José Antonio Jurado Ripoll. Abogado del Estado
Lo que sobra en la política española es estrechez de miras. Lo que falta es un fundamento claro y un objetivo permanente: el fundamento ha de ser claro, visible en todo momento y en cada acción, y no puede ser otro que el respeto a la dignidad de la persona; el objetivo ha de ser permanente, inamovible aunque cambien las coyunturas, y no puede ser otro que el bien común.
Acoger como fundamento el respeto a la dignidad de la persona y como objetivo el bien común en toda circunstancia conlleva abrazar una ideología y ser plenamente coherente y consecuente con ella. Esto también falta en la política española (ideología, coherencia), la cual muestra auténtico miedo al compromiso con principios y valores estables, fuera de la propia "democracia"; la democracia no cuenta como principio ni como valor: la democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio (ciertamente, el más cualificado, que se conozca) para aspirar al verdadero fin del bien común garantizando la dignidad de la persona.
Una persona que no se aferre a criterios definidos no es de fiar; del mismo modo, la política que no se asienta en principios y valores estables no genera confianza, pues sin tales fundamentos (en realidad, "sin fundamento") nada habrá que le impida servir intereses particulares en lugar de intereses generales; y la voluntad que defiende el interés personal embota el conocimiento y éste, debilitado, acaba relajando la propia voluntad.
Yo no deseo mandatarios aparentemente "asépticos" o sin ideología, que funden sus decisiones exclusivamente en la fuerza de la autoridad o en la estructura del poder; prefiero personas con criterio, que cimienten sus acciones en valores estables y apliquen principios coherentes con los mismos, principios basados siempre en el respeto a la dignidad de la persona y dirigidos hacia el bien común. Y así lo quiero porque el político que apuesta por la dignidad de la persona y el bien común dejará el margen de actuación que le es propio a la iniciativa civil, fomentará la participación de todos en la vida pública, será consciente de la deuda de solidaridad que tiene el Estado con la sociedad y con los ciudadanos y establecerá políticas sociales que tiendan al desarrollo humano integral.
