viernes, 22 de septiembre de 2017
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Redacción

 Otra justicia es posible. Reforma del sistema judicial

JUSTICIA DERECHOS

Pedro Viguer

Juez Decano de Valencia
 
 Otra Justicia es posible. Por supuesto. Pero para ello, tenemos que asumir primero que la Administración de Justicia es la asignatura pendiente de nuestra Democracia. El progreso operado en España en los últimos treinta años no ha alcanzado a un sistema judicial que se muestra incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a sus necesidades. 
 

La actual incapacidad y saturación de los juzgados y tribunales tiene su origen tanto en la cicatería de los presupuestos públicos en las últimas décadas, como en el agotamiento del modelo de organización decimonónico todavía vigente. A ello se añaden la falta de atención real y decidida de los sucesivos legislativos y ejecutivos por la modernización del sistema judicial, el carácter errático de las políticas públicas en materia de Justicia y los frecuentes intentos de utilización partidista de la Administración de Justicia.

Una justicia ágil permite favorecer la seguridad jurídica y, por tanto, la reactivación económica y la inversión. Hay miles de millones de euros inmovilizados en los órganos judiciales, fuera del circuito económico. Los pleitos no se resuelven con eficacia en un tiempo razonable, lo que suscita inseguridad y desconfianza. La Justicia podría tener un papel fundamental para dinamizar la actividad económica y ayudar a salir de la crisis.

La primera prestación social es una justicia eficaz
Además en los órganos judiciales se deciden los conflictos con mayor carga social, a veces en situaciones realmente trágicas. Sin embargo jamás se menciona a los juzgados y tribunales cuando en el debate político se alude día tras día a la necesidad de garantizar las prestaciones sociales. La primera prestación social, la más esencial, es precisamente una justicia eficaz. Hacer justicia significa fortalecer la convivencia y la democracia y dar satisfacción a los ciudadanos en sus pretensiones más básicas, más acuciantes, en situaciones límite.

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