Por qué? Pues porque los partidos cumplen funciones esenciales para la organización de la estructura y la dinámica de su funcionamiento: por expresarlo en los términos precisos en que aquellas funciones quedaron en su día reguladas en el artículo 6º de la Constitución española de 1978, son ellos -los partidos-, los que, en mayor medida que ningún otro sujeto político colectivo, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

Los partidos están en el debate político y científico desde principios de los 80

Tal evidencia no ha evitado, sin embargo, que la cuestión de la crisis de los partidos haya venido estando presente en el debate científico y político desde principios de los años ochenta del pasado siglo, cuando menos, y que haya reaparecido desde entonces de forma recurrente. Algunos autores sostuvieron ya en esas fechas la tesis de que los fuerzas partidistas, en tanto que primordial estructura de aglutinación de los intereses colectivos y, consiguientemente, de representación social, habrían entrado en una crisis profunda como consecuencia de la aparición de fenómenos neocorporativos en las modernas sociedades del bienestar, fenómenos que estarían en el origen del progresivo debilitamiento de las organizaciones partidistas y del paralelo fortalecimiento de los llamados nuevos movimientos sociales (feminismo, pacifismo y ecologismo, de manera destacada) como estructuras de participación alternativas a la que tradicionalmente habían significado los partidos políticos modernos.

Esa fue, por ejemplo, la tesis de Claus Offe, un prestigioso sociólogo de la política, quien la expresó en diversos trabajos de indiscutible interés para el estudio de las novedades producidas en ese campo por los cambios acaecidos en la estructura social de los más avanzados Estados europeos (Claus Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistema, 1988). El debate fue también muy activo en Italia, donde la problemática de la crisis partidista estuvo siempre conectada a la de las hipotéticas reformas institucionales que debían acometerse en el país para dar salida a la parálisis allí provocada por la ausencia de alternancia democrática derivada del modelo de democracia consociativa que se fue consolidando en la República italiana como efecto de la permanencia ininterrumpida de un partido (la Democracia Cristiana) en el poder tras la caída del fascismo (Gianfranco Pasquino, Degenerazione dei partiti e riforme istituzionali, Roma, Laterza, 1982).

Lo cierto será, sin embargo, que el caso de Italia terminará por resultar una excepción. Ciertamente, el sistema de partidos entró en crisis en Italia a principios de los años noventa del siglo XX, en gran medida por efecto de la propia crisis de los grandes partidos sobre los que el propio sistema pivotaba, pero sin que el lugar que aquellos ocupaban viniesen a ocuparlo los movimientos sociales citados, por ejemplo, por Claus Offe, sino nuevas fuerzas con un fuerte contenido populista, difícilmente equiparables a las estructuras de organización de los intereses colectivos conocidas hasta entonces en las sociedades democráticas: primero Forza Italia y años después el denominado Movimiento 5 Estrellas.

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