Cristina González. Fundación Ficat
La isla de Lampedusa (20 kilómetros cuadrados, árida y carente de agua, 113 kilómetros de Túnez, 5.400 habitantes, que subsisten gracias a la pesca, la agricultura y el turismo) se ha instituido en símbolo de la tragedia, desde que hace ahora un año 368 personas, procedentes en su mayoría de Eritrea, perdieron la vida ahogados cuando intentaban llegar a Italia. A finales de enero de 2014, en el transcurso de un encuentro que reunió en la isla a diversas entidades y ciudadanos a título individual, se acordó redactar la denominada "Carta de Lampedusa" no pretende ser un borrador de ley, una propuesta legislativa ni una petición a los gobiernos, sino un replanteamiento radical de carácter económico, político, legal y cultural de la cuestión de la inmigración.
La carta, que supone un giro radical de los planteamientos oficiales sobre el tema, se inicia con la construcción de una visión alternativa: libertad y derecho a la autodeterminación para todos, independientemente de la nacionalidad o del lugar de nacimiento o residencia.
La protección de las vidas humanas en cualquier parte del planeta es una responsabilidad de todos
Las migraciones son un fenómeno presente a lo largo de la historia pero que en cada momento ha respondido a causas muy variadas y complejas. Entre las más comunes están las guerras, la inestabilidad económica, las catástrofes naturales o medioambientales y las persecuciones por motivos religiosos, étnicos o políticos. Sean las razones que sean, la tragedia de Lampedusa nos enseña que la vida es el valor más importante del ser humano y que todos los ciudadanos estamos obligados a impulsar su respeto y salvar la vida de aquellos que corren peligro. No sólo se convierte en un imperativo moral básico, sino en una movilización necesaria e imprescindible para poner fin a esta tragedia humana.
La necesaria derogación del Reglamento de Dublín
El Reglamento de Dublín, adoptado en 2003, tiene como objetivo determinar qué Estado es responsable de examinar una solicitud de asilo -normalmente, aquel en el que el solicitante entró en la UE por primera vez. En su evaluación de 2008, el Parlamento Europeo hizo constar que, en ausencia de estándares comunes entre unos países u otros, este sistema "seguirá siendo injusto tanto para los solicitantes de asilo como para algunos Estados miembros". Ente este panorama, parece obvia la demanda a todos los países de la UE para facilitar un reparto equitativo de los flujos de asilo y asumir la responsabilidad conjunta en temas de migración, permitiendo una verdadera libertad de circulación a quienes soliciten protección internacional.
El cierre inmediato de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros
Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un establecimiento público de carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. En cambio, en la práctica, son instituciones penitenciarias propiamente dichas. Esto se debe a la ausencia de un ordenamiento jurídico interno y las condiciones humanas en las que se encuentran los internos. La ausencia de servicios de asistencia social y médica, las deficiencias estructurales, la sobrepoblación de las instalaciones, la falta de aseos en las celdas, además de las prácticas que atentan contra los derechos fundamentales, colocan a estas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Todo ello explica la verdadera realidad de los CIEs que dista considerablemente de la concepción que de los mismos hacen las previsiones legales.
