jueves, 23 de noviembre de 2017
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Redacción

 Ofensiva contra la justicia en Europa

EUROPA JUSTICIA

Gotzone Totorica
 
Básicamente, existen dos sistemas de organización de la justicia penal, el continental -denominado  "civil law" o "inquisitorial"- en el que es un juez quien instruye el procedimiento que servirá de base para que un tribunal, en ocasiones con la participación de un jurado, decida el caso y el modelo anglosajón, donde no existe la figura del juez instructor. La acusación y la defensa presentan su versión de los hechos y sus argumentos ante un juez, con una presencia más frecuente del jurado que en el modelo continental. Este sistema se denomina en inglés "adversarial", porque pretende situar a las dos partes en igualdad de condiciones en la defensa de su posición.
 

En cualquier caso, el sistema de instrucción en manos del Fiscal también se aplica en Alemania, Rusia, Austria y otros países y, en tal sentido, se interpreta que la verdadera línea divisoria en la justicia se sitúa entre el derecho latino y el resto. Francia, Italia y España han hecho uso del sistema del juez instructor desde antiguo porque era el paralelo civil a la Inquisición y en los países en que ésta fue más débil no se siguió.

En algunos casos, como ocurre en el derecho inglés, no existe siquiera la figura del Ministerio Fiscal en sentido estricto, y la Corona contrata los servicios de abogados para que actúen en su nombre. Las ventajas e inconvenientes de uno u otro sistema han sido ampliamente debatidas, tanto en lo que concierne a la neutralidad del instructor como a la mayor facilidad para alcanzar acuerdos entre las partes que existe en el common law, en comparación con el derecho continental.
Apelando a la Francia profunda
En Francia, el ex-Presidente Sarkozy promovió una reforma de la administración de justicia, según el referente anglosajón, al parecer con la velada intención de recortar en la medida de lo posible el poder de los jueces, que tantos quebraderos de cabeza estaba dando, por ejemplo, a su homólogo Berlusconi y, sobre todo, de instituir jurados populares más represivos contra los jóvenes delincuentes, "utilizando a esos Jaint-Just o Rosbespierre de la Francia profunda para dictar sentencias y aumentar significativamente las penas de cárcel, sin pruebas o presunciones más o menos aleatorias", según el semanario L'Express. A ella se opusieron numerosos estamentos, argumentando que el proyecto suponía un atentado contra la imparcialidad de la Justicia ya que eliminaba una figura independiente al traspasar parte de sus funciones al Ministerio Fiscal, controlado en mayor grado por el Gobierno.
Para algunos, el hecho de substituir el juez de instrucción -una figura bastante dependiente del Gobierno -Ministerio Fiscal - por otra que designa y es subsidiaria del Ejecutivo- solo era más de lo mismo; es decir, mayor control judicial por parte del Ejecutivo y, en consecuencia, más continental y menos anglosajón. Finalmente, ante las elecciones legislativas de 2012, el ex-Presidente francés renunció a su eslogan de "Hacer lo que haga falta para castigar más duramente a los criminales" y, en consecuencia, abandonó la reforma.

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