jueves, 23 de noviembre de 2017
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Redacción

 Justicia y corrupción en Valencia, una historia interminable

JUSTICIA VALENCIA

Salvador Faus Verdú
 
"La corrupción es como la paella, en ningún sitio la hacen como en Valencia". La frase, sacada de una pintada realizada en un muro de una localidad próxima a la capital, es fiel reflejo de la sensación de asqueo con que una parte de los ciudadanos contempla cómo el País Valenciano se ha convertido en cuna de incontables escándalos político-económicos protagonizados por unos dirigentes que demasiados veces se salen de rositas cuando no alargan interminablemente los procesos bajo el manto protector de algunas togas. 
 

Si se consulta a los expertos, la mayoría coincide en que la lentitud de la maquinaria judicial, con escasos medios materiales y personales, y una anticuada ley de enjuiciamiento criminal, impide en ocasiones llevar a cabo una investigación rápida de los casos de corrupción. Para la opinión pública, sin embargo, es sospechosa la celeridad con que unas veces se mueve la Justicia, -solo hay que recordar los procesos contra Baltasar Garzón- mientras que en otras se eternizan las causas como si estuvieran teledirigidos por alguna mano todopoderosa.


Nueve años con el caso Fabra
Si una Justicia lenta es una Justicia ineficaz e injusta, cómo habrá que valorar los nueve años transcurridos ya desde que un empresario acusara al entonces presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, de cobrarle comisiones millonarias a cambio de su mediación ante dos ministerios para legalizar los productos fitosanitarios que elaboraba. Nueve años durante los que los nueve jueces y cuatro fiscales por cuyas manos ha pasado la instrucción del mayor caso de corrupción en Castelló no han podido por el momento fijar fecha para la vista oral.
Para que se siente en el banquillo de los acusados al cacique de Castelló aún tendrá que pronunciarse el Supremo sobre si a los delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal se le añade otro de cohecho, rechazado en un principio por la Audiencia Provincial de Castelló, tribunal sospechoso de haber presionado al juez Jacobo Pin, el último de los nueve jueces del juzgado de Nules que instruye el caso y que ha pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial.

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